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Nueva York. Un grupo de acreedores demanda a una provincia argentina por una deuda de US$500 millones
El pasado 8 de agosto, la provincia de Entre Ríos debía haber pagado US$21,87 millones por un cupón de interés de una deuda de US$500 millones, emitida en 2017, bajo legislación extranjera. El gobierno de Gustavo Bordet no hizo el desembolso e informó que comenzaban las "discusiones sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda de la provincia". Pero el acuerdo no se logró y hoy la provincia recibió una demanda en contra en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo donde se lleva adelante el juicio por la estatización de YPF.
Quien impulsa la demanda es un viejo conocido de la Argentina: Dennis Hranitzky, el abogado que ayudó al fondo NML - Elliott Capital Management en su contienda contra el país e incluso confiscó la Fragata Libertad en Ghana. Ahora, desde el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, representa a un grupo de acreedores que demandó a Entre Ríos.
Hranitzky además fue un actor relevante en la reestructuración que llevó adelante el Ministerio de Economía el año pasado, ya que representó a los tenedores del los bonos de 2005 y 2010, conocidos como el grupo Ad Hoc de titulares de bonos de canje, que tenían en conjunto más de US$4000 millones de capital por reestructurar.
En este caso, según la demanda presentada, la provincia le debe al grupo de acreedores representados por Hranitzky un monto total de casi US$12 millones "más intereses sobre cualquier pago de cupón vencido impago, intereses previos al juicio y todos los demás montos que sean pagaderos bajo los términos del Contrato y las Obligaciones Negociables y todos y cada uno de los importes que vencen entre ahora y el momento en que se dicte sentencia en esta acción".
Según datos de la consultora Aerarium, que siguió de cerca la negociación, el comité de inversores institucionales, cuyos integrantes afirman poseer en conjunto más del 45% de los títulos de Entre Ríos, había informado que "la provincia formuló una propuesta para la reestructuración de los títulos que el comité estimó inadecuada por no reflejar la verdadera capacidad de pago de la provincia, ni contar con un diseño que abordara sus necesidades a corto plazo".
En ese entonces, y ante la falta de una respuesta oficial, el Comité de Acreedores había amenazado con llevar adelante otras medidas para el cobro de la deuda, para lo cual contrató a la firma White & Case LLP para que le brinde asesoría legal, cosa que finalmente ocurrió.
La reestructuración de las deudas subnacionales es una cuenta pendiente para la mayoría de las provincias. Solo Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones) y Neuquén (US$694 millones) pudieron finalizar sus negociaciones y posponer los pagos. Córdoba (US$1685 millones), Salta (US$383 millones) y Tierra del Fuego (US$170 millones) siguen negociando al mismo tiempo que cumplen con los vencimientos, mientras que Buenos Aires (US$7148 millones), Chaco (US$250 millones), La Rioja (US$300 millones) y Río Negro (US$300 millones) están negociando en default, según un relevamiento de la consultora Aerarium.
Córdoba informó hoy que mejoraba su oferta, al habilitar un aumento en la tasa de interés ofrecida, y al proponer un pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.
Las modificaciones incluyen también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CAC) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas, según indicó el gobierno de Juan Schiaretti.
"La provincia de Córdoba anunció su decisión de mejorar los términos y condiciones del canje de deuda, mediante una propuesta que aumenta el pago de intereses a los acreedores y mejora otras condiciones", señaló la provincia en un comunicado enviado a la Bolsa porteña.
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