Impuestos, judicialidad, inflación y recesión, los desafíos claves del sector de los seguros

En tiempos de incertidumbre, pensar en el potencial del mercado asegurador pareciera ser un debate lejano o al menos desafiante, más aún en un contexto recesivo que podría empezar a revertirse recién en 2025, según las estimaciones oficiales. Sin embargo, los responsables de las cámaras que agrupan a las compañías del sector se muestran optimistas, pese a los obstáculos que señalan haber atravesado en los últimos años, muchos de los cuales aún perduran.

“Tenemos el potencial de dinamizar la economía, porque nuestra actividad tiene dos grandes impactos: la protección de las personas, la vida, los proyectos y las empresas y, a la vez, la inversión de los activos como instituciones privadas”, señala Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Aadea), una de las cinco cámaras que integran el Comité Asegurador Argentino. En conjunto, las compañías agrupadas cubren al 90% de los asegurados del país y suman activos invertidos por US$11.000 millones. Por su magnitud –dicen– podrían contribuir a la mejora de las condiciones crediticias del país para individuos y empresas.

En el citado Comité también están la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), Aseguradores del Interior de la República Argentina (Adira), ambas de seguros patrimoniales (como Aadea) También están la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro (Avira), de seguros de personas, y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). En diálogo con LA NACION, los cinco referentes del sector trazaron una radiografía de sus problemáticas, muchas de ellas comunes a todos los rubros.

En el caso de los seguros patrimoniales, especialmente de automotores –que representan el 43% de la facturación del mercado–, los directivos de las compañías señalan como principales flagelos a los procesos judiciales extensos (de más de cinco años) con tasas de ajustes mayores al resultado de inversiones en el país, lo que genera una descapitalización del mercado; y a la carga tributaria que consideran desmedida: más de 30% de lo que paga un asegurado corresponde a impuestos.

También advierten sobre la proliferación de lo que llaman “fraude”, sobre todo en épocas de deterioro generalizado de bienes, por la crisis económica, y de envejecimiento del parque automotor, cuyo promedio está estimado en 15 años.

“La inseguridad jurídica se traduce en que un mismo hecho siniestral, según la provincia en que ocurra, tiene una reparación diferente, cálculos diferentes, ajustes diferentes”, dice Felizia. Y agrega: “Trabajamos para que el riesgo sea controlado, pero un agente externo al mercado asegurador, como el Poder Judicial, nos tira la actividad por la borda, porque esa previsibilidad que buscamos como aseguradores no la podemos sostener”.

Gustavo Trías, presidente de AACS, añade: “El sector tuvo un problema complejo, no solo por la inflación general que obligó a actualizar los costos, sino también porque la inflación de nuestra actividad, en lo referido a daños patrimoniales, fue muy superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”. Por ejemplo, en el caso de los repuestos de autos, estima que el alza de precios llegó a superar en un 50% al promedio general.

“La falta de dólares tuvo un gran impacto para la importación de bienes, especialmente en vehículos, porque cerca del 80% de los repuestos no se producen en la Argentina. Para cualquier cosa que se tenga que reparar se necesita la disponibilidad del bien, y al escasear los dólares, no se podía importar”, apunta Trías. Entonces, “quien tenía los bienes, el costo de oportunidad, subía los precios, generando niveles de desarrollo de inflación mucho más fuertes; el sector todavía está tratando de alcanzar con el precio cubrir todos esos desfases”.

A la cuestión inflacionaria se suma la distorsión por la carga tributaria. “Los impuestos castigan nuestra actividad de una manera increíblemente alta”, dice Felizia. “Tenemos impuestos que en materia de seguros se pagan solo en la Argentina, como el IVA, que no se paga en otras partes del mundo, y también impuestos provinciales excesivos, tasas municipales altas, superposiciones”. Entre los demás gravámenes calificados como los más regresivos, los directivos apuntan contra Ingresos Brutos, Sellos, las tasas de seguridad vial y las bomberiles, entre otros casos.

Consultado sobre el impacto de la recesión, Juan Carlos Mosquera, presidente de Adira, dice: “La gente ha tenido que bajar de cobertura, el que estaba en un plan de todo riesgo bajó a un tercero completo, pero también hubo muchos que tenían el plan más bajo y que ahora no pueden pagarlo. Incluso se ve cómo han proliferado las motos, por gente que no puede mantener un coche o que no saca el auto porque no tiene seguro. Y un agravante terrible –enfatiza– es la falta de mantenimiento del parque automotor, un factor que contribuye al fraude”.

Desde el sector afirman que esta problemática se acentúa con la falta de herramientas desde el Estado para su combate, ya que no hay ley ni tribunales específicos. “Se generan sobrecostos que paga toda la población”, advierten.

Irene Capusselli, presidente de la cámara Avira, afirma que en materia de seguros de vida y retiro el problema fundamental que se ha venido arrastrando en los últimos años es la “falta de moneda”. Dice: “Nosotros somos generadores de ahorro y de mercado de capitales, y pensar en ahorrar cuando no hay moneda es imposible”. No obstante, y si bien han venido trabajando con los activos dólar linked, sostiene que hay que trabajar en herramientas como el llamado “pilar voluntario”. Se trata de la posibilidad de generar durante la vida activa un ahorro adicional, voluntario e individual para complementar la jubilación.

“Eso requiere desde una moneda fuerte hasta deducciones impositivas que realmente ayuden a que la gente pueda generar ese tercer pilar. Es un ahorro a largo plazo, que consideramos fundamental para la generación de un mercado de capitales, que pueden ir, por ejemplo, hacia la financiación de infraestructura o hacia lo que nos interese enfocar como país”, afirma Capuselli.

“Cualquier sistema de ahorro en el resto del mundo está funcionando con incentivos realmente significativos. En nuestro caso tuvimos años de deducciones freezadas [el monto deducible de Ganancias por seguros de vida y retiro se mantuvo congelado durante bastante tiempo]. Si bien hoy tenemos algunos ajustes, no llegan a ser interesantes”, agrega (para este año, según la página de la AFIP, el límite deducible para las personas físicas alcanzadas por Ganancias es de $195.845,39]. Y enfatiza: “Es importante contar con esa zanahoria para que la gente y las empresas puedan deducir, y ofrecer el seguro a sus empleados como beneficio dentro de sus esquemas laborales”.

Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) señalan a la litigiosidad como el tema más grave al que se enfrentan. Si bien destacan mejoras en la actividad, como una mayor prevención, una menor siniestralidad en los lugares de trabajo, e incluso una baja importante del índice de fallecimientos y accidentes, el rubro se encuentra con la paradoja del crecimiento de los litigios.

Mara Bettiol, presidente de la UART, dice que “la causa principal [de la alta judicialidad] es el incumplimiento de la constitución de los cuerpos médicos forenses”, previstos por la ley 27.348, aprobada en 2017. “Los actores nucleados en el sistema hicimos cada uno su deber: empleadores, trabajadores, las superintendencias de Riesgos del Trabajo y de Seguros, y las ART. Falta que lo hagan los Superiores Tribunales de cada provincia adherida y la Corte Suprema de Justicia”, con la creación de esos cuerpos médicos.

El otro factor –señala Bettiol– son los altos intereses aplicados a los montos que surgen de las sentencias. “La situación se agrava con los intereses y las actualizaciones en el plano laboral, que no guardan relación con nada. No hay ninguna inversión ni acá ni en ningún lugar del mundo, que permita emparejar esas cuestiones. Ambos factores tienen su raíz en el Poder Judicial”, apunta.

El reclamo trasciende al sector y es compartido por la Unión Industrial Argentina (UIA), que días atrás advirtió que en agosto les fueron notificados a las ART 13.750 juicios (un incremento de 12,3% interanual). El stock de nuevos juicios en 2024 ya alcanza los 81.709, lo que representa una suba de 5,8% interanual.

“La constitución de los cuerpos médicos forenses es el último eslabón de la ley de Riesgos del Trabajo pendiente aún de cumplimiento en casi todas las jurisdicciones provinciales y en la justicia nacional del trabajo. Cumplir con eso es un paso fundamental para consolidar los esfuerzos realizados por el sector productivo para mejorar las condiciones de trabajo y promover una cultura de prevención, y erradicar definitivamente la llamada industria del juicio”, dicen los industriales.

Desde la UART consideran que la cuestión va más allá de la proliferación de juicios contras la ART, porque atenta, en definitiva, contra la creación de empleo.

Respecto de los pasos dados en el sentido de una desregulación de la economía, en el sector se muestran optimistas. “El regulador tiene que estar para controlar la solvencia, la capacidad y el cumplimiento de las compañías, cosa que no ha sucedido durante mucho tiempo, y se debe liberar el desarrollo de productos. Hoy los clientes están pidiendo algo nuevo. Hay un enfoque distinto, relacionado con cómo quieren que sea el producto. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo”.

Mosquera completa: “La mirada es optimista, pero entendiendo que a todos los obstáculos mencionados hay que eliminarlos. No se puede seguir conviviendo con la judicialidad que tiene la actividad en general, con la falta de los incentivos.

Por Joaquín Lanfranchi

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