Iron Mountain: el fuego se inició pese a que el depósito tenía cortados la luz y el gas

El incendio de Iron Mountain, el segundo en nueve años, que se produjo la semana pasada en el depósito que la compañía tiene en Barracas, todavía no terminó de apagarse, ni mucho menos la infinidad de suspicacias que desencadena: lo que se quemó ese lunes fueron las tres naves que se habían salvado de las llamas de la tragedia de 2014, que dejó 10 muertos, tiene 18 imputados y entra ahora en la etapa de juicio oral. El detalle más sugestivo es que la documentación que acaba de perderse es lo poco que, por orden judicial, permanecía intacto en las instalaciones: como si el segundo fuego hubiera sido la conclusión de una tarea premeditada.

Los bomberos dicen que el fuego del lunes está controlado, pero que llevará dos semanas terminar de apagarlo. ¿Alguien lo inició a propósito? Las sospechas vuelven a dirigirse al origen y a una supuesta motivación: esas paredes esconden información sensible de empresas y organismos oficiales. Hay, además, indicios que llaman la atención, pese a que la pericia todavía no empezó. El más relevante: según fuentes de la investigación, el inmueble, ubicado en Gaspar Jovellanos al 1300, no tiene conexión a los servicios de gas y electricidad desde hace 9 años, por lo que cualquier chispa se volvería improbable.

Hay otros elementos que también deben ser analizados con detenimiento. Por ejemplo, una pared “cortafuego”, como se conoce a esas edificaciones diseñadas a tales efectos, que tiene señales de haber tenido fuego de ambos lados. O un episodio detectado y presentado en la Justicia por Iron Mountain cinco días antes del siniestro, el 19 de abril: alguien entró en el depósito clausurado, rompió objetos y desacomodó y abrió cajas de cartón. ¿Había empezado la destrucción de pruebas? La empresa no puede acceder a esas instalaciones desde 2014. Sólo tienen llaves la comisaría del Barracas, el Juzgado de Instrucción N°18 y el Tribunal Oral. En el texto presentado, Guillermo Rivarola, María Vila Echagüe y Martín García Santillán, abogados de Guillermo Lockhart, entonces CEO, y Héctor García, responsable de Seguridad e Higiene de la multinacional, piden que se investigue qué pasó exactamente entre el 17 de marzo y el 18 de abril, fecha en que la proveedora Servicios Came SA entró para desratizar acompañada de personal policial y encontró signos de vandalismo. Hasta el 17 de marzo, última visita hasta entonces, había encontrado todo en condiciones normales.

La compañía dice que lo que haya pasado está fuera de su responsabilidad porque ya no tiene llaves. Como en 2014, los especialistas vuelven a descartar la casualidad. Edgardo Castro, por ejemplo, ingeniero en Seguridad Ambiental, testigo en la causa y ex inspector de la ciudad, que había pedido en 2008 la clausura del lugar porque advertía que no estaba en condiciones. “Lo del lunes fue un calco de lo que pasó hace 9 años. Y también fue intencional, pero se ve que lo armaron mejor porque esta vez no murió nadie”, dice a LA NACION.

Para la causa de 2014, cuya instrucción llevó adelante la jueza Fabiana Palaghini y entrará ahora en la etapa del juicio oral, se hicieron tres peritajes. Dos de ellos -uno a cargo de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, y el otro, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)- coinciden en que podría haber habido una mano con voluntad de daño. El de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en cambio, dice no tener elementos para esa conclusión.

Los resultados en favor de un atentado están basados sobre pruebas en algunos casos opuestas. Se determinó que el fuego se habría iniciado por transformadores ajenos a la empresa colocados en cajas de cartón y que, además, se les habría aplicado combustible para acelerarlo. Los informes agregan que incluso pudo haber sido encendido de manera remota. La Policía registró 13 aceleradores. La UTN, apenas uno y agrega que no podría determinar intencionalidad. Fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires recuerdan que los depósitos de agua estaban vacíos. Y que las alarmas, que eran de última generación, sí funcionaron. “Atención, fuego creciente”, decía la grabación, como en un Boeing 757 que se acerca peligrosamente al suelo. Pero el vigilador Oscar Alfredo Godoy, contratado por la empresa, apagó ese llamado de atención seis veces durante varias madrugadas. ¿Lo hacía para dormir porque sonaba siempre? Según la querella, por el cargo que ocupaba, Godoy, hoy imputado, tiene que haber sabido exactamente lo que estaba haciendo.

Iron Mountain es una empresa norteamericana con casa matriz en Boston. Fundada en 1951, tiene depósitos en todo el mundo y no es la primera vez que sufre incendios. Como en todos, en el de Barracas había también información sensible. Expedientes. Documentación de muchas empresas, instituciones y reparticiones del Estado. En la tragedia de 2014, que tiene 18 procesados, varios de ellos funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control de la ciudad de Buenos Aires, se quemaron 5000 cajas de archivos del HSBC, un banco que entonces estaba siendo investigado por lavado de dinero después de una filtración internacional, el Banco Patagonia, el BNP Paribus, Direct TV, e incluso la Policía Federal y los gobiernos nacional -entonces a cargo de Cristina Kirchner- y bonaerense -que conducía Daniel Scioli-. Ese mismo año, Carlos Gonella, jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunció que una de las cajas que había sobrevivido al incendio tenía documentación de Sideco Americana, empresa de los Macri.

La lista de clientes nunca se difundió completa. Mediante consultas, la Comisión Nacional de Valores detectó en su momento unos cuántos. Telefé, Banco Galicia, IRSA, Metrogas, Boldt, Finansur, Cablevisión. Iron Mountain dijo tener alrededor de 1000. Algunas se presentaron en la causa como querellantes y varias demandaron a la multinacional. Consultados, directivos del HSBC de entonces, contestaron que en la causa de lavado internacional que los involucró entre 2007 y 2010, se habían presentado siempre en los juzgados con la información requerida y no había faltado ningún documento. En la Argentina, los bancos están obligados por ley a guardar registros en papel durante diez años.

Las familias de los muertos de 2014 le pedirán a la Justicia que incorpore este nuevo incendio a la causa como agregación de prueba. “Es raro que esto haya pasado 20 días antes de que la causa fuera elevada a juicio”, dijo a este diario Liliana Baricola, hermana de Pedro Baricola, rescatista de Defensa Civil que murió en la tragedia. Liliana dice que las familias de las víctimas detectaron en los últimos años que tenían los teléfonos intervenidos.

Para el incendio del lunes pasado todavía no hay pericias porque, dicen los investigadores, eso debe hacerse con el fuego totalmente extinguido. Habrá que tener en cuenta algunos antecedentes de Iron Mountain en el mundo. El 12 de julio de 2006 se le quemó por completo un depósito de seis pisos en Londres. Un día antes, otro en Ottawa, Canadá, donde sí funcionó el sistema contra incendios. En 1997 había tenido tres incendios durante 12 días en instalaciones de Nueva Jersey, Estados Unidos, una de las cuales quedó totalmente destruida. Y lo mismo le pasó en Aprilia, Italia, el 4 de noviembre de 2011. Excepto en Ottawa, siempre se sospechó que el siniestro había sido intencional.

Son cuestiones que tal vez empiecen a develarse en el juicio. Lo transcurrido hasta ahora muestra que al menos se ha aprendido algo desde 2014. Esta vez, a diferencia de entonces, los bomberos no entraron en las instalaciones, sino que circunscribieron el área. Por eso no hubo muertos. Lo que sigue intacto son las dudan sobre todo.