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Enarsa y Correo Argentino dejan atrás el déficit y la ayuda del Tesoro
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Con la deliberada amnesia política como sello distintivo y el incentivo de la memoria corta de muchos argentinos, ningún dirigente del kirchnerismo pidió disculpas públicas por los estragos provocados durante los 16 años de populismo macroeconómico (2003/2007, 2007/2011, 2012/2015 y 2019/2023), que incluyeron un fenomenal desmanejo de las empresas estatales de servicios públicos.
A medida que se aproxima la campaña electoral de 2027, al universo K le resulta políticamente más redituable instalar la inverosímil imagen de que 2023 fue un año paradisíaco, pese a que la inflación trepó a 211% anual, la pobreza a 42% (pese al desempleo de 5,7% con alta informalidad), el PBI retrocedió casi 2%, la inversión se desplomó 11% y la deuda pública se incrementó en US$160.000 millones.
Nadie admitió públicamente que los fuertes aumentos tarifarios aplicados desde el arranque de 2024 –y que implican ahora un sacrificio de ingresos para gran parte de la población- fueron consecuencia del demagógico congelamiento previo de tarifas para estimular el consumo de bienes acompañado por el “plan platita”.
Tampoco que durante los cuatro períodos de gobierno kirchnerista -salvo muy escasas excepciones- las empresas públicas fueron sinónimo de despilfarro de gastos y desvíos de fondos, tarifas políticas irrisorias subsidiadas indiscriminadamente por el Tesoro nacional, exceso de personal para incorporar militantes, escasez de inversiones y déficits que no sólo catapultaron la deuda pública, sino también el impuesto inflacionario que castiga a los sectores más pobres de la sociedad.
Estas omisiones opositoras no eximen al gobierno de Javier Milei de sus propios errores de comunicación con respecto a la necesidad de ajustar y sobre indexar tarifas o privatizar servicios, sin detallar en cada caso la magnitud de los daños a reparar después de tantos años. Aquí vale aplicar la célebre frase “Gobernar es explicar”, de Fernando Henrique Cardoso, el ministro de Economía de Brasil que en los años ’90 marcó un cambio de época al erradicar la hiperinflación con el exitoso Plan Real y llegar a la presidencia en el período 1995/2003.
Salvando las distancias, hace casi un mes esta columna atribuyó a un cambio de época que desde fines de 2025 dos emblemáticas empresas estatales como Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) –que recientemente privatizó el 90% de su capital accionario- dejaran de tener descomunales déficits (operativos y financieros) y de recibir la asistencia del Tesoro nacional que pagan todos los argentinos con sus impuestos, directos e indirectos.
Ahora otras dos relevantes empresas recorrieron el mismo camino: Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Correo Argentino.
El caso Enarsa
La información suministrada por la empresa –una de las que la Ley Bases declaró sujetas a privatización- revela que en el período 2024/2026 registró una mejora significativa, reflejada en la reducción de su déficit económico y financiero tras la progresiva implementación de medidas destinadas a mejorar ingresos, niveles de cobrabilidad y optimización de costos asociados al abastecimiento de gas natural y natural licuado (GNL).
Entre ellas destaca la paulatina adecuación de las tarifas de gas natural reguladas por el Estado; subastas de venta a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) a industrias, comercializadores, distribuidoras y generadoras del gas natural licuado (GNL) importado en el invierno y la recuperación de todos los costos operativos por instrucción de la Secretaría de Energía. A esto agregó el fortalecimiento de la gestión de cobranzas, que pasó de niveles de 30% a 90%.
Con estas mejoras, el resultado económico ordinario pasó de un déficit equivalente a US$1927 millones en 2023 a US$768 millones en 2025 y a 393 millones proyectados para 2026. Estas cifras implican que, entre los extremos, su dependencia de las transferencias del Tesoro se redujo de 107,2% a 17,6%.
En 2026 Enarsa recibió además un ingreso adicional por la venta de su participación accionaria en Citelec (la sociedad controlante de Transener, principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión), adjudicada en junio por licitación al consorcio Edison Transmisión-Genneia por US$356,17 millones.
Por otra parte, en marzo concluyó el proceso de regularización del contrato de obra pública por las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, con lo cual se resolvió un conflicto de larga data y, por decreto, se dispuso su traspaso a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.
Al referirse a las perspectivas, fuentes de la empresa señalan que continuará la reducción del requerimiento de recursos para cubrir el déficit y apuntar a generar ingresos propios del orden de US$180 millones anuales provenientes de la prestación del servicio de transporte de gas natural. También prevén generar ingresos adicionales por la venta de la participación accionaria en las centrales térmicas San Martín y Belgrano. Y para 2027, relanzar la licitación pública nacional e internacional para seleccionar un agente comercializador-agregador para adquirir GNL y adjudicar su comercialización en el mercado interno a través de la terminal Escobar, a fin de pasar a un esquema competitivo y 100% privado, que debió posponerse este año debido a la guerra en Medio Oriente.
Conceptualmente consideran que “no se trata de vender las ‘joyas de la abuela’, sino de usar eficientemente los recursos públicos para que la ciudadanía se beneficie tanto por el capital que se libera como por la mejora en los servicios que habilitan estas operaciones. Los fondos de las privatizaciones –agregan- se destinarán a cuidar la salud financiera del Estado y la seguridad de todos los argentinos. El criterio no es si una empresa da ganancias o pérdidas: el Estado tiene funciones específicas y debe dedicarse a cumplirlas. Un Estado que se dedica a todo termina descuidando lo que sí le compete”, concluyen.
El caso Correo Argentino
Desde noviembre de 2024 la compañía dejó de requerir asistencia del Tesoro nacional luego del proceso de modernización iniciado ese mismo año, que incluyó la revisión de su estructura organizacional, la optimización de recorridos logísticos y la transformación de la red de atención al cliente con el desarrollo de “Puntos Correo” (un modelo de franquicias con comercios adheridos para recepción y/o entrega de paquetes) que garantizan un mejor funcionamiento del servicio.
Como resultado, en 2025 el Correo registró ventas por más de un billón de pesos y una ganancia neta superior a $209.000 millones, que le permitieron revertir pérdidas de años anteriores y alcanzar el equilibrio financiero sin recurrir al Tesoro.
La mejora también se reflejó en la generación de fondos, ya que las actividades operativas generaron un flujo neto positivo de efectivo superior a $228.000 millones. En paralelo, la compañía destinó más de $32.000 millones a la adquisición de bienes de uso y activos intangibles para acompañar el proceso de modernización de su infraestructura y sus herramientas tecnológicas.
En la memoria y estados contables de 2025 publicados en su sitio web, el Correo -que cuenta con 11.279 empleados-, explica que su objetivo es transformarse en una empresa tecnológica especializada en logística. Durante ese ejercicio procesó casi 75 millones de piezas postales e híbridas y 30 millones de paquetes. Su red cuenta actualmente con más de 4300 puntos comerciales y 1150 centros operativos en todo el país.
En su segmento de comercio electrónico -PAQ.AR - gestionó 27 millones de envíos y alcanzó más de 180.000 clientes activos. Entre los avances tecnológicos destaca la puesta en marcha del nuevo sistema automatizado de clasificación en la planta de Monte Grande, que utiliza robots autónomos con inteligencia artificial y procesa hasta 9000 unidades por hora.
Al cierre de 2025, la red comercial estaba integrada por 3070 Puntos Correo y 1253 sucursales propias, que totalizan 4323 puntos de atención en todo el país, con una cobertura del Servicio Básico Universal del 99,1% de la población.
Adrián González, presidente del Correo oficial, explica que la empresa “tiene una responsabilidad institucional que forma parte de su identidad: estar presente en todo el territorio y acompañar la vida de los argentinos. La logística electoral –agrega- es una de las expresiones más importantes de esa responsabilidad. La experiencia de 2025, con la primera implementación nacional de la Boleta Única de Papel, reafirmó el valor de nuestra red federal y de nuestros equipos. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esa capacidad con planificación, tecnología y mejoras operativas, para preservar la confianza de la sociedad y acompañar cada proceso electoral con la confiabilidad que requiere”.
Por su parte, Bruno Finiello, CEO de la compañía, destaca que “el desafío de esta etapa es modernizar el Correo para hacerlo más eficiente, escalable, flexible y orientado a sus clientes. Buscamos construir una empresa rentable y sustentable –agrega- que no dependa de años extraordinarios para operar sin asistencia del Tesoro nacional. Para eso estamos trabajando en escuchar a nuestros clientes, modernizar la operación, incorporar tecnología y desarrollar nuevos servicios para que enviar y recibir sea más simple, rápido y seguro, tanto para quien nos elige hoy como para quienes van a elegirnos mañana. Nos apoyamos en nuestros equipos, la tecnología y nuestra red federal para acompañar el crecimiento de personas, emprendedores y empresas de todo el país”, finaliza.
