Carga fiscal: el impuesto escondido que más impacta en los precios

El Senado votó favorablemente, el miércoles último, la ratificación del consenso fiscal firmado entre la Nación y la mayoría de las provincias. Ese acuerdo suspende por un año más el compromiso de las administraciones locales de disponer exenciones y de bajar las alícuotas de Ingresos Brutos para cumplir con un esquema de valores máximos, que se había pactado en 2017, durante el gobierno anterior. El acuerdo, que deberá ser tratado ahora en Diputados, quita obstáculos para la posible suba de ese impuesto. Por eso, es considerado un alivio en las provincias, que se verían este año afectadas por una caída de los recursos coparticipables si se aprueba el proyecto de ley que busca disponer un nuevo piso desde el cual asalariados y jubilados son alcanzados por el impuesto a las ganancias. El efecto negativo para las cuentas fiscales será de por lo menos $40.000 millones.

El problema, claro, es que Ingresos Brutos es evaluado por muchas empresas como el impuesto que más impacta en el precio de un producto. No solo por sus alícuotas, sino también por la forma en que se va cargando a los bienes y servicios durante el proceso de producción y venta, y por la modalidad de cobro que aplican las jurisdicciones, que es causa de que se acumulen saldos a favor de los contribuyentes.

Una encuesta hecha por la consultora KPMG, de la que participaron 70 CFO y especialistas en impuestos de empresas medianas y grandes, muestra que el 66% considera que la carga fiscal que mayor impacto tuvo en los precios en 2020 fue Ingresos Brutos, mientras que en la edición del relevamiento de un año atrás, esa respuesta había sido dada por el 50%. Otros tributos mencionados fueron Ganancias (16%), el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (12%) y el IVA (6%).

Con respecto a los saldos a favor de las firmas, solo 19% dijo no tenerlos. Un 27% respondió que sí los tiene y que son de hasta de $5 millones, en tanto que 30% respondió tener acreencias mayores a $30 millones.

"Es un impuesto no transparente; el consumidor no lo ve en el precio y, por eso, es más fácil subirlo -afirma Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos de KPMG-. Y en la práctica se aplica a manera de cascada, con un efecto muy nocivo".

El abogado especialista en temas tributarios Diego Fraga, ubica a Ingresos Brutos y al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (de aplicación nacional), en los puestos principales del podio de los que más fomentan la informalidad. "Ingresos Brutos es el peor, porque tiene un efecto acumulativo en cada etapa de la producción. Y las provincias lo recaudan anticipadamente a través de agentes, en muchos casos sin sustento y captando ilegítimamente fondos que no les corresponden, por lo que se generan saldos a favor que en muchos casos son irrecuperables y que, en otros casos, se recuperan después de mucho tiempo."

En la opinión del economista del Ieral Marcelo Capello, en el futuro próximo podría agravarse una tendencia a la suba de impuestos provinciales. "Una razón es que no hay demasiado interés del gobierno nacional actual para evitarlo, y otra es que es un impuesto escondido en los precios, que se mimetiza fácil con la inflación". La suba de esta carga, agrega, genera normalmente subas de precios, pero hay un bajo costo político porque para los consumidores "es imposible discernir" que es una causa de los encarecimientos.

Hay impuestos municipales "disfrazados de tasas" que comparten con Ingresos Brutos el primer lugar entre las cargas distorsivas para la economía, considera Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, quien afirma que con el sistema tributario actual "no se estimulan ni la inversión, ni el empleo, ni la producción ni el ahorro". Y cree que "las reglas de juego se escriben a medida que el juego se desarrolla", con goles que siempre entran en un solo arco, "que es el de las pymes y los contribuyentes".

Más de la mitad (52%) de las empresas que respondieron a la encuesta de KPMG señaló que en 2020 el marco fiscal obligó a desinvertir, en tanto que para el 43% fue neutro y para un 5% permitió una expansión.

El hecho de que un 27% advirtió que en 2020 no pudo cumplir puntualmente con sus obligaciones impositivas es un dato "relevante", destaca Quiroga Lafargue, si se considera que no se trata de pymes, sino de medianas y grandes compañías.

Para este año, ninguno espera un alivio en la carga fiscal general: el 87% cree que habrá mayor presión y el 13%, que se mantendrá. En función de esas expectativas, el 56% de los responsables de impuestos de las firmas indicó que se mantendrá la inversión, mientras que casi un tercio advirtió que se evalúa o se decidió reducirá, y solo 5% afirmó que subirá.

"En la gestión del gobierno nacional, si bien se menciona la importancia de la competitividad y las exportaciones, no se ve una política tributaria en línea con ese cometido, sino más bien lo contrario: aumentaron los derechos de exportación y se mantuvieron congeladas las reducciones de impuestos previstas en la reforma tributaria que comenzó a regir en 2018", dice Capello.

En relación con las políticas más recientes, Fraga agrega que el llamado impuesto a la riqueza "no reconoce exenciones o reducciones para capitales que están afectados a la actividad productiva, por lo cual habrá un impacto sobre los titulares de empresas locales. Eso producirá, dice, una discriminación distorsiva frente a las compañías que tienen como dueños a grupos multinacionales.

El escepticismo va más allá de 2021. Según la encuesta de KPMG, el 98% cree que no volverá a reactivarse en 2022 el consenso fiscal firmado en 2017, tendiente a lograr que las provincias bajen sus cargas.