El Gobierno propone achicar el Estado para poder hacer mejores políticas sociales

Para José Luis Machinea y su equipo, los festejos por la victoria electoral de la Alianza en la Capital Federal duraron lo que un suspiro. El viernes, el titular del Palacio de Hacienda decidió terminar de un solo golpe con las presiones que estaba recibiendo desde el sector financiero y de lo que durante la gestión menemista habría sido llamado "el ala política".

Por un lado, clausuró -o intentó hacerlo- la discusión sobre el retorno del impuesto a las ganancias sobre los plazos fijos de las empresas. Por otro, anticipó el anuncio de una nueva reasignación presupuestaria que en el Gobierno aseguran que estaba prevista para dentro de 30 días.

No quedó duda alguna de que en la semana en que hubo desbordes sociales focalizados, pero graves en el caso de Salta, la pulseada sobre el diseño de las soluciones la ganaron en la interna del Gobierno quienes privilegian sobre cualquier otro objetivo el cumplimiento de las metas fiscales del acuerdo con el FMI.

Pese al mal humor que detectan las encuestas, la reducción del consumo en el sector medio de la población a raíz del aumento de impuestos y la lentitud -mayor a la esperada- de la recuperación de la actividad, el Gobierno volvió a respaldar la solución del ajuste fiscal ortodoxo.

Funcionarios que asistieron a la reunión de gabinete del viernes dijeron que allí no se decidió el ajuste, sino que Machinea se convenció de que si no lo anunciaba, debería enfrentar una presión insoportable por un aumento del gasto.

Presión interna

El equipo del Palacio de Hacienda temía tener que enfrentar a quienes dentro del Gobierno creen que hay sectores que ya no pueden esperar a que el nivel de actividad repunte y los saque, por ejemplo, del desempleo.

Son quienes creen que los incidentes de Salta y Neuquén no habrían comenzado si hubieran sido más laxas las medidas para controlar la situación fiscal.

A ellos, Machinea les expuso que el único modo de hacer asistencia social que impida que surjan nuevos focos de violencia es hacer, precisamente, el ajuste.

En algunos despachos apareció un informe que todavía sufrirá algunas correcciones menores, al que La Nación accedió y que muestra que si no se consideran los pagos de jubilaciones y pensiones, hay en gasto social poco más de $ 8269 millones. Que están distribuidos nada menos que en 124 programas.

"Es demasiado, la dispersión es feroz. Para colmo, allí ya se hicieron recortes y en algunos casos apenas se usan las partidas para pagar salarios, y encima muchas veces son salarios de verdaderos burócratas, como asesores", reconocen. Y agregan: "Es desastroso que se le pague a un asesor para que supuestamente aconseje lo que hay que hacer, cuando no alcanza la plata más que para pagar salarios".

El caso es que el recorte en marcha puede calar hondo y herir más de cuatro sensibilidades de la coalición gubernamental.

En el Gobierno descuentan que no se podrá hacer la reasignación que anunció Machinea sin tocar partidas para las universidades, en una poda similar a la que el año último le generó un importante dolor de cabeza a la administración de Carlos Menem. Las protestas lo obligaron a dar marcha atrás. La incógnita es si a poco del triunfo de la fórmula Ibarra-Felgueras, la Alianza se mostrará dispuesta a tomar una medida que será indigerible para una parte considerable de sus votantes.

Organismos innecesarios

Probablemente deberán recurrir -si se hace ese ajuste- a toda la "capacidad de comunicación" para hacer ver que el dinero que no irá a las universidades se utilizará en paliar situaciones de emergencia como las de Salta o Neuquén.

También sostienen que a la reducción salarial, disponibilidades y jubilaciones anticipadas entre los empleados públicos habría que sumar cierres de organismos descentralizados y hasta algún ajuste de grandes proporciones en la agencia oficial de noticias, Télam.

También sufrirían el cierre o desaparición, según piensan en Hacienda, varios organismos descentralizados que no cuentan con recursos propios de significación y casi dependen por completo del Tesoro para poder funcionar.

Uno de los blancos favoritos de este tipo de planes suele ser el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Pero en el Gobierno reconocen: "Fue Bauzá el que no permitió que ni Cavallo ni Roque cerraran el INV, ahora a Machinea le van a hacer frente Genoud y Baglini".

En Hacienda dicen que si no se hace todo esto, el ajuste no alcanzará para sumar los $ 600 millones que Machinea necesita reasignar.

En el Gobierno es un secreto a voces que las previsiones hechas por el equipo económico para los seis primeros meses -los más duros- fallaron por mucho. La recaudación no se recuperó, la economía no reaccionó y los gastos superaron los pautados.

"A (el secretario de Hacienda, Mario) Vicens le faltan $ 200 millones de pesos para poder pagar los salarios, porque de la época de Menem venían bicicleteándolos de un año para otro", repiten. "Nos dejaron en los cajones $ 350 millones de gastos de Vialidad Nacional sin pagar, órdenes de pago cajoneadas por la mitad del presupuesto del organismo", se quejó un secretario de Estado.

Las directivas de De la Rúa para salir del paso, hacer el ajuste y atender las necesidades sociales parecen resultados del informe sobre el gasto.

Allí se ve que los $ 8269 millones representan el 17% de las erogaciones previstas para el año. En educación se va más del 40% de esa cifra.

En la ejecución no sólo hay 122 programas. Intervienen nada menos que 15 jurisdicciones.

Las características son las siguientes:

• Más del 90% de las erogaciones se concentra en seis jurisdicciones.
• Hay evidencias de duplicación de funciones y estructuras para alcanzar los mismos objetivos. Por ejemplo, el gasto en salud se ejecuta en cinco jurisdicciones diferentes.
• Del gasto en asistencia social se ocupan seis jurisdicciones, pero más del 80% se concentra en una sola.
• En el gasto en educación intervienen nueve; en ciencia y tecnología, siete; en vivienda, dos, y en agua y alcantarillado, dos.
• "Podemos observar que existe una importante atomización del gasto... sólo en las funciones de trabajo y seguridad social interviene una sola área de gobierno", destaca el estudio.
• Alrededor del 15% de las sumas totales corresponde a gasto en personal, y de ellos, el 90% está destinado a planta permanente.
• El 42% ($ 3510 millones) del gasto bajo análisis corresponde a transferencias a provincias y municipios. Apenas 11 millones corresponden a transferencias automáticas, mientras que los casi $ 3500 millones restantes se reparten de manera discrecional.

Este punto precisamente es el que tiene una gran significación política para el Gobierno, que quiere demostrar dentro y fuera que no está bajo su control mucho del dinero que envía al interior para asistir necesidades impostergables de la población.

El camino trazado por De la Rúa y Machinea y que cuenta con el aval de los restantes economistas del gabinete (Santibañes, Llach, López Murphy y Rodríguez Giavarini) incluye la reasignación de partidas, y probablemente la adopción de una administración centralizada de muchos planes hoy dispersos.

Gasto improductivo

De este modo, deberían reducirse gastos administrativos y pagos en personal que permitirían arrimar más recursos o por lo menos mantener los actualmente dispuestos para hacer acción social concreta.

El Gobierno deberá hacer también un esfuerzo muy importante para contener a los legisladores.

El Senado ya dio media sanción en marzo a un proyecto que busca llevar alivio a las complicadas Formosa y Chaco, excluyéndolas prácticamente del pago de todos los tributos.

Seguramente, De la Rúa, Machinea y Silvani no quieren ver caminar más lejos esa iniciativa.

Otra a la que temen es a la que apoyada en los votos del PJ en la Cámara baja intenta recomponer por ley el monto de los planes Trabajar.

"Más que el desempleo deberíamos ponernos a subsidiar el empleo", dicen en Economía, pero casi de inmediato admiten con pesar que no tienen dinero suficiente para ninguna de las dos cosas.

Medidas en marcha

Eficiencia
Buscarán centralizar la ejecución de los planes sociales, donde para gastar $ 8269 millones se diseñaron 122 programas. Son una rareza los casos en que para que se cumpla con una misma misión trabaja sólo una jurisdicción. En algunos casos, son hasta cinco las dependencias que intervienen para una sola finalidad.

Superposición
Un estudio en manos de los funcionarios señala que hay demasiada proporción de costo administrativo, en particular salarial, en la ejecución de los planes asistenciales.

Poda Los organismos descentralizados serían uno de los principales objetivos del ajuste, que incluiría a la agencia oficial de noticias Télam.

Por Jorge Oviedo

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