Interna en la construcción: las empresas de los cuadernos quieren volver a dirigir la cámara

El GPS puso de moda un gerundio: "Recalculando". Al menos desde las elecciones de octubre esa palabra podría explicar lo que sucede en las oficinas de la poderosa Cámara Argentina de la Construcción. La mentada renovación del sector está a punto de quedar en la nada. Apenas algunos latidos se escuchan de aquella iniciativa que empezó después de que los principales empresarios del sector confesaron a coro sus pecados en la obra pública cuando la Justicia los llamó a declarar en la causa de los cuadernos.

Los constructores están divididos, y aunque ahora llegaron a una tregua, hay diferencias de fondo entre unos y otros. A grandes rasgos, hay dos grupos. El primero lo integran los que, muy en silencio y por debajo de la mesa, hacen una autocrítica sobre el rol que tuvieron en aquellos años cuando recorrían cocheras y oficinas para llevar dinero en bolsos o cajas para funcionarios oficiales. Esa línea, que hoy conduce la Cámara, con Julio Crivelli a la cabeza, quiere consolidar una renovación que empezó el año pasado, cuando la comisión directiva excluyó de los cargos a todos los empresarios que estaban procesados en la causa.

Del otro lado están los históricos, los que fueron invitados a decenas de actos públicos durante todo el kirchnerismo, que perdieron protagonismo y prestigio de la mano de sus confesiones judiciales y que ahora quieren volver. Con el cambio de gobierno en pocos días, algunos exdetenidos, y la mayoría procesados, sienten que llegó el momento de regresar a la antigua representación y, de paso, reivindicarse.

La vieja guardia tiene como candidato a Hugo Dragonetti, dueño de la constructora Panedile, un histórico del sector que estuvo preso un puñado de días en la causa de los cuadernos.

La pelea es por la conducción de la entidad. La Cámara tiene un presidente con mandato por un año. Justamente, Crivelli, un abogado especialista en obra pública que no tiene constructora propia, fue elegido en 2018 cuando los empresarios estaban en medio del fango judicial. La iniciativa entonces fue renovar el sector y abandonar las prácticas corruptas que ellos mismos reconocían en Comodoro Py. Entonces, la entidad excluyó a los empresarios procesados de su Consejo Directivo. Mientras, se desarrolló un nuevo programa de compliance, un plan que llevó meses de trabajo.

Si bien los mandatos son por un año –a Crivelli se le termina ahora en diciembre–, es regla no escrita en la Cámara que si el presidente lo quiere, se reelige por un período más. Pero las reglas están para cambiarlas, se dijeron los históricos. Apareció entonces una lista opositora a la actual conducción.

Cuentan en la Cámara que Dragonetti se postuló después de una reunión en la que varios empresarios se reunieron con Sergio Massa en la casa de Eduardo Eurnekian. Entre los presentes, además de Rafael Bielsa, hombre de Corporación América (el grupo que comanda Eurnekian), estaba el candidato a presidir la entidad. Empezó el operativo para volver a tener lo que los constructores ya denominan "Cámara Nac & Pop".

Inmediatamente, los partidarios de Crivelli, entre los que se encuentran las empresas más volcadas a las obras privadas y varios de los hijos de los dueños de las históricas, se pusieron en alerta.

Todos conocen las reglas de juego que se anquilosaron durante décadas, incluso en el seno de la Cámara. Allí, las fidelidades o traiciones se pagan caro a la hora de competir en licitaciones.

Con la convención del sector suspendida (por segundo año consecutivo), los principales empresarios focalizaron su energía en hacer lobby por la conducción. La puja se hizo evidente entre los "reformistas" y los que se sintieron desplazados por la ola de denuncias. Se empezó a sedimentar así la sombra del operativo retorno. Volvieron al ruedo nombres que estaban algo desautorizados: Esuco –la empresa del expresidente Enrique Wagner–, Rovella Carranza, Petersen, Pietroboni, Dos Arroyos, Marcalba, Concret Nor, Decavial, Sacde –la ex-Iecsa, de Ángelo Calcaterra–, Vial Agro, Fontana, Panedile, Vial Baires y Supercemento fueron algunas de las que apoyaron el regreso.

A ese grupo se sumaron varias delegaciones de provincias donde Panedile, la empresa de Drago, como le dicen sus colegas, es muy fuerte, como San Juan y Santiago del Estero.

Este grupo considera que con el peronismo en el poder deberían volver a tener a sus hombres más cercanos en la entidad. Los negocios, creen, fluyen en las afinidades. De hecho, Dragonetti y Eurnekian se frotan las manos con la posibilidad de reflotar la construcción de la represa de Chihuidos, una millonaria licitación hidroeléctrica en cuyo consorcio de constructores están Helport (Grupo Eurnekian), Panedile y Eleprint, la empresa de otro de los expresidentes de la Cámara, Gustavo Weiss.

Aunque es un protagonista de peso en el mundo de los constructores, de Dragonetti se conoce poco. Lo que sí resuena del empresario son aquellas palabras que le confesó a Claudio Bonadio, el juez que lleva adelante la causa cuadernos: "En diversas oportunidades me vi obligado a cumplir con las exigencias dinerarias del señor Clarens como condición para liberar los pagos de las certificaciones de las pocas obras a las que la empresa Panedile accedió legítimamente… Es decir, una vez liberados los pagos debía entregarle a Clarens una cantidad de dinero cuyo monto se correspondía con un porcentaje de lo percibido, pero que, en ningún caso, alcanzaba un 10 o un 20 por ciento de los valores de las obras… Las exigencias de Clarens eran muy firmes en este sentido: si no se pagaba no se cobraba", dijo el candidato a fojas 5171 y 5172 del expediente en el que se investiga la cartelización de la obra pública vial.

Dragonetti y sus seguidores no las tienen todas consigo. Hay quienes le recuerdan que Alberto Fernández tuvo una histórica pelea con su colega de gabinete Julio De Vido sobre algunas de las metodologías del extinto Ministerio de Planificación Federal.

Por ahora la "Cámara Peronista" o la "Nac & Pop" deberá esperar. Pese a que el mandato termina en diciembre, todos han acordado que siga en funciones hasta el 17 de marzo; esperan al menos unos meses para recibir alguna señal del nuevo poder. Unos quieren algo relativamente sencillo: un consejo directivo sin procesados por corrupción. Otros, el regreso de la vieja guardia. Si no hay acuerdo para esa fecha habrá elecciones y, por primera vez en años, es posible que haya dos listas en competencia.