Por primera vez, en 2018 bajaron los juicios y los accidentes laborales

Es un fenómeno novedoso para quienes conocen el sistema de riesgos del trabajo y un dato clave para los empresarios privados, siempre atentos al elevado costo laboral no salarial que enfrentan sus compañías por lo que llaman "la industria del juicio". En 2018, por primera vez desde hace por lo menos dos años -antes de que se aprobara la nueva ley que regula el mercado y se adhirieran varias provincias del país-, cayeron los accidentes y los juicios laborales simultáneamente.

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) informó que los accidentes laborales cayeron en 2018 un 6%. Mientras que en 2017 se notificaron 580.109 casos, un año después la cifra fue de 545.907, según el Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral. Semanas atrás, la SRT había difundido que la litigiosidad había registrado una caída interanual del 39,6% el año pasado.

Los cálculos de la SRT estiman que desde 2016 -antes de que se impulsara, en febrero de 2017, la nueva ley de riesgos de trabajo- la caída del valor de las alícuotas de las aseguradoras por la baja del stock de juicios en el sistema redundó en un ahorro para las empresas de alrededor de $25.000 millones.

Según el ente oficial, los accidentes de empleados in itinere (hacia o desde el lugar del trabajo), además, se redujeron casi 10% en 2018 (de 139.470 casos notificados en 2017 a 126.191 un año después) y los casos notificados por accidentes mortales experimentaron una retracción del 9,6% (de 740 a 669). Al medir la accidentabilidad por sector, el informe registra sus principales caídas en Comercio (-7,9%), Manufactura (-7,6%) y Servicios Sociales (-6,5%). Según la SRT, les siguen Servicios Financieros (-5,9%), Transporte (-5,2%), Electricidad (-4,2%), Agricultura (-2,4%) y Construcción (-1,0%).

La actividad de Minería mostró una variación positiva de 7,3% en el último período. "Este dato demuestra que aún sigue siendo una de las actividades más riesgosas, según se desprende del informe", se estimó. Además, se registró un descenso del 6,2% en el sector de los trabajadores de unidades productivas y del 4,6% entre los trabajadores de casas particulares, según la información de la SRT.

En cuanto al sexo de los accidentados se verificó que la siniestralidad disminuyó un 6,9% en las mujeres y un 5,5% en los varones, respectivamente. Con relación a la edad, se mantuvo en 1,4% en jóvenes de 16 a 19 y se registró una baja interanual del 28,4% al 28% en la franja etaria que va de 20 a 29 años. El estudio de la SRT mostró que, al analizar las cinco provincias con mayor cantidad de casos notificados, todas reflejaron una significativa reducción en los accidentes registrados. Así ocurrió en la provincia de Buenos Aires (-9,2%), en la ciudad de Buenos Aires (-7,5%), en Mendoza (-5,1%), en Córdoba (-1,4%) y en Santa Fe (-2,1%).

La baja "se logró por acuerdos y convenios con los 24 gobiernos provinciales para poner en práctica programas de prevención y de seguridad en los ambientes de trabajo", dijeron fuentes de la SRT a LA NACION. "El 80% de las empresas con elevada siniestralidad redujo la accidentabilidad en sus ambientes de trabajo gracias a programas y acciones de prevención elaboradas por el organismo en unas 1361 firmas", agregaron en la dependencia oficial.

En cuanto a la litigiosidad, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Mendoza fueron los distritos que consiguieron los índices más destacados. En territorio porteño, los juicios se desplomaron un 63,2% solo entre 2017 y 2018. En Buenos Aires, un 60,9%; en Mendoza, un 59,3%, y en Córdoba, un 33,5%. En la provincia de Santa Fe, que aún no adhirió a la ley nacional, los litigios subieron un 19,4%. "Santa Fe mantiene una de las alícuotas más altas del país, del orden del 4,06%. En enero de este año el valor promedio a nivel nacional fue de 2,78%", informaron fuentes oficiales. En la ciudad es de 2,16%.

"A nivel país, el valor de las alícuotas promedio descendió hasta el 2,78%. Esto significa una caída del 21% desde enero de 2016, cuando el valor era de 3,52%. Esta variación tuvo impacto favorable para las empresas, ya que significó un ahorro de 25.000 millones de pesos", señalaron.

"Hay una tendencia de largo plazo a la baja en la siniestralidad. Pero uno de los problemas que tenía el sistema era que, en paralelo, bajaba el número de siniestros, pero subía la cantidad de juicios", señaló Gabriel Vienni, director de Departamentos Técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Esto sucedía porque se desarrollaba con fuerza una industria del juicio. Había mejor cobertura y condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, pero la industria del juicio aumentaba el stock de sentencias e hizo subir el costo del sistema", señaló.

Según la SRT, en 2015 los juicios en stock eran 340.000, con un pasivo de US$4500 millones y una perspectiva de "colapso" en dos años. La judicialidad era el 40% de las alícuotas, ingresaban 120.000 juicios por año y se resolvían 40.000.

"En la etapa previa a la sanción de la nueva ley subió la litigiosidad. Algunos se adelantaron para aprovechar ese bache. Luego hubo adhesiones en algunas provincias y en otras no, por lo que se registraron migraciones de demandas. Cuando las provincias adhirieron y se conformaron las comisiones medidas, esto empezó a redundar en una baja en la cantidad de juicios", concluyó Vienni.

"La baja en la siniestralidad es un dato objetivo que se consolida mes a mes a través del tiempo, mostrando la eficacia del sistema y del trabajo coordinado entre empresas, trabajadores, Gobierno y aseguradoras de riesgos del trabajo, cada cual en su rol. Y ahora sumamos la noticia de la baja en la litigiosidad", afirmó a LA NACION Mara Bettiol, economista y actual presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

"Para terminar el abordaje de la reforma, es preciso que el Poder Judicial constituya los Cuerpos Médicos Forenses, sin lo cual, todos estos logros siguen estando en riesgo. Esto es lo que no se está implementando y es grave. O se resuelve y se ajusta y se hace lo que se tiene que hacer, o no sé de dónde va a salir el financiamiento para el sistema", concluyó Bettiol.ß