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Luz y gas. Juntos por el Cambio busca remover a dos hombres de Cristina Kirchner
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LA NACIONSofía Diamante
Apenas dos días después de que Federico Basualdo y Federico Bernal asuman como interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de forma respectiva, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para derogar los decretos de intervención. Denuncian que "se excedió lo autorizado por el Congreso en la ley de emergencia" y que tiene "gruesos errores legales en su redacción".
Basualdo y Bernal son dos personas cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es la principal impulsora de hacer una revisión integral de los aumentos de tarifas realizados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los diputados de Juntos por el Cambio –la coalición integrada por la Coalición Cívica, el Radicalismo y el PRO– presentaron el proyecto tras indicar que los decretos de intervención de los entes reguladores "están viciados por la arbitrariedad de las designaciones y suspensiones que pretende imponer, sin concurso de antecedentes y sin participación del Congreso".
La ley de Solidaridad, aprobada por el Congreso en diciembre, había facultado al Gobierno a intervenir los dos entes de control de la electricidad y el gas hasta fin de año. La explicación que dieron en el oficialismo para incluir este ítem en la ley es que se trató de un tema político: los entonces presidentes del ENRE y el Enargas, Andrés Chambouleyron y Mauricio Roitman, respectivamente, eran subsecretarios del exministro de Energía Juan José Aranguren cuando fueron designados por concurso para los cargos. Ambos tenían mandato hasta 2022, aunque Chambouleyron renunció en enero pasado.
Sin embargo, sus pliegos habían pasado por un consejo consultivo –integrado por los exsecretarios de Energía Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco– y por el Congreso, donde no hubo objeción de la comisión bicameral. Lo mismo ocurrió con los miembros de los directorios de ambos organismos.
En los decretos de intervención del ENRE y Enargas, que se publicaron el pasado martes 17, se estableció también la suspensión de las funciones de los directores sin goce de sueldo mientras dure la intervención (hasta el 31 de diciembre de 2020). Además, Basualdo y Bernal podrán revisar los concursos de los directores y, "en caso de que se resuelva su anulación, deberá iniciar el proceso de selección de quienes lo reemplazarán", como dicen los decretos.
"Como en tantos otros aspectos bajo el halo de la emergencia, lo que se buscaba era la discrecionalidad, designando funcionarios sin concurso y ortogándoles la facultad de anular concursos efectuados conforme a la ley", señala el texto del proyecto de ley de los diputados de Juntos por el Cambio.
También indican que la modalidad de suspensión temporaria sin goce de sueldo "encubre el cese de las funciones de los directores elegidos y expone al Estado a una litigiosidad innecesaria".
"Está claro que los funcionarios 'temporalmente' privados de sus cargos, sin una clara definición respecto de la continuidad o no de las incompatibilidades que prevé la ley y con sus respectivos concursos librados al exclusivo arbitrio de los interventores, han sido colocados en una situación anómala y sin precedentes, alentando los respectivos reclamos, sobre la base de la inconstitucionalidad manifiesta de los decretos dictados en exceso de la propia normativa de emergencia que dicen reglamentar", dice el proyecto.
El Enargas ya había sido intervenido en 2007, durante el fin del mandato de Néstor Kirchner. En principio era una intervención por 180 días, pero la medida se prorrogó 16 veces, hasta 2017. Al ENRE, por su parte, le fue designado por decreto un presidente en 2007 durante 10 años, sin que haya un proceso de elección mediante concurso público.
Tanto Basualdo -sociólogo, investigador del Conicet y miembro de Flacso- como Bernal -bioquímico y biotecnólogo- hicieron públicas sus críticas a los aumentos de tarifas de electricidad y gas aplicados en el mandato de Macri. Ambos comparten la idea de que las empresas obtuvieron "ingentes" y "multimillonarias" ganancias "que garantizó la política tarifaria".
En la ONG Consumidores Argentinos, cercana a los interventores del ENRE y el Enargas, respondieron por su parte que la designación de las autoridades de los entes en 2017 se había hecho "con un diseño a la medida de las empresas". "El Enargas estaba ocupado por un ex jefe de una Consultora de Negocios, de estrecha relación con las empresas a las que debe controlar: Mauricio Roitman. Su designación, además de incompatible, se produjo después de una renuncia de otro CEO empresario al que no le conformó el sueldo después que lo designaran, y mediante una 'avivada' de enviar el pliego al Congreso al cierre de las sesiones ordinarias para así dejar vencer el plazo para objeciones", indicaron en un comunicado.
"El caso del ENRE, el designado fue Andrés Chambouyleron, quien fuera perito de parte de las empresas en juicios contra la Argentina para favorecerlas y se fuera intentando diluir el ente y sus funciones. La intervención actual y la remoción de estos funcionarios es clave para que se proceda a darle a los entes de control el verdadero significado que este organismo tiene, y no una 'escribanía' de enriquecimiento empresario a costa de los usuarios y del servicio público", agregó el texto.
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