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Gas: el Enargas recomienda a Cambiemos “militar” para que los “millonarios” renuncien a un subsidio
El interventor Federico Bernal defendió la ley Zonas Frías, que fue promulgada esta semana
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LA NACIONSofía Diamante
Federico Bernal, interventor en el Enargas, defendió nuevamente la ley de Zonas Frías, que amplió el subsidio al servicio de gas de 850.000 usuarios a 4 millones de personas. El proyecto, que fue impulsado por el diputado Máximo Kirchner, recibió critícas porque está considerado que beneficia a los más ricos, ya que reduce la tarifa para aquellos usuarios que tienen gas por red, pero no tiene en cuenta a los que compran garrafas.
Bernal señaló que hay que generar más inversiones para que todos los usuarios tengan acceso a gas por red e indicó que la ley contempla que, aquellos usuarios que quieran renunciar al subsidio lo puedan hacer.
Para financiar el alcance del subsidio, se incrementó de 4,46% al 5,44% el recargo que se cobra sobre el precio de gas en boca de pozo. En términos concretos, los usuarios residenciales que no estén incluidos en las Zonas Frías verán un aumento de la tarifa final de gas de entre $6 y $8.
A continuación, las respuestas que Bernal envió a LA NACION por escrito.
—¿En qué consiste el beneficio derivado de la ampliación del régimen de Zona Fría?
—La iniciativa, que recoge un reclamo histórico de millones de argentinos y argentinas, nace de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal, y Unidad y Equidad Federal. El diputado Máximo Kirchner lo tomó y le dio el impulso para que termine siendo Ley. La normativa otorga descuentos del 30% en cuadros tarifarios del servicio público de gas por redes para cerca de 2,8 millones de usuarias y usuarios residenciales, mientras que del 50% para unos 374.000 con criterios socioeconómicos establecidos. Previo a esta ampliación, los beneficiarios totalizaban 850.000, todos con descuentos del 50%, restringidos exclusivamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe (departamento de Mendoza). Es decir, pasamos de 850.000 a aproximadamente 4 millones, abarcando 15 provincias y 231 departamentos. Hablamos de un beneficio para casi 13 millones de personas, equivalente a un 28% de la población.
—Entre las muchas críticas esgrimidas contra el proyecto de ley, estaba la duda de cómo un salto del recargo tan bajo (1 punto porcentual) permite incorporar 3,1 millones de nuevos beneficiarios.
—Lo explicamos en las plenarias de diputados y de senadores. El fondo fiduciario mediante el cual se solventa el Régimen de Zona Fría (RZF) terminará recaudando este año cerca de $24.000 millones, según estimaciones nuestras sobre la base de información pública de la Secretaría de Energía, solo con el recargo de 4,46% sobre el precio del gas en boca de pozo. A su vez, los gastos requeridos para cubrir los 850.000 beneficiarios existentes rondan unos $13.000 millones, con lo cual disponemos de un excedente del orden de los $11.000 millones aproximadamente. Pues bien, en lugar de ajustar el recargo, se propuso aprovechar esos $11.000 millones para ampliar el beneficio. El requerimiento para estos 3,1 millones lo estimamos en $16.000 millones que, descontado el excedente, implica un total de $5000 millones. Este es el monto que estimamos se recaudará con el aumento del recargo del 4,46% al 5,44%.
—¿Cuál cree que es el costo para Cammesa, la compañía con control estal encargada del despacho de energía, que deberá pagar más caro la compra de gas?
—Llama poderosamente la atención que se preocupen por Cammesa los y las legisladores de Cambiemos, cuando fueron quienes aumentaron el recargo al RZF del 0,1% (equivalente a 0,004 pesos por m3) a 2,58% en diciembre de 2017, luego a 2,96% en septiembre de 2018 y finalmente a 4,46% en mayo de 2019. O sea, un aumento de 4 puntos porcentuales y sin ampliar el RZF en un solo usuario. ¿Por qué lo hicieron? Para compensar los injustos, irrazonables y progresivamente impagables incrementos tarifarios. Como sea, jamás les preocupó el costo para Cammesa. Dicho esto, en el caso particular de las usinas y para cubrir el aumento del recargo del 4,46% al 5,44%, se deben actualizar las erogaciones del gas natural para generación térmica en aproximadamente $2400 millones anuales, que equivaldría al 0,24% del costo de generación total del sistema y a menos del 0,4% de los subsidios a la energía eléctrica.
—Entonces hay un costo fiscal de la medida…
—El régimen no se financia con recursos del Tesoro, sino que se autofinancia mediante el recargo. Por lo tanto, insisto, no hay costo fiscal. En cuanto a las mayores erogaciones de Cammesa, la ampliación del régimen representa un mayor ingreso disponible del orden de los $900 mensuales para los hogares vulnerables de Zona Fría y de $500 mensuales para el resto de los nuevos beneficiarios (por reducción de la factura de gas natural). Este mayor ingreso disponible se traslada al consumo e implica un incremento en la recaudación de IVA y otros tributos, lo cual compensaría holgadamente la erogación extra para Cammesa (se estima que la recaudación sería superior a $100 por el consumo generado a partir del ahorro en factura). Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que la segmentación de perfiles de usuarios y usuarias para mejorar y focalizar los subsidios pedida por el Presidente avanza a todo vapor. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, AFIP, Anses, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y Registro Nacional de las Personas (Renaper). Nunca se hizo nada así. Es decir, el macrismo tampoco lo hizo, siendo que no solo nunca dejaron de aplicar subsidios (siquiera los pudieron reducir entre 2017 y 2019), sino que se vieron obligados a aplicar nuevos subsidios al gas para levantar la producción a partir de 2018, porque no la podían recuperar de la caída de 2017, paradójicamente a pesar del estratosférico aumento de Aranguren. En la cuenta final, habrá un uso más eficiente y equitativo de los subsidios, de tal suerte de que el impacto sobre el PBI sea el que haya definido el presidente Alberto Fernández.
—Otra de las críticas respecto de lo que tendría que aportar de más Cammesa es que se trata de un subsidio cruzado sobre el servicio público de electricidad.
—Me parece sorprendente que los legisladores opositores que plantearon esta inquietud no hayan tenido en cuenta lo ocurrido con el aumento del recargo durante la gestión de Macri. ¿No hubo subsidio cruzado entre 2017 y 2019, cuando el macrismo aumentó en más de cuatro puntos porcentuales el recargo? Dejo la inquietud y la extiendo a la oposición. Si la respuesta es que con ellos, devenidos de golpe en superhéroes de Cammesa y de los usuarios de electricidad, la administradora del mercado eléctrico mayorista en efecto no tuvo que incrementar sus erogaciones, entonces quiere decir que el incremento de la tarifa del servicio público de electricidad compensó ese aumento. En pocas palabras, hubo subsidio cruzado. Bueno, en nuestro caso, eso no va a ocurrir.
—Puede no haber subsidios cruzados entonces, pero lo que sí hay es un subsidio a quienes no lo necesitan. Es decir, una parte de la población (2,8 millones de hogares que recibirán el beneficio) no es considerada pobre. ¿Coincide con eso?
—No, porque el espíritu y el objetivo de esta ley son otros. Es una dimensión difícil de comprender para Cambiemos, presa de su visión exclusivamente fiscalista o mercantilizada de la energía y de los servicios públicos. Esta ley esgrime una concepción del servicio público de gas por redes como derecho social, con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales reconocidos en los artículos 41, 42, 43 y 75 (incisos 22 y 23) de nuestra Carta Magna. Esto conduce a entender al servicio público como garantía de derechos humanos, precisamente los consagrados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional y que Macri sistemáticamente violó. En consecuencia, hay que distinguir entre lo que puede ser un beneficio para combatir el empobrecimiento (me gusta más que el término “pobre”), de lo que es un beneficio como el que otorga esta ley, que compensa o equilibra las diferencias climatológicas en las que residen usuarios y usuarias de este servicio público. Sería, entonces, algo así como combatir una vulnerabilidad climática y geográfica, beneficiando a 3,1 millones de hogares que en su inmensa mayoría son, sin dudas de equivocarme, clase media y media baja. Invito a la oposición a que lo chequeen. De todas maneras, 374.000 usuarios de gas por redes que actualmente reciben la tarifa social y se encuentran en las nuevas zonas bioambientales incorporadas recibirán un descuento del 50%.
—¿Vulnerabilidad climática y geográfica?
—Claro, existen personas usuarias en nuestro país que son vulnerables energéticos, a causa del lugar geográfico en donde viven. A partir de esta medida, sus gastos e independientemente de las particularidades climáticas de donde se resida, se equilibran. Razonado de otro modo: ¿por qué un hogar de una zona no fría puede contar con un mayor ingreso disponible al gastar menos en gas que un hogar de una zona fría a iguales dimensiones y cantidad de habitantes? Si el gas por redes es un derecho social que garantiza derechos humanos, como el de una vivienda digna, por ejemplo, ¿por qué esa diferencia? Las zonas frías están en regiones más inhóspitas, complicadas en muchos aspectos. Entonces cabe preguntarse: ¿Es justo que los integrantes de un hogar de una ciudad que tiene todas las comodidades y facilidades pueda gastar más en mejorar su calidad de vida que un hogar de un pueblo o zona aislada, incómoda, compleja para vivir? Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, destinan ingentes subsidios a equilibrar los mayores gastos de las facturas de invierno para este servicio público. Y eso que ambos países están por encima de los paralelos 35 y 40 (para tener una idea, el paralelo 35 pasa por la mitad de Mendoza y el límite sur de Córdoba). En la Argentina no teníamos un tratamiento diferencial para las facturas de invierno hasta esta ley, si bien el beneficio se aplica todo el año justamente porque los días fríos se extienden más allá de esa estación. Ahora nos colocamos a la vanguardia de los países con nuestras mismas latitudes en lo que respecta a este servicio público, permitiendo contrarrestar la variabilidad bioambiental de nuestro territorio. Por eso el reclamo histórico de nuestro pueblo que fue escuchado, interpretado y respondido (en la audiencia pública de marzo de este año fue un reclamo excluyente); por eso el respaldo masivo que la ampliación ha recibido de usuarios y usuarias.
—Otra crítica es que estos usuarios pagarán el gas a un cuarto de lo que abona el usuario de garrafa. ¿Qué opinión tiene de esto?
—Los y las que esgrimen esa crítica, cuando fueron gobierno, eliminaron 1 millón de beneficiarios del Programa Hogar (garrafas) y no se les movió un pelo. Ahora, asumiendo esa cuenta sea correcta. Pero esa diferencia no se combate rechazando una iniciativa como la ampliación del régimen de zona fría, sino con políticas públicas que permitan sustituir GLP por gas por redes, por ejemplo, extendiendo el servicio público a quienes no lo tienen y cocinan o se calefaccionan con garrafas. Pregunto, ¿qué hizo el macrismo en este sentido, ahora preocupadísimo por los usuarios de garrafas? A pesar del incremento sideral de las tarifas entre 2017 y 2019, el gobierno de Macri registró la peor expansión del sistema licenciado de transporte al menos desde 1996, así como la peor expansión de la red domiciliaria también desde ese año, medida como nuevos usuarios incorporados.
—Más allá de eso, las provincias sin gas por redes no tendrán ningún beneficio con esta medida.
—Tampoco tienen ningún recargo o “costo”, porque justamente carecen del servicio público. Esta ley también beneficia a los millones de usuarios de garrafas. A propósito de tu pregunta, vi unos mapas que circulan que marcan que las zonas o provincias más pobres quedan afuera del beneficio y que, por lo tanto, este beneficio es injusto o excluye a los “pobres”. Me viene a la mente el argumento de Cavallo, de que para que haya inversión primero tiene que haber desarrollo. Como las inversiones a las provincias históricamente postergadas por el modelo neoliberal nunca llegaban, lógicamente, el desarrollo tampoco. Círculo ruinoso del tradicional proceso de achicamiento de la República Argentina a la Pampa Húmeda (con suerte y no más allá de la General Paz). Bueno, no es así. Las inversiones, que en las zonas más postergadas, más inhóspitas, deben encabezarlas los estados nacional y/o provinciales son las que generan el desarrollo. Llevado esto a zona fría: si hay zonas empobrecidas, debemos llegar con inversiones y más derechos, no con menos o abandonando la recuperación del servicio público como derecho social y garantía de derechos humanos, que es precisamente lo que se logra al ampliar el régimen de zona fría.
¿La ley prevé la renuncia voluntaria al subsidio?
Una renuncia al beneficio, artículo 8. Por eso digo, al legislador y legisladora de Cambiemos que rechazó esta ley y lo sigue haciendo, y ya que tanto le preocupa que el beneficio llegue a “millonarios”, que salga a militar la renuncia que está explícitamente contemplada en la ley. No obstante, no pierdo nunca la esperanza de que algún día reconozcan la barbaridad que hicieron en materia energética y de servicios públicos. Y quiero aprovechar para recordar a quienes frente a esta ley se erigen como defensores de los “pobres”: eliminaron la tarifa social eléctrica, borraron de un plumazo cerca de 800.000 usuarios de la tarifa social de gas y más de 1 millón del Programa Hogar. En paralelo, a tarifas que no paraban de subir y que duplicaban o triplicaban la inflación, provocaron casi 545.000 nuevos morosos (endeudados) en el segmento residencial entre 2015 y 2019. Los cortes de suministro y la privación del servicio público acumularon más de 205.000 cortes en 2019 (131% de incremento respecto a 2016). Al término del mandato de Macri, se habían desconectado unas 14.000 pymes de la red de gas. Nunca pasó algo así al menos desde comienzos de los noventa. Y dato final a modo de resumen: entre 2016 y 2019 cayeron en la pobreza e indigencia energética casi 3 millones de nuevos hogares o más de 9 millones de personas. Y así podría seguir y seguir. Pues bien, los responsables de todo esto ahora se acuerdan de los “pobres”.
