El Gobierno avanza en un nuevo esquema de profesionalización del Estado

Luego de la reforma laboral que busca modernizar el ecosistema del trabajo privado en la Argentina, el Gobierno comenzó a encarar la fase dos para transformar el empleo, pero esta vez, en el Estado. Luego de la motosierra —la fase uno—, llegó la hora para la gestión libertaria de crear una burocracia profesional sin influencia de la política.

El Ministerio de Desregulación que dirige Federico Surzenegger trabaja en un nuevo esquema orientado a profesionalizar el funcionamiento del Estado. El objetivo, adelantaron a LA NACION, es consolidar un plantel de trabajadores estables con reglas laborales claras.

La iniciativa no parte de cero: en la administración pública ya existen antecedentes, como el Servicio Exterior de la Nación, el cuerpo de Administradores Gubernamentales y los economistas de Gobierno. Sin embargo, esas experiencias —contaron a este medio— se concentraron en segmentos especializados, mientras que el plan actual apunta a las 280.120 personas que conforman la dotación total.

La propuesta se inscribe en una agenda más amplia canalizada en el Consejo de Mayo, donde se debaten iniciativas como la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de libertad educativa y acuerdos con las provincias vinculados al desarrollo de los recursos naturales.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó a LA NACION que la etapa actual apunta a consolidar un plantel técnico estable como segundo desafío de la estrategia oficial, tras un primer tramo centrado en la reducción de personal.

“Estamos trabajando en la profesionalización del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), con el objetivo de repensar la planta permanente actual y su carrera administrativa”, contó.

La pregunta, señaló, es “¿cómo logramos dar un Estado que sea profesional y que no dependa de la política?”. Advirtió, además, que se trata de “un proceso largo” que requerirá cambios normativos. “No vamos a impulsar ningún cuerpo nuevo ni un régimen paralelo, sino que vamos a trabajar sobre los recursos existentes”, explicaron.

Desde el ministerio advirtieron que, con el correr de los años, se acumularon modificaciones parciales y disposiciones superpuestas que hoy requieren un reordenamiento integral. Predominó una interpretación que consideran equivocada del principio constitucional de estabilidad en el empleo público, entendido como una imposibilidad casi absoluta de desvincular personal de la planta permanente, salvo ante faltas graves.

Según explicaron, ese criterio desdibujó la exigencia básica de cumplimiento de funciones y de horarios. “La estabilidad no implica ausencia de obligaciones”, resumieron. En esa línea, remarcaron que cuando un agente no desempeña sus tareas o incumple sus responsabilidades, pueden activarse los mecanismos previstos y avanzar en su desvinculación conforme a las reglas vigentes.

Desde la asunción del actual Gobierno se aplicaron herramientas ya contempladas, como el pase a disponibilidad para quienes no tienen funciones asignadas, señalaron en la cartera comandada por Sturzenegger. Bajo ese esquema, el trabajador permanece hasta un año con posibilidad de relocalización; de no concretarse, se procede a la desvinculación.

El funcionario aclaró que fueron más de 1000 los casos alcanzados por esta medida y que, si bien en la Justicia se registraron algunos episodios puntuales en los que el procedimiento no fue convalidado, en la mayoría de las situaciones los fallos resultaron favorables a la posición oficial.

En los gremios estatales, según dijeron a LA NACION, desconfían de los planes del Gobierno, sobre todo luego de la aplicación de la motosierra.

Para comenzar a avanzar la iniciativa, dijeron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por US$230.000, que apunta a respaldar el proceso de modernización del Estado, con eje en la mejora del funcionamiento interno de los organismos públicos. La asistencia se concentrará en revisar estructuras, simplificar circuitos administrativos y optimizar el uso de sistemas de información. También prevé acompañamiento en políticas de gestión de personal, con la meta de fortalecer capacidades y ordenar prácticas que impactan en la calidad de la administración.

Además, según adelantaron, el programa dará soporte a la agenda de transformación estatal y mejora regulatoria. Entre los lineamientos se incluyen la depuración de marcos legales, la reducción de trabas burocráticas y el impulso de esquemas que promuevan mayor competencia. El apoyo técnico también alcanzará al sistema de compras públicas y a iniciativas orientadas a facilitar el comercio exterior.

El proceso de profesionalización del Estado argentino tiene uno de sus antecedentes más consolidados en el Servicio Exterior de la Nación. Desde la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en 1963, el ingreso a la carrera diplomática se realiza mediante concursos públicos y un esquema formal de formación inicial.

Ese diseño se consolidó con la Ley del Servicio Exterior de la Nación, sancionada en 1975 y aún vigente, que asignó al ISEN la selección y capacitación de los funcionarios del servicio exterior. En la actualidad, el ingreso continúa realizándose por concurso y un programa de formación de dos años. Durante 2024 no se realizó convocatoria, mientras que en 2025 el proceso fue reabierto con un cupo de 20 postulantes.

Un antecedente posterior es el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), creado en 1987 con el objetivo de conformar un plantel técnico destinado a tareas de gestión, planificación y conducción de políticas públicas. El régimen prevé un perfil multidisciplinario, movilidad entre distintas áreas del Estado y un compromiso de permanencia, con el propósito de garantizar una visión transversal de la administración pública. En la actualidad, el cuerpo está integrado por 67 administradores y mantiene dependencia jerárquica de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Desde su creación, fue concebido como una estructura técnica permanente, orientada a aportar capacidades estables más allá de los cambios de gobierno.

Otro precedente de profesionalización fue la carrera de economistas de gobierno, creada en 1994 en el ámbito del Ministerio de Economía junto con el Instituto Superior de los Economistas de Gobierno (ISEG). El esquema apuntaba a formar economistas con orientación a la gestión pública, a partir de un sistema de selección, formación de posgrado y compromiso de permanencia en el Estado.

La experiencia, conocida informalmente como la “escuelita de Cavallo”, buscó replicar para el área económica un modelo de selección y formación inspirado en el ISEN. El instituto fue disuelto en 2000, lo que interrumpió el sistema formal de ingreso, aunque algunos economistas capacitados bajo ese régimen continúan en el sector público.

Rodolfo Aguiar, de ATE nacional, cuestionó la política oficial al afirmar que “este Gobierno no puede hablar de profesionalización en la administración pública porque desde que asumió se ha empecinado en destruirla”. Señaló la suspensión del Fopecap y advirtió que se retuvieron más de $11.800 millones destinados a capacitación, además del “desmantelamiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)”. También sostuvo que “si piensan que profesionalizar es modificar el convenio colectivo sin la participación de los sindicatos, no lo van a lograr” y reclamó explicaciones sobre salarios y estabilidad. Ante la consulta de este medio, UPCN, el otro gremio estatal, no opinó.

Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría en Administración Pública (FCE-UBA), sostuvo que “profesionalizar el sector público implica ingreso por concurso, capacitación de excelencia y remuneración acorde”, y advirtió: “No podemos cambiar a toda la alta dirección pública cada cuatro años”.

También señaló que “hay que ordenar las asimetrías que implica tener más de 50 convenios colectivos de trabajo”. Sobre el teletrabajo, sostuvo que dejó “valiosas lecciones”, aunque defendió un esquema mixto. Además, cuestionó los nombramientos por excepción y por 180 días, porque “fragiliza y partidiza el segmento directivo”.

La reforma del sector público en la Argentina, planteó Celina Cantú, directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, debe enmarcarse en “una visión de Estado moderno y eficiente”, donde “la prioridad no sea únicamente la reducción de costos, sino la construcción de capacidades estatales sólidas y sostenibles”. Señaló que los países con mejores resultados comparten “profesionalización de los recursos humanos y estructuras administrativas estables”. Esto exige “definir roles y competencias técnicas y de gestión” y fortalecer “una carrera pública que preserve el conocimiento acumulado y atraiga talento”.

La primera fase del proceso fue la motosierra: Según datos del Indec, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la nómina se redujo en 61.729 puestos, lo que implicó una baja del 7,2% en el último año. La dotación total fue de 280.120 personas en 2025.

Muchas de las reformas que hoy se ponen en marcha fueron diseñadas antes de la actual gestión, en el marco del programa de gobierno de la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich, a partir de un trabajo técnico desarrollado durante al menos dos años por Sturzenegger. Tras el cambio de escenario político, esos lineamientos fueron incorporados como insumo en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei.

Por Maximiliano Marqués

• Comunidad de Negocios

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