Menos SGR pero más asistencia pyme: el Gobierno modificar el sistema de garantías

En tiempos de pandemia, donde las cuentas del Estado flaquean y las pymes necesitan de más financiamiento, el Ministerio de Desarrollo Productivo tomó la decisión de suspender durante seis meses la creación de nuevas Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), incluyendo las autorizaciones que estaban en trámite. El objetivo es reestructurar el sistema y plantear nuevos requisitos de inclusión, algo que ya había comenzado a gestarse semanas atrás para las empresas que operan actualmente.

“Las SGR crecieron muy fuertes en los años 2018 y 2019, se aprobaron muchas, pero terminaron siendo muy pequeñas y el crecimiento no tuvo ningún impacto en el crecimiento de las pymes del sistema. Nosotros lo que queremos es que el sistema funcione con mayor cantidad de pymes, no con más SGR”, le explicó a LA NACION el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.

La figura de las SGR se creó en 1995 con el objetivo de facilitarle el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas privadas están conformadas por socios protectores y los aportes integran un Fondo de Riesgo, el cual permite a las sociedades responder ante los acreedores en caso de que la MIPyME no pueda pagar el crédito. En beneficio, los socios protectores pueden deducir Ganancias del resultado impositivo.

Durante estos seis meses el foco estará puesto en los requisitos exigidos para autorizar la constitución de nuevas sociedades, ya que las mismas “pueden producir un impacto fiscal inmediato”, de acuerdo a lo citado en el texto oficial. En definitiva, lo que busca el Gobierno es explotar más el régimen actual antes de seguir autorizando nuevas empresas.

“Son empresas privadas, pero que tienen, a partir de la desgravación que implica para el sistema, un impacto en términos de recursos fiscales. Entonces, simplemente queremos trabajar para fortalecer el esquema actual”, reiteró Merediz.

La creación de SGR y su impacto fiscal

De acuerdo con el Gobierno, el costo fiscal del régimen de SGR durante el 2019 alcanzó los $4.947 millones. En tanto, este año la Ley de Presupuesto consignó que el monto estimado de los gastos tributarios para la Promoción de las SGR alcanzará un total de $6.653 millones.

A través de la Resolución 22/2021, publicada en el Boletín Oficial el jueves de la semana pasada, el Gobierno resaltó que el país está atravesando una crisis económica desde antes de la pandemia (razón por la cual el Gobierno aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva) y que por eso “no puede soslayarse (...) el impacto fiscal que el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca trae aparejado, en virtud de los beneficios fiscales que la Ley N° 24.467 (creación de las SGR) y sus modificaciones reconoce”.

“Cuando el sistema autoriza una nueva SGR se habilita un Fondo de Riesgo que, por supuesto, tiene asociado un impacto fiscal, producto de las desgravaciones. Estamos siendo cuidadosos en la administración de los recursos públicos, pero esto no es una medida fiscalista. Aumentar el número de SGR, que es lo que hicimos el año pasado, aumenta la desgravación que trae asociado el sistema”, aclaró el secretario de la SEPYMEE.

Al día de hoy, existen 45 sociedades de garantía recíproca con autorización vigente para funcionar. Sin embargo, el Gobierno remarcó que durante los períodos 2018 y 2019 se auditaron 26 de estas compañías y se detectaron varios incumplimientos relacionados a los límites de inversión y calificación mínima de las inversiones de los Fondos de Riesgo, entre otros.

Por el resultado de tales auditorías, sumado al tiempo transcurrido desde la creación del régimen, el “costo fiscal que genera” y “particularmente los profundos cambios suscitados por la crisis económica imperante en el país” en el entramado productivo, el Gobierno tomó la decisión de realizar una evaluación global del Régimen de SGR durante los próximos seis meses para analizar posibles cambios en el sistema.

El 47% de las SGR no cumple con los nuevos requisitos de financiamiento pyme

No solo se suspendió la creación de nuevas SGR, sino que las actuales deberán amoldarse a los nuevos requisitos que estableció el Gobierno. A través de la Resolución 21/2021, se reglamentó que las sociedades de Garantía Recíproca deberán atender crediticiamente a un mínimo de pymes por cada $100 millones de su Fondo de Riesgo.

En 2020 las SGR asistieron crediticiamente a un total de 15.144 pequeñas y medianas empresas cuando en 2019 la cifra había sido de 9048, según datos oficiales. Sin embargo, según un informe de Moody’s, con la nueva normativa el 47% de las empresas pertenecientes al régimen no hubieran alcanzado el mínimo anual requerido, de 150 pymes.

“Los cambios que tuvo la normativa fueron virulentos. Como política económica, la nueva normativa nos insta a las SGR a ser más agresivas en lo que es la explotación de avales, brindar asistencia a las empresas de menor tamaño. El espíritu es ese, abarcar más del universo pyme. Hay casi un millón de pequeñas y medianas empresas en el país y las SGR le damos asistencia a unas 20.000, la proporción es baja”, reconoció Ignacio del Boca, director de Avales del Centro SGR.

Las entidades tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 para cumplir con los nuevos requerimientos. En caso de no poder adaptarse, algunas empresas podrían optar por fusionarse para seguir operativas. “Destacamos que las 21 SGR que se encuentran por debajo del nuevo mínimo requerido representaban tan solo un 5% del riesgo vivo total del sistema. Consideramos que el aumento del requerimiento mínimo generará desafíos para las entidades más pequeñas”, indicó Moody’s.

Desde LA NACION se intentó contactar a las SGR que se verán afectadas por los cambios normativos, pero las mismas no brindaron respuesta o decidieron no hablar del tema por políticas de la empresa.

“Los cambios regulatorios tienden a incrementar el apetito por el riesgo pyme. Las empresas más pequeñas tendrán que mejorar su penetración, generar más avales. Si no, no van a poder cumplir con las regulaciones que se impusieron”, explicó Rafael Galante, presidente de Crecer SGR.