Precios: el Gobierno admite una inflación más de 4% en marzo y saca a los inspectores de la AFIP a controlar precios

Luego de trabajar con intendentes y movimientos sociales, y en la víspera de la publicación de un nuevo índice de precios, el Gobierno admitió que la inflación de marzo fue superior a 4% y enviará a inspectores de la AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont, a controlar el cumplimiento del congelamiento de precios.

Fuentes oficiales confirmaron hoy que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio esa orden en una reunión del gabinete económico. “Se están definiendo medidas para bajar la inflación”, dijeron en Casa Rosada, pese a que con el congelamiento instalado desde el 6 de marzo del año pasado y con tarifas pisadas desde 2019, la inflación fue el año pasado superior a 36%. Por otra parte, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, suele decir que la inflación es un problema macroeconómico y que no se resuelve con esos controles.

“En marzo la inflación va a ser la más alta del año, pero esperamos una reducción a partir de abril. Hay circunstancias coyunturales que han estado afectando a los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular, en esta pandemia”, afirmó Guzmán vía zoom desde Italia. Los diez países que más exportan alimentos en el mundo no tienen hoy una inflación anual encima de 2% o 4%. La admisión del ministro dejó entrever que el dato que publicará mañana el Indec superará el 4% de enero.

“La principal (medida) es que por instrucción de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, los inspectores de la AFIP salgan a controlar el cumplimiento de Precios Máximos”, dijeron en Casa Rosada. “También se va a controlar la aplicación de la Ley de abastecimiento y se analiza un aumento de sanciones”, indicaron. En la AFIP trabajan 21.000 personas. El año pasado ya hubo fiscalizaciones de precios en las que estuvieron unos 2000 empleados, en diferentes momentos, involucrados en las inspecciones de ese programa. En el organismo no confirmaron cuántos estarán abocados esta vez a esa tarea, pero se aseguró que se los eligió porque pueden aportar despliegue territorial y personal capacitado.

No es la primera vez que el Gobierno toma estas decisiones en horas cercanas a la difusión de un dato preocupante vinculado a las góndolas. A sólo días de la publicación del índice de precios de enero, que también fue alto, el Gobierno instó a los movimientos sociales –muchos parte del Ministerio de Desarrollo Social– a que controlaran precios en supermercados. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su órbita los Precios Máximos (congelamiento de más de 100.000 precios desde el 6 de marzo de 2020 hasta el 15 de mayo), se despegó de la medida.

El año pasado, cuando el problema –además de los precios– era el abastecimiento y la entrega en cuotas de productos por parte de la industria en los supermercados, la Secretaría de Comercio Interior amplió la Ley de Abastecimiento para incluir a los intendentes en los controles. Esa ley, dictada por el peronismo y aplicada por Guillermo Moreno en su gestión, ya había sido ampliada por Matías Kulfas y Paula Español para poder controlar locales de menos metros cuadrados.

Sin embargo, el propio Gobierno ya demostró que los congelamientos no sirvieron para controlar la inflación. El año pasado, con esa supuesta vigilancia oficial, la inflación fue de 36,1%. Los precios en las góndolas (los controlados por Precios Máximos), según datos de Indec procesados por Desarrollo Productivo, aumentaron 23%, o sea, por encima de las ventanas de aumentos oficiales autorizados. Los frescos y la carne, en cambio, tuvieron alzas cercanas al 50%. Justamente, los por incrementos del precio de la carne, Español amenazó la semana pasada con cerrar las exportaciones si las remarcaciones no cesan. Los productores interpretaron esa amenaza como una presión gubernamental para extender Carne para Todos.

Desde fines del año pasado, Desarrollo Productivo comenzó a “desenlistar” productos de Precios Máximos por la presión del sector privado, golpeado por la fuerte suba de costos tras la devaluación oficial del año pasado y en medio de la pandemia. Sin embargo, Español decidió la semana pasada obligar a más empresas a producir al 100% pese a no poder mover sus precios. De la misma manera, Comercio Interior amplió sus controles sobre todo vinculados a nuevos registros de información con datos de precios, ventas y stocks (Sipre) o analizando rotulados en los paquetes de productos nuevos, una de las presuntas estrategias de las compañías para esquivar el control de precios del Gobierno.

Esta semana, el ministerio de Desarrollo Productivo anunció además la extensión del Programa Precios Cuidados con aumentos promedio de 4,8% por tres meses, hasta julio.

El índice que viene

Mañana a las 16, el Indec difundirá el IPC de marzo. Analistas privados esperan que ronde entre el 3,9% y 4,5%, pese a que el precio de los alimentos habría vuelto a superar el nivel general. Algunos estimaban que estaría cerca del 6%. Con esos datos, para lograr la meta macroeconómica del 29%, el ministro de Economía, Martín Guzmán, necesitaría una desaceleración a una inflación mensual de 1,5%. Para muchos, la posibilidad está descartada pese al freno de mano que se le puso a la depreciación del peso y al mantenimiento, por ahora, del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

Esta situación preocupa en el Gobierno. No es sólo los precios, o la promesa de que los salarios estarían -tras tres años de licuación- por encima de la inflación en 2021. Es que tras la flexibilización de la cuarentena, para el oficialismo la suba del precio de los alimentos es el principal signo de alerta frente al crecimiento de la pobreza. “En los últimos meses hay más actividad económica, más changas en la construcción y en la industria textil, y por lo tanto algo más de ingresos sobre todo en el sector informal, pero el problema es el precio de los alimentos”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el mismo día en que el Indec difundió los datos de la pobreza, flagelo al que se sumaron 3 millones de argentinos en un año y que afecta directamente al 57,7% los chicos menores de 14 años.

Más de la mitad de los habitantes en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su base electoral el cristinismo, está bajo la pobreza, según los datos del organismo estadístico.