Clínicas y centros de salud, en alerta por las medidas sobre prepagas, impuestos y tarifas

“Una prepaga que en los tres primeros meses del año aumentó sus cuotas un 129%, y que había subido un 91% los aranceles a las clínicas, avisó el viernes pasado que no solo no va a aplicar el incremento de 12% prometido para abril [en los montos a pagar a los prestadores], sino que, además, tendremos que facturar los servicios de marzo con un 21% de descuento respecto de los montos que estaban previstos para ese mes”.

Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), cuenta el hecho reciente y afirma, en diálogo con LA NACION, que esa consecuencia de lo resuelto la semana pasada por el Gobierno no es el único problema al que se enfrenta el sector prestador de servicios de salud, desde el cual advierten que se sentirán con más fuerza los problemas que los pacientes ya perciben desde hace muchos meses: demoras en los turnos, salida de profesionales de las cartillas y cobros o intentos de cobros de copagos o bonos contribución, entre otras cuestiones que son, en definitiva, los efectos de la falta de una política de Estado que contemple una mirada integral sobre el sector privado de la salud.

A cuatro meses de haber liberado totalmente los precios de la medicina prepaga con el DNU 70, y tras permitir que se acumularan en ese período subas de entre 140% y 165% (en promedio), en los últimos días el gobierno de Javier Milei identificó a las entidades del sector como las enemigas de la clase media. En ese clima de conflicto, una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio le ordenó a un grupo de siete prepagas hacer un recálculo de sus cuotas, de tal manera que, en la práctica, los precios de mayo serán alrededor de un 30% más bajos que los de abril.

La preocupación del sector prestador (clínicas y centros de diagnóstico, que dependen de los ingresos pagados por las prepagas, financiadoras del sistema), es que las entidades alcanzadas por la medida se den vuelta, de manera generalizada, y trasladen las rebajas a los montos de los aranceles. Y eso ocurriría, señalan, en un contexto de incremento de los costos generales, impositivos y de las tarifas de servicios públicos.

“Somos la variable de ajuste y la pregunta que nos hacemos es si desde el Gobierno tienen claro cómo es la cadena de valor en el sector de la salud”, afirma Cherro, quien sostiene que, si las prepagas no son formadoras de precios, pues tampoco están en ese lugar las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico y prácticas médicas.

Al ajuste sobre sus ingresos se suma, según la descripción que hace el directivo, que en los últimos meses se les puso punto final a beneficios impositivos –una situación por la cual la AFIP podría, en pocos meses, ejecutar deudas de unos 5000 centros asistenciales- y a un subsidio que cubría parte de los salarios de la actividad. En estos meses, agrega, llegan tarifazos en las boletas de electricidad y gas, y también se hacen notar las lógicas presiones por la negociación de la paritaria del sector, vencida hace ya varios días.

Incrementos desiguales

Según describe Cherro, en 2023, un año en el que a inflación general medida por el Indec fue de 211,4%, las prepagas aumentaron un 137% y a los prestadores se les reajustó menos: un 118%. De acuerdo con un índice de costos que elabora Adecra+Cedim (Cedim agrupa a cámaras de entidades de diagnóstico), en el año los insumos médicos aumentaron un 645% -entre otras razones, por la suba del dólar y por la escasez de stock de productos, muchos indispensables-, al tiempo que el costo de las inversiones en el sector subió un 273%; el precio promedio de los insumos no médicos, un 241,2%; los servicios, un 237,6%, y los costos laborales, un 151,1%.

El último dato refleja que los bolsillos de los médicos y otros profesionales y trabajadores del sector están fuertemente afectados. Allí parece estar la variable de ajuste, frente al desfase entre las alzas de costos y de precios, en una actividad en la cual el servicio a brindar está altamente regulado. En todos los planes contratados las prepagas deben cumplir con un mínimo de prestaciones, que en los últimos se fue ampliando “y sin previsión de financiamiento”, según enfatiza Cherro.

Los costos ajenos a los recursos humanos tienen una inflación que, en el país y en todo el mundo, señala el directivo, va por arriba de la inflación general, dados la aplicación de nuevas tecnologías y los costos, por lo general elevados, de mantener y reponer equipos. “Hay infinidad de productos que tienen que estar en stock, porque cuando se interna a un paciente no se sabe qué va a necesitar”, advierte, respecto de las limitaciones para reducir costos. Y, según el ejecutivo, el encarecimiento s de los medicamentos tiene índices que van mucho más allá de las subas promedios de precios, sin que ese sector esté en la mira de los funcionarios.

Un informe elaborado por Hugo Magonza, titular de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami), permite estimar que entre diciembre de 2018 y febrero de este año los medicamentos se incrementaron un 5258%, mientras que el IPC avanzó un 2894% y las cuotas de las prepagas (bajo regulación), un 2191%.

En ese período, los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses se reajustaron entre 943% y 1626%, con una fuerte pérdida del poder adquisitivos. Es un dato clave en los motivos de la reacción que tuvo el Gobierno en los últimos días (la mayor parte de las medidas judiciales contra los aumentos que se hicieron públicas fueron a partir de reclamos de jubilados).

Las deudas impositivas

Al aumento de costos se suman otros factores que afectan los números del sector, según apunta Cherro. El 1° de enero la Argentina dejó de estar en emergencia sanitaria, al menos según lo declarado por la normativa. Originalmente, tal estado de cosas había sido declarada de manera formal durante la crisis de 2001, y eso dejó a las instituciones prestadoras de salud, por más de dos décadas, al margen de sufrir ejecuciones de la AFIP por no cumplir con sus obligaciones fiscales.

El presidente de Adecra puntualiza que, a partir de la caída de la declaración de emergencia y según lo relevado por la AFIP, “5000 centros asistenciales, de un total de más de 25.000 que hay en el país” podrían ser ejecutados por sus deudas tributarias después del 31 de julio, una fecha que “está a la vuelta de la esquina”, advierte, sobre todo teniendo en cuanto que por ahora no hay diálogo del Gobierno con los directivos del sector.

La fecha mencionada es clave, porque mediante una resolución de febrero último, la AFIP dispuso postergar para después de esa fecha “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares” para un grupo de contribuyentes, entre los cuales están los prestadores de salud.

“En la prestación de salud están desde las grandes instituciones más conocidas, con miles de trabajadores, a los policonsultorios con dos personas; la mayor parte son pymes”, afirma Cherro, que señala que se está a la espera de poder hablar con las autoridades de la AFIP y que, además, se le envió días atrás una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, ante quien buscan exponer la situación de la actividad.

“Pedimos un alivio fiscal, porque somos el eslabón más importante y al mismo tiempo el más débil de la cadena”, agrega el directivo de la entidad de clínicas, que describe que, más allá de los recortes en los montos nominales de los aranceles, están las demoras con las que se cobra por las prestaciones. “Según la prepaga, el rezago puede ser de 30, 60, 90 y hasta de 120 días”. Demoras que, en sí mismas, implican un recorte significativo en un tiempo de alta inflación como el actual.

Mientras tanto, hubo medidas que, al revés de lo que se pide, incrementan la carga fiscal. Recuerda Cherro que en enero se cayó también la vigencia de una tasa reducida (para el sector sanitario) del muy cuestionado impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.

En la actividad, además, están atentos al impacto de otra novedad de estos meses: “Una clínica de la ciudad de Buenos Aires pasó de pagar $18 millones por la factura de electricidad a $50 millones”. Otro factor de encarecimiento del cual desde Adecra buscan hablar con Caputo.

Según un análisis realizado por Patricio Pasman, consultor de empresas del sector de la salud, si se observan los datos de las subas de cuotas de 13 prepagas grandes, la conclusión es que las que tienen mayor ocupación de camas propias por parte de su cartera (más internaciones en instituciones prestadoras de salud de su propiedad) aumentan más los precios que las que no tienen camas propias. “Es decir, las que estaban viviendo bien de cerca el problema [del encarecimiento de las prestaciones], al tener sanatorios propios, aumentan más que los que no los tienen”, señala Pasman.