Un exfuncionario de Scioli duplicó sus contratos con el Gobierno
Se trata de Luis Alberto “Chiche” Peluso, quien había sido el titular de Loterías y Casinos bonaerenses durante la gobernación sciolista, cargo que dejó luego de una denuncia de supuesta corrupción que prescribió
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
La historia de los Peluso incluye negocios con el Estado a través de sus empresas de limpieza, investigaciones judiciales por presunta corrupción y un paso por la función pública manchado por las sospechas. Norberto es presidente de Limpiolux. La firma conoce los juzgados de Comodoro Py. Su expresidenta, Cecilia Peluso, espera la realización de un juicio oral por supuesto sobreprecio en un contrato celebrado con la AFIP en tiempos de Ricardo Echegaray. Luis Alberto, apodado “Chiche”, fue el titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, y desarrolla su actividad comercial con otra compañía de higiene, Linser Sacis. Esta última duplicó las adjudicaciones a su favor en 2024, entre ellas las de la dependencia del exgobernador bonaerense, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
El 6 de febrero pasado fue un día de triunfos para Luis Alberto Peluso. Esa misma jornada, Anses le otorgó cinco contratos cuyos montos ascienden a $17.827 millones por la limpieza de sus sedes regionales en la Ciudad de Buenos Aires, las bonaerenses I a VII, conurbano II a IV, sur I y II y las del litoral. De este modo, comenzó 2025 con la misma tendencia que arrastró durante el año pasado.
Después de la debacle del proyecto presidencial sciolista, la empresa de uno de sus exfuncionarios volvió a ganar terreno. En 2024 Linser se quedó con 20 licitaciones. La cifra supera a las 10 que obtuvo en 2023 o a las siete de 2022, según surge del sitio de compras oficial del Gobierno. Tres de los contratos vigentes fueron celebrados con dependencias que responden a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, comandada por Scioli. El exgobernador fue el jefe de “Chiche” cuando ejerció el rol de interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, cargo que dejó antes de tiempo, en 2009, luego de recibir denuncias judiciales que señalaban la presunta omisión de una casa en Miami en su declaración de impuestos y le achacaban la supuesta operación de una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que esa causa prescribió en 2017.
De acuerdo con los datos del sitio Comprar, Linser ganó tres licitaciones lanzadas por la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Turismo en 2024. En dos de ellas, la empresa de Peluso no presentó la oferta más baja pero aún así se quedó con los contratos. Los dictámenes de evaluación determinaron que sus competidoras con precios más competitivos debían ser desestimadas por no cumplir las características técnicas planteadas en el pliego. Esa misma situación se repitió en otros ocho procesos abiertos con otras dependencias del Estado.
Fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes dijeron a LA NACION que se adjudicó las licitaciones a Linser porque la Comisión Evaluadora Permanente consideró que había presentado las mejores ofertas, en conformidad con los requisitos técnicos estipulados en el pliego.
LA NACION también contactó a la empresa de Peluso, Linser, pero al momento de publicación de este artículo no respondieron.
Otra denuncia, formulada en 2016 por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra Scioli, pidió que se investiguen distintas operatorias a través de agencias y bingos y el posible desvío de fondos “para financiar campañas políticas y acrecentar el patrimonio de funcionarios”. En aquel documento, caracterizó a Peluso como “hombre de confianza de Scioli, señalado como recaudador de la campaña electoral 2015″. Además, dicho escrito indicó que Linser “era la (empresa) que prestaba servicios de limpieza a la gobernación de la provincia”.
Las fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes negaron la existencia de vínculo alguno entre Scioli y Peluso. Adelantaron que los contratos con la empresa de limpieza pueden ser modificados, como consecuencia de la motosierra en las oficinas del área que dirige el exgobernador bonaerense.
Tres exfuncionarios de la entonces gestión bonaerense comandada por Scioli, y que trabajaron en distintas áreas, recordaban a Peluso. Uno de ellos dijo que “terminó desembocando en Lotería porque era muy cercano” al exgobernador. Otro lo reconoció como “muy amigo” y el tercero lo describió como un “empresario del rubro limpieza”. Ninguno habló de “Chiche” como un supuesto recaudador.
Otra empresa, ajena al mundo de la limpieza, acerca a los universos de Scioli y Peluso. El padre de la nieta del exgobernador es Eladio González Rodríguez, quien se desempeñó como presidente de Emprendimientos de Luján SA. Esta sociedad se disolvió pero hasta su extinción compartió domicilio con otra de las firmas de “Chiche”, la inmobiliaria Samarcom, en Libertador 222 piso 4 departamento B, según registros del Boletín Oficial.
El otro Peluso, Norberto, también se dedica al rubro de la limpieza. Y hasta incluso le tocó competir en licitaciones contra la firma de Luis Alberto. Su empresa, Limpiolux, no registró un 2024 tan exitoso como Linser en las compulsas convocadas por la administración pública nacional. Solo ganó una licitación y en 2025 aspira quedarse con el servicio de aseo en el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
Limpiolux, la empresa de Norberto, supo prestar servicios muy cerca del Palacio de Hacienda. Estuvo a cargo de la limpieza de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012, tiempos en los que el jefe del fisco era Ricardo Echegaray. Ese vínculo llegó a la Justicia. El 13 de noviembre de 2017 el exjuez federal Sergio Torres lo procesó junto con Cecilia Peluso, quien era la presidenta de la compañía. Los delitos imputados eran negociaciones incompatibles y defraudación. En otras palabras, se investigaba si hubo sobreprecios.
LA NACION contactó a Echegaray, quien declinó realizar declaraciones al respecto. Asimismo, pese a las llamadas y correos dirigidos a Limpiolux, Norberto y Cecilia Peluso no han contestado las consultas de este medio.
En la licitación que dio origen a la investigación judicial se habían presentado dos ofertas. Una fue la de Limpiolux, cuyo monto ascendía a $15.196.000, según los registros judiciales. Y la otra fue la de la firma Ricardo Balboa, cuya propuesta era de la mitad de la anterior ($7.456.242). Esta última fue declarada “no elegible” y, en consecuencia, se declaró ganadora a la firma de Peluso.
El expediente cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que analizó que, previo a la licitación que dio lugar al contrato entre Limpiolux y AFIP en 2011, el servicio era brindado por 177 operarios con 920 horas hombre/día por un importe total que anualizado ascendía a $8.513.496. Pese a eso, el organismo de control detectó que en la compulsa se requirieron 150 operarios (27 menos) y 740 horas hombre/día (menor carga horaria) pero con un presupuesto oficial 73% mayor al anterior: $14.800.000. En base a esto, el juez consideró que “no se visualizaron parámetros que permitan identificar las razones” para la determinación del valor de la licitación.
“A raíz del claro direccionamiento ocurrido en la licitación pública n° 99/10 en beneficio de “Limpiolux S.A.” –que encuadra en el delito de negociaciones incompatibles, se produjo un perjuicio económico para las arcas de la Administración Pública –configurándose allí la administración fraudulenta en perjuicio del Estado-”, firmó Torres, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Echegaray y Cecilia Peluso se presentaron ante la Justicia por este expediente. Ambos negaron que haya existido un sobreprecio u otro tipo de maniobra de defraudación al Estado. La causa fue elevada a juicio oral en abril de 2019. Seis años después, todavía no comenzó.
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