Florencia López Boo: "Los gobiernos invierten muy poco en primera infancia; los niños no votan"

Florencia López Boo obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Oxford (Inglaterra) en 2009. Hoy es la economista líder en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde ese puesto coordina la agenda de primera infancia, se ocupa de un fondo de innovación dedicado a esa temática y lidera una iniciativa sobre economía del comportamiento y políticas sociales. Su trabajo se centra en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas referidas al desarrollo infantil y a la protección social en América Latina.

Es, además, presidenta de la red Latin American and Caribbean Economic Association (Lacea) del Behavioral Insights Network (red de información conductual). Fue la principal asesora en temas de desarrollo infantil para las reuniones del G-20 bajo la presidencia de la Argentina y logró que se incluyeran indicadores de inversión de primera infancia en el comunicado final. También asesora al gobierno de Chile en la agenda de mejoras de la calidad de la educación en los primeros años de vida.

-¿Cómo son los proyectos sobre economía del comportamiento que coordina?

-Todos vamos al gimnasio menos de lo que queremos; mandamos mensajes mientras manejamos; tenemos relaciones sexuales ocasionales sin protección... El punto común en todos estos comportamientos humanos es que, para cambiarlos, no han funcionado tan bien las estrategias de brindar meramente información, cambiar incentivos o introducir regulaciones. Luego de reflexionar sobre estos problemas, hace tres años el banco propuso crear el grupo de economía de comportamiento del BID. Yo coordino en esa agenda la parte del sector social; allí buscamos diseñar políticas con una compresión más realista de la conducta humana. En el banco trabajamos en apoyar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. La ciencia del comportamiento, que estudia los detalles aparentemente irrelevantes, importa mucho más de lo que pensábamos en lo que se refiere al impacto que puede tener en las políticas. Por ejemplo, estudiar las conductas influye en cómo le presentamos la información a un usuario, en si el maestro de ciencia es un hombre o una mujer o en si poner la comida chatarra en el segundo estante o en el último para no alcanzarla. Cuando la gente está propensa a tomar malas decisiones en relación a su futuro, se generan altos costos económicos y de bienestar y una subóptima acumulación del capital, con hechos concretos como no ahorrar para la vejez, no estudiar, embarazarse a los 15 años. Esto suele asociarse muy fuertemente con el nivel socio económico. En el BID ya tenemos casi 70 operaciones referidas a esta agenda; 40 en el sector social en temas de educación, protección social, mercados laborales, salud, género y diversidad. Estamos organizando del 20 al 22 de mayo la segunda conferencia de Lacea Brain, que es la flamante red de economía de comportamiento, en Montevideo. En el banco también ofrecemos un curso gratuito para el sector público sobre ciencias del comportamiento, al que se accede desde la web.

-¿Cómo es la interacción con los gobiernos? ¿Ellos piden asesoramiento al BID o el banco les ofrece consejos sobre cómo implementar una política?

-Hay un poquito de ambas cosas. Por ejemplo, en El Salvador, los costos económicos de la anemia por deficiencia de hierro implican cuatro puntos del PBI. La anemia alcanza allí a la mitad de los niños menores de dos años. El Ministerio de Salud Pública, con el que ya veníamos trabajando hace 10 años, entregaba exitosamente micronutrientes, que es lo que se usa para tratar la anemia. Típicamente, nuestro trabajo hubiera terminado ahí hace un poquitos años, pero nos dimos cuenta hace unos años de que solo un cuarto de los hogares estaba consumiendo los micronutrientes. Eso es dramático porque se malgastaron los recursos y porque el nivel de anemia en estos niños sigue siendo muy elevado. Las cifras de la economía del comportamiento nos permitieron entender ese sesgo y atacarlo, y le sugerimos al gobierno cambiar el diseño del programa. Así, buscamos mejorar la adherencia a los micronutrientes, captando la atención de las mamás, con las mediciones y el diagnóstico que se hacían en las visitas de control en el centro de salud.

-¿En la Argentina hicieron algún trabajo?

-Estamos terminando un estudio que hicimos con el PAMI y con el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco). En el PAMI, los médicos de cabecera recetan demasiado un medicamento caro para adultos mayores. Parte de esa conducta es debido al desconocimiento de los médicos respecto de que esa droga no es eficaz, en particular para prevenir el deterioro cognitivo. Entonces, hicimos un experimento aleatorio con casi 2000 médicos: solo con un correo electrónico mostramos la posición relativa de cada médico en relación a otros en la prescripción de esta droga, y con ese solo correo logramos reducir la sobre prescripción de la droga para adultos mayores en un 3%. Parece un número chico, pero eso le permitió ahorros de $15 millones al PAMI.

-¿Cómo fue asesorar a la Argentina en temas de desarrollo infantil en el G-20?

-Actualmente asesoro a varios países de la región en temas que tienen que ver con el grupo de niños de 0 a 5 años, y en particular en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo infantil. Tenemos una agenda y una cantidad de recomendaciones y eso fue lo que llevé como representante del BID a esas reuniones del G-20. La inclusión de un indicador de inversión es algo deseable para todos los países del G-20, porque si hay algo que está clarísimo es que la inversión en primera infancia es demasiado baja. Un estudio nuestro mostraba que la inversión en primera infancia era de 0,4% del producto bruto, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ese indicador es de casi un punto. Y en los países con alta performance en lo social, como Finlandia, Islandia y Suecia, se invierten 2 puntos del PBI en los niños menores de 5 años.

-¿Por qué se invierte tan poco en primera infancia?

-La hipótesis más fuerte es que los niños no votan y eso es así en todos lados. No tiene que ver con un tema cultural del país, sino que hay poca abogacía por los niños. Y a este tema se le empezó a dar importancia en forma muy reciente.

-¿Cómo se concreta la inversión en primer infancia?

-Los servicios de atención a esta población de 0 a 5 años se dividen en dos grupos: por un lado está la atención en jardines infantiles o en el ciclo preescolar, donde se viven las primeras experiencias de aprendizaje grupal y de socialización; por el otro lado están los programas para mejorar las prácticas de estimulación de los padres. Los llamamos programas de trabajo con familias y de transferencias monetarias, que son los de mayor cobertura entre las familias pobres de América Latina. En estos planes se mueven inversiones de capital humano, se incentiva el uso de servicios de salud y de educación y, para poder recibir las transferencias, se establecen algunas condiciones que deben ser cumplidas por las familias. También están los centros de cuidado, en los que el financiamiento con fondos públicos es fundamental. Es otra de las formas en las que aterriza la inversión. En la Argentina, dos de cada diez chicos del primer quintil de ingresos tiene acceso a un jardín de infantes, mientras que en el quintil de ingresos más altos el alcance es de cinco de cada diez chicos.

-¿Cuáles son los desafíos de los centros de cuidado infantil?

-Los chicos pasan en esos espacios muchas horas y, si lo que sucede no es una experiencia significativa, su desarrollo hasta se puede ver perjudicado. Hay literatura que muestra que los jardines infantiles pueden ser beneficiosos si son de buena calidad, en particular cuando los niños son vulnerables, porque ofrecen una experiencia mejor que la que ese niño tendría en el hogar. Sin embargo, también pueden ser negativos, como ocurrió en la experiencia de universalización de los centros de cuidado de Canadá, donde el efecto fue negativo: allí pasó que chicos que tenían un buen entorno en el hogar, terminaron asistiendo a lugares donde el entorno tenía una calidad menor.

-En los programas como la Asignación Universal por Hijo, ¿es necesario que las familias presenten un certificado o tengan algún control para recibir el subsidio?

-Se ha demostrado en varios contextos que la medición de la talla y del peso de un niño en un centro de salud es algo útil, porque sirve para mejorar las políticas públicas. Fue recién cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a medir la nutrición crónica en todos los países, que se empezó a actuar en esta temática.

-¿En qué otros proyectos participó desde el BID?

-En la Argentina tomamos una muestra representativa de 4000 espacios públicos, que les dan cobertura a unos 200.000 chicos vulnerables. Y analizamos la calidad de procesos, un concepto que se refiere a la naturaleza, al tipo y a la frecuencia de las interacciones entre un chico y su maestro. La calidad estructural, en tanto, tiene que ver con los recursos que facilitan estas interacciones; por ejemplo, la infraestructura, el tamaño del grupo a cargo de una maestra, el coeficiente de atención o cuántos chicos hay por adulto.

-¿A qué conclusiones llegaron?

-En el estudio que encaramos tuvimos tres hallazgos. El primero es que los centros del Gran Buenos Aires presentan muchas fortalezas, en particular cuando se comparan con los de programas públicos similares que hay en la región. El segundo es que estos espacios reciben puntajes más elevados en el dominio de apoyo emocional conductual y en las prácticas de cuidados sensibles. Y en cuanto al apoyo que se les brinda a los chicos para el aprendizaje, los puntajes resultaron más bajos. El tercer hallazgo tiene que ver con la propuesta de una herramienta de monitoreo, en la que una persona va y se sienta en el aula como si no existiera y observa durante una hora las interacciones entre el educador y los integrantes del grupo. Creemos que este instrumento puede servirle no solo al gobierno de la Argentina, sino también a los de otros países, que necesiten un mecanismo simple para monitorear la calidad de los procesos, que pueda ser utilizado con frecuencia, a escala y a un costo razonable.

Por Sofía Diamante

• Niñez
• Economistas en el exterior

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