El Gobierno suma trabas y cierra más el acceso que tienen las empresas a los dólares

El hito fue “el apagón” del 26 de enero. No fue un corte veraniego de luz, sino la imposibilidad que hallaron muchas empresas durante ese día de utilizar los sistemas de la AFIP para, por ejemplo, cualquier operación de comercio exterior. Parecía, explicaron algunos contribuyentes, como si el sistema estuviera siendo actualizado; o quizás, intervenido.

Desde entonces, muchos importadores comenzaron a notar que su Capacidad Económica Financiera (CEF) –una especie de perfil individual de gestión de riesgo que se actualiza mensualmente con un cupo (un importe determinado) en base a una oscura fórmula de la AFIP– acotaba considerablemente el margen de acción para operaciones económicos. Esa vara –determinante para poder acceder a una SIMI (un permiso de importación)– se convertía en un nuevo obstáculo para conseguir dólares a la cotización oficial.

La historia tiene una precuela. El Gobierno admitió a LA NACION que, observando la escasez de reservas, el Banco Central (BCRA), la AFIP y el ministerio de Desarrollo Productivo comenzaron un trabajo en conjunto en diciembre pasado. Con un fin de año de alto volumen de compras al exterior, peinaron a los importadores considerados “dudosos”. Se hizo una lista en la entidad monetaria, que pasó por Desarrollo Productivo. La cartera que dirige Matías Kulfas debía velar por que no hubiera un impacto en el sector productivo. Luego llegó a la AFIP. El sistema fue modificado. El CEF pasó entonces a reflejar la solvencia y liquidez de las empresas cada 30 días a mostrar su “consistencia en el tiempo”. La fórmula usada por la entidad sigue siendo un secreto.

“Para crecer al 4% lo fiscal no es lo condicionante; lo condicionante son los dólares”, dijo una fuente oficial, que aseguró que con este cambio se buscó excluir a los especuladores que aprovechan la brecha para importar y cuidar así el tejido productivo. Sin embargo, la AFIP tenía programada mañana una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la entidad decían hoy que el encuentro buscaría soluciones para “evitar situaciones críticas en la industria”. Algunas empresas importantes del sector, que no tenían un CEF “ilimitado” ahora tienen un valor, contó a este medio un industrial. “El BCRA está rascando el fondo de la olla”, retrató otro hombre del sector.

“Hay enormes problemas. Es la mayor medida parancelaria que ha tomado el Gobierno”, afirmaron a LA NACION en una importante cámara empresaria que pidió anonimato.

“Este año no se va a trabar al comercio desde una LNA [licencia no automática] o una SIMI. Se dio este primer paso para que se obstaculice a través del CEF. Va a haber una ola de cautelares por este tema”, afirmó una fuente vinculada al comercio exterior, que denunció “instrucciones políticas” que derivaron en el envío de un listado a la AFIP.

“A los CUIT de la lista se les puso un CEF a dedo y no lo que arrojaba el sistema”, cuestionó y agregó: “El CEF es un secreto de Estado. Ningún empresario sabe de qué está compuesto. Hay que andar adivinando qué requisito le puede estar faltando a uno para estar al día. Empezaron con CUIT de firmas pequeñas y apócrifas, y fueron ampliando cada vez más el embudo”, indicaron.

De hecho sectores que antes nunca habían tenido inconvenientes encontraron en el CEF un obstáculo para importar este verano. En una importante empresa contaron que esta “barrera paraarancelaria” comenzó a bloquearlos en las últimas semanas. El CEF pudo ampliarse, contaron, luego de tratativas con las autoridades del Gobierno.

“Hasta hace poco el CEF funcionaba de manera automatizada y si había un problema procesabas la disconformidad. En los últimos tiempos te atrasaban esos procesos cada vez más”, contó un hombre del comercio exterior. Según denunció, ahora el Gobierno incluyó la discrecionalidad a la fórmula secreta del CEF.

Ante un CEF rechazado, la posibilidad era pedir un “reproceso”, un pedido que puede hacerse una vez por mes. Esa instancia generalmente termina en rechazo. Luego puede hacerse un pedido de disconformidad. En ese caso, la AFIP reclama informes profesionales, extractos bancarios, comprobantes AFIP, de otros organismos, constancias y certificaciones de sociedades, asociaciones y entidades análogas emitidas por IGJ, RPC, Inaes y otros organismos, estatutos o contratos sociales, actas, certificaciones de servicios, libros contables, entre otros papeles.

Un importante empresario cuya firma fue limitada contó que la situación es tensa. “Somos parte de la solución. Exportamos más de lo que importamos; pero, por ahora, también somos parte del problema”, lamentó.

Por Francisco Jueguen

• Comunidad de Negocios

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