Gastos billonarios para un consorcio agobiado

Si cualquier ciudadano o ciudadana común acometiera la nada sencilla tarea de leer el presupuesto nacional para 2023 –que seguramente el Senado convertirá en ley la semana próxima–, se encontraría con un esquema similar a la liquidación de expensas de un edificio, pero con gastos de magnitudes siderales.

Sus 69 páginas y 131 artículos establecen que el gasto de la administración pública nacional ascenderá, en cifras redondas, a casi 29 billones de pesos. O sea, el número 29 seguido de una caravana de 12 ceros, ya ajustado por la poco creíble pauta inflacionaria de 60% anual respecto de 2022.

Para atender los miles de rubros de gastos –necesarios o no– detallados en 125 planillas anexas, se prevé el pago de expensas a cargo del conjunto de la población (recursos tributarios y de capital) por $22,5 billones, con lo cual habrá un déficit financiero total de $6,4 billones, que incluye los intereses de la deuda pública. Pero como esos ingresos no alcanzan para cubrirlo, habrá que recurrir a contraer nueva deuda por ese monto.

Difícilmente los funcionarios, legisladores, intendentes que viven en torres de Puerto Madero o en barrios privados cerrados, aceptarían pagar de su bolsillo mayores expensas –aun con sueldos envidiables– si la administración del consorcio dispone un festival de gastos no prioritarios, exagerados o superpuestos; y encima debe endeudarse porque los números iniciales se hacen de goma al final del ejercicio.

Con el presupuesto nacional ocurre lo contrario: salvo pocas y honrosas excepciones, casi ningún político se ocupa de revisar la estructura del billonario gasto estatal, ya que generalmente es solventado por los contribuyentes directos con más impuestos y/o los indirectos (consumidores) con más inflación, que además va licuando su eficacia en términos reales, al igual que el recurrente endeudamiento para financiar el déficit fiscal.

De ahí que cada presupuesto repite un esquema similar con números que se van actualizando y creciendo frente a un PBI prácticamente estancado en la última década. Por caso, el gasto nominal previsto para 2023 resulta –en valores nominales– siete veces mayor que el de 2019 ($ 4 billones), que tuvo un incremento de 18% por el aumento de los intereses de la deuda (casi 30%) pese a haber cerrado con (un mínimo) superávit primario.

Dentro del articulado, la letra chica y las prioridades muestran otra historia recurrente, con revoleo de gastos y obras públicas menores (repavimentación de rutas) de cara a un año electoral. Pero también se destaca la exención de derechos de importación, impuestos nacionales y tasas a empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal, que no se aplica al sector privado.

Entre las disposiciones menos difundidas en las últimas semanas, pueden resaltarse las siguientes:

• Si bien no se podrán cubrir cargos vacantes en organismos de la administración nacional, la Jefatura de Gabinete (JGM) tendrá amplias facultades para establecer excepciones en numerosas áreas. Así, este cargo será políticamente clave si Juan Manzur lo deja vacante a comienzos del año entrante, como lo anticipó semanas atrás.

• Del mismo modo, podrá ampliar el gasto presupuestado si aumentan los recursos tributarios (un clásico por efecto de la inflación) sin afectar el déficit. Por lo pronto, las remuneraciones de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social están calculadas en $3 billones, cifra que supera en más de 4 veces a la inversión real directa ($757.500 millones) de esas áreas.

• La JGM podrá ampliar créditos presupuestarios financiados por organismos internacionales y multilaterales sólo si se aplican a gastos de capital (inversión pública), que abarcan varios ejercicios.

• El Estado nacional tomará a cargo las obligaciones con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de empresas y entes públicos (Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Binacional Yacyretá y excedentes de Salto Grande), que el Banco Nación depositará en los primeros diez días de cada mes.

• Mientras el Estado nacional sea accionista mayoritario, se exime a IMPSA S.A. del pago de derechos por la importación de bienes de capital, componentes, repuestos e insumos para obras de infraestructura en el país y el exterior. También de IVA, impuestos internos y tasas por servicios portuarios, aeroportuarios y de estadística, sólo si la industria nacional no estuviera en condiciones de proveerlas.

• Las mismas exenciones regirán para la importación de material portuario y de uso naval adquirido por el Estado, provincias y municipios, así como por el Orsna (regulador del sistema de aeropuertos), ANAC, Eanase e Intercargo.

• Se exime del impuesto a los combustibles líquidos (y dióxodo de carbono) a las importaciones de gasoil y diésel oil destinadas a la generación eléctrica durante 2023, hasta un volumen de 3.800.000 metros cúbicos a distribuir. No estarán alcanzadas por el IVA las ventas de gas natural importado que realice Enarsa a Cammesa con el mismo destino.

• Enarsa tendrá también las mismas exenciones que IMPSA hasta fin de 2023 y estará exenta del impuesto a las Ganancias mientras el Estado sea su accionista mayoritario, así como reintegro de IVA por las compras de materiales para el Gasoducto Néstor Kirchner.

• Habrá exenciones para Invap S.E y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por derechos de exportación, que en el caso de la Conae incluye la condonación de deudas por ese concepto.

• Un régimen similar se establece para VENG S.A, una empresa de desarrollos tecnológicos para proyectos comerciales controlados por la Conae y comercialización de imágenes de satélites Saocom, con participación mayoritaria del Estado en las decisiones societarias.

• Las empresas ferroviarias estatales (ADIF, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y OFSE) no pagarán derechos por importación de equipos, materiales e insumos ni IVA.

• Tampoco las empresas y sociedades del Estado que operen zona franca La Plata abonarán aranceles ni tasas si cumplen las normas aduaneras Mercosur.

• El presupuesto establece además un cupo de $153.000 millones para el pago de deudas del Estado por juicios previsionales, con autorización a la JGM para ampliar el limite por ajustes de la formula de movilidad del sistema (SIPA).

• También otro de $55.800 millones para las cajas de retiro de las fuerzas armadas, se seguridad y el sistema penitenciario federal por sentencias que se dicten en 2023 y anteriores pendientes de pago.

• Además, se prorrogan por 10 años las pensiones graciables otorgadas a pedido de legisladores nacionales, siempre que no superen la jubilación mínima establecida por el SIPA o cuenten con ingresos adicionales cuya suma sea inferior a dos haberes mínimos, con el requisito de no tener vínculo de consanguinidad con el solicitante.

•Y se crea un régimen de regularización tributaria para el Estado Nacional, Provincias, CABA y Municipios, que condona deudas impositivas y previsionales vencidas al 31 de octubre de 2022, sin incluir aportes a Obras Sociales ni Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

Por Néstor O. Scibona

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