Expropiación de YPF: claves para entender uno de los juicios más importantes de la historia argentina

El 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF y envió el proyecto de ley al Congreso. Menos de un mes después, el 7 de mayo de ese mismo año, el Congreso aprobó por mayoría la estatización. Las fechas no son un detalle, sino que son parte crucial del juicio que se está llevando adelante en Nueva York para definir la indemnización que el Estado argentino debe pagar por esa decisión.

La Argentina perdió el juicio por la expropiación de YPF en marzo pasado. Si bien todavía hay instancias de apelación del caso, el país debería pagar una garantía que será proporcional al monto de indemnización que se determine.

En marzo pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el entonces gobierno de Cristina Kirchner tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.

Eso dice el estatuto de la petrolera, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE): si cambia de manos el control mayoritario de la compañía, los accionistas minoritarios tienen el derecho de vender su parte al mismo precio.

En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes eran interventores en YPF, se negaron a realizar esa oferta. “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, había dicho el actual gobernador de Buenos Aires en su exposición ante el Congreso.

El tribunal de Nueva York indicó que la Argentina tendrá que indemnizar a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Para calcular esa indemnización, se debe ver la cotización de las acciones en la fecha de la toma de control de YPF por el Estado Argentino, que es la discusión que se lleva adelante en Nueva York.

“El argumento legal del Estado argentino considera que la fecha de toma de control es la de la promulgación de la ley 26.741, y que los eventos desde el 16 de abril fueron una ocupación temporaria. La fecha es importante porque la acción de YPF sufrió una caída muy fuerte tras el 16 de abril de 2012 y, por tanto, incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones”, explica Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants. El valor de las acciones cayó de alrededor de US$22 a US$16.

El planteo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es que la Argentina debería pagar US$16.050 millones si se toma como fecha de expropiación el 16 de abril y una tasa de interés punitoria de 8%. Si la fecha es el 7 de mayo, la Argentina debería pagar US$9490 millones, con la misma tasa de 8%.

La defensa argentina, comandada por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, planteó que la tasa de interés debe ser 0% y que la indemnización variaría entre US$5540 millones, si se toma como fecha el 16 de abril, o US$4920 millones, si es el 7 de mayo, lo cual sería el escenario más optimista y lo mínimo que pagaría la Argentina.

El segundo día del juicio duró nueve horas, contó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien está en Nueva York siguiendo el caso. “Hoy se enfocaron principalmente en la parte económica. Los demandantes presentaron su experto en la calculación de los daños económicos que debería pagar la Argentina. La defensa presentó el suyo, pero lo tuvieron que cortar porque se empezaron a pelear entre ellos y la Corte suspendió el proceso hasta mañana a las nueve. La Argentina presentó dos expertos constitucionalistas”, agregó.

“Me da la impresión de que no va a ser un fallo fácil de escribir, va a ser largo porque hay que justificar muchos aspectos técnicos sobre la ley argentina, sobre las fórmulas matemáticas y sobre el monto, que sería en teoría el monto más grande que un país soberano debe pagar tras un fallo de una corte norteamericana”, dijo Maril.

Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.

Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, y habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.

El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones.

En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.

Por lo cual, en el escenario más optimista, la Argentina habrá pagado casi US$10.000 millones por el 51% de YPF, cuando su valuación actual total es de US$5678 millones, según su cotización en Nueva York.

Se trata de un monto mucho mayor a los US$327 millones que la Argentina tuvo que pagar también a Burford, cuando compró el derecho a demandar al país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos de la española Marsans.

Todas las indemnizaciones ocurrieron porque el Estado no pagó por hacerse de las acciones de las empresas expropiadas. Tanto Marsans como Repsol en su momento iniciaron juicios contra el Estado en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) a la espera de alguna compensación. Repsol tuvo su indemnización años después.

YPF, por su parte, fue eximida de cualquier responsabilidad por la jueza Preska. A la petrolera se la acusaba de no haber obligado al nuevo accionista mayoritario, el Estado argentino, de hacer cumplir el prospecto de la empresa.

Los distintos abogados de la Argentina habían intentado convencer a la jueza de que el derecho de expropiación estaba por encima de cualquier estatuto empresarial, pero no lograron sostener la defensa.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La jueza Preska herederó el caso del fallecido Thomas Griesa. Además de Burford, también demandó al país por la misma razón el fondo Eton Park y Preska unificó ambos reclamos.