El plan A de los europeos

FRÁNCFORT.– Los políticos europeos están buscando desesperadamente a quien culpar por la crisis del euro. Alemania culpa a Francia, y viceversa. Incluso se están metiendo los abogados en la refriega, tratando de identificar la responsabilidad legal por las fallas en el diseño de la unión monetaria. Mientras se profundiza la crisis, ha surgido un nuevo consenso respecto de la unión monetaria europea. El euro, según este punto de vista, fue creado en un ataque de optimismo confuso e irresponsable tras la caída del Muro de Berlín.

Nada podría estar más lejos de la verdad. El informe sobre la unión económica y monetaria en la Comunidad Europea, que estableció las bases para el euro, fue presentado en abril de 1989, en un momento en que nadie (con la posible excepción de algunos estrategos del Kremlin) estaba pensando en la reunificación alemana. Lo que es más, los asuntos salientes concernientes a las uniones monetarias se entendían bien y los remedios para los obstáculos más significativos se propusieron desde el comienzo.

El comité que redactó el informe –ahora conocido como el Informe Delors, por su presidente, Jacques Delors– fue un grupo de banqueros centrales más bien conservadores.

Primero, el comité debatió explícitamente si el mercado de capitales bastaría para imponer disciplina fiscal a los miembros de la unión monetaria y acordó que se necesitaba un sistema de reglas. Pero esas reglas se vieron sistemáticamente debilitadas, y para comienzos de la década de 2000 fueron rechazadas (incluso por Romano Prodi, el sucesor de Delors como presidente de la Comisión Europea), al advertir los gobiernos que podían tener grandes déficits sin pagar tasas de interés más altas.

El segundo problema era más serio. En el plan original para el Banco Central Europeo, la institución propuesta tendría poderes de supervisión y regulatorios generales. Los redactores del estatuto del BCE produjeron un enfoque asombrosamente visionario de la supervisión bancaria. Su versión de 1990 del artículo 25 del Tratado de Maastricht sobre Supervisión Prudencial incluía las siguientes cláusulas (colocadas entre corchetes para mostrar que no eran de consenso general): "El BCE puede formular, interpretar e implementar políticas relacionadas con la supervisión prudente de crédito y otras instituciones financieras para lo que se lo designa autoridad supervisora competente".

La demanda de que el BCE debía ser la autoridad de supervisión central en un mercado de capitales integrado enfrentó fuerte resistencia, especialmente del Bundesbank alemán, al que le preocupaba que el rol de mantener la estabilidad financiera podría limitar la capacidad del banco de concentrarse en la estabilidad de precios, como el objetivo primordial de la política monetaria. También hubo resistencia burocrática de entes reguladores existentes. Lo más importante, la supervisión sugería una responsabilidad potencial para recapitalizar bancos, lo que involucraba un costo fiscal.

El actor más enérgico detrás de las primeras ideas respecto de la supervisión financiera era un funcionario del Banco de Inglaterra, Brian Quinn. Pero su credibilidad se vio debilitada luego de las críticas por el manejo del colapso en 1991 del Bank of Credit Commerce International, episodio que anticipó cuestiones posteriores sobre el manejo de quiebras de instituciones grandes internacionales.

Un vestigio legal del plan original puede ofrecer un camino fácil hacia un mayor rol supervisor del BCE. Según el artículo 25 del Tratado de Maastricht, el BCE puede "ofrecer asesoramiento y ser consultado por" la Comisión del Consejo sobre los alcances y la implementación de legislación relacionada con la supervisión prudencial.

Cuando esa frase fue insertada parecía que no podrían colocarse vallas mayores a la supervisión bancaria europea efectiva. No se dio al BCE poderes de supervisión y regulatorios generales. Y hasta que el inicio de la crisis financiera de 2007-2008 destacó las relaciones entre la salud financiera y la fiscal, nadie consideró ese problema.

Aun así, las normas fiscales y la supervisión bancaria común se siguen viendo en muchos sectores como una invasión ilegítima de la soberanía de los Estados miembros. Al fin de cuentas, la Unión Europea ha evitado convertirse en el centro de debates acalorados porque nunca recibió una porción demasiado grande de lo que producen los europeos (su presupuesto, de poco más del 1% del PBI de la UE, apenas si ha cambiado en términos relativos en 40 años). Los Estados miembros son los que manejan la política y los presupuestos.