Cada vez mas firme, América Latina repiensa sus estrategias de compliance

Con un sector privado dividido entre conglomerados familiares diversificados, empresas de propiedad estatal, subsidiarias de multinacionales y pymes, ¿cuáles son los desafíos de gobierno corporativo y compliance en América latina? ¿Qué estrategias preventivas agregan valor a cada tipo de empresa y, al mismo tiempo, incrementan la confianza en los mercados? ¿Qué cabe esperar de las autoridades que aplican las leyes de responsabilidad de las empresas cuando evalúen los programas de compliance y negocien acuerdos de cooperación con las empresas?

Estas son algunas de las preguntas que se escucharon en el World Economic Forum on Latin America 2018 el pasado 15 de marzo en San Pablo, Brasil.

Con la corrupción en el centro de la agenda regional y en el marco de la presidencia argentina del G20, las políticas de integridad fueron transversales a los debates sobre el futuro de los modelos económicos de los países latinoamericanos, la facilitación del comercio y la política e institucionalidad democrática.

Junto al reclamo por la simplificación y desburocratización de los trámites, las inspecciones, habilitaciones e intercambios con el Estado en general, donde la agenda anticorrupción converge con la de la facilitación del comercio, uno de los mayores focos de interés de dueños y CEO lo ocupó la potencialidad de las estrategias de acción colectiva.

Los programas de integridad no resuelven situaciones de corrupción estructural, muy presentes en muchos sectores de la economía latinoamericana, y especialmente en la llamada "corrupción administrativa", que muchas veces es capturada por redes de corrupción de rangos intermedios, tanto públicas como privadas.

La iniciativa de la Red Marítima Anticorrupción en Argentina, que ha permitido modificar un complicado equilibrio en la cadena de exportación de granos, sirvió como modelo y fuente de motivación y proveyó lecciones para el aprendizaje en otros sectores y países de la región.

Con nuevas leyes que responsabilizan a las empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el desarrollo de programas de compliance que sean sensibles a los contextos locales fue otro centro de atención. ¿Cómo interactuar con cadenas de valor altamente informales? ¿Cómo modificar las estructuras de incentivos que gobiernan formas de relación público-privadas consolidadas hace décadas? ¿Cómo dotar de certidumbre la relación con autoridades estatales escasamente familiarizadas con el gobierno corporativo y los modelos organizacionales preventivos? ¿Cuál es el rol de las empresas de propiedad estatal, que podrían liderar el cambio en muchos sectores de la economía latinoamericana? ¿Qué criterios deberían guiar la aplicación de sanciones, tanto al interior de las compañías como sobre ellas, ante una eventual determinación de responsabilidad? ¿Cómo evitar que dichas sanciones afecten personas inocentes, como empleados, inversores, o terceros afectados indirectamente por las sanciones?

Durante todas las reuniones fue evidente que los desafíos regionales requieren el desarrollo de soluciones locales. Para ello, es oportuno repensar algunas de las concepciones y prácticas que, de la mano de los sistemas de responsabilidad de personas jurídicas, hemos replicado de los países de la OCDE y de las compañías que allí tienen su casa matriz.

Los debates en el World Economic Forum on Latin America reflejan un creciente interés y compromiso por parte de CEOs y dueños de las principales empresas de la región para revisitar estas ideas a la luz del capitalismo regional, mayormente formado por grupos familiares diversificados de propiedad concentrada, extensísimas cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas con altos grados de informalidad y un importante peso específico de empresas de propiedad estatal en sectores estratégicos de la economía.

La próxima cita será el 24 de abril en la reunión de alto nivel del World Economic Forum en la Cancillería argentina.

Socio de Governance Latam

Fernando Basch