Ley Bases: las nueve empresas privatizables recibieron transferencias del Estado por $2 billones en 2023

Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Intercargo y Radio y Televisión Argentina (RTA) son las empresas que quedaron en el listado de privatizables en el proyecto de Ley Bases, que ayer logró media sanción en Diputados y que ahora debe pasar por el Senado. A su vez, Aysa, Correo Argentino, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Corredores Viales también podrían ser vendidas u otorgadas a concesiones.

Todas ellas suman 76.071 empleados, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) actualizados al primer trimestre del año. Es decir, más de la mitad de los trabajadores de las empresas públicas no financieras del Estado nacional está concentrada en el grupo de compañías que el proyecto de Ley Bases determinó que son privatizables. Sociedad Operadora Ferroviaria es la firma con la planta de personal más grande: 23.670 personas.

A su vez, durante el año pasado estas nueve empresas privatizables recibieron más de $2 billones en transferencias de la administración central que equivalieron a 1,06 puntos del PBI, según datos de la OPC. Es decir, concentraron el 86,8% de todo el dinero que el Gobierno le giró a sus compañías en 2023. En este sentido, Enarsa fue la que más fondos recibió del Estado nacional durante el año pasado, al superar el billón de pesos, si bien cabe aclarar que la empresa tiene como principal misión comprar gas licuado para el invierno. La que menos dinero absorbió de la administración central fue Intercargo ($1358 millones).

Otro dato para tener una visión general de la situación de las nueve empresas privatizables del proyecto de Ley Bases es que seis de ellas tuvieron resultados financieros negativos el año pasado. Si se hiciera un balance sólo con estas nueve, los números arrojarían un rojo de $268.972 millones durante el ejercicio 2023. La OPC consigna que la compañía con el peor registro es Aysa. En contraposición, Correo fue la que mejor resultado financiero registró con números positivos por $8994,3 millones.

Estas cifras muestran una paradoja. Si bien el listado privatizador del proyecto de Ley Bases aprobado por Diputados es menor que el de la versión original que había confeccionado el Gobierno en diciembre, el impacto en las cuentas públicas y el universo de trabajadores implicados podría ser grande.

La empresa inició operaciones en 1950. En 1990 la empresa fue vendida a la estatal española Iberia (que adquirió el 85% de la compañía de cara a su futura privatización) y luego pasó a manos de Marsans en 2001. En 2008, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar todas las empresas del Grupo Aerolíneas Argentinas y, así, el Estado nacional volvió a tomar control de la compañía. Desde entonces, el Estado aportó 1,55 millones de dólares en promedio por día, un total de 8443 millones desde aquel 2008 hasta diciembre de 2022. Su eficiencia siempre fue materia de discusión en todos los arcos políticos. Por caso, según la Auditoría General de la Nación (AGN), en 2021 necesitó $200 millones diarios para funcionar. Sin embargo, hoy se encuentra en medio de un plan de reestructuración que incluye retiros voluntarios y reducción de frecuencias y destinos. Además, se analiza la posibilidad de vender algunas divisiones de la compañía.

Datos actuales de la compañía muestran:

• Empleados: 10.871
• El Gobierno le transfirió $40.500 millones en 2023. La empresa no recibió fondos del Ejecutivo hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $92.752 millones.

Obras Sanitarias de la Nación (OSN) es el nombre original de lo que hoy conocemos como Aysa. OSN nació en 1912 como la primera empresa nacional que se encargaba de los servicios de agua y cloaca. En 1993 se decretó la privatización de los servicios, por parte de Aguas Argentinas. El consorcio internacional liderado por la compañía francesa Lyonnaise des Eaux, parte del grupo Suez, ganó la concesión al ofrecer la menor tarifa por el servicio. Trece años después de su privatización, en 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato con Aguas Argentinas y creó Aysa, lo que significó volver a nacionalizar el acceso al agua potable y las obras de saneamiento.

El último informe de la Sindicatura General de la Nación muestra que la empresa no logra cubrir sus propios gastos. Incluso resalta su dependencia de las transferencias del Gobierno para poder solventar sus costos. De hecho, en 2021 sólo llegó a financiar el 45% de sus costos de financiamiento. Mientras todavía no se encuentran aprobados todos los balances de 2023, durante la gestión de Malena Galmarini se había aprobado un déficit de $80.000 millones para el año pasado. Algunos datos actuales de la empresa muestran:

• Empleados: 7634
• El Gobierno le transfirió $285.016 millones en 2023 y $11.602 millones hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $162.059 millones.

La compañía fue creada en 2004 durante la gestión de Néstor Kirchner en la Casa Rosada. En 2017, durante la administración de Mauricio Macri cambió su nombre y en 2022 volvió a llamarse Enarsa. Durante el año pasado ganó notoriedad con la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner.

Datos actuales de la compañía muestran:

• Empleados: 361
• El Gobierno le transfirió $1.128.808 millones en 2023 y $324.222 millones hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $3244,3 millones.

La principal empresa estatal del ferroviario es Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE), porque acumula la mayor cantidad de empleados, ya que brinda el servicio de trenes y, además, porque sólo en 2023 se reservó un presupuesto para subsidios de $265.833 millones. Algo así como un cuarto de billón para todo el período.

Algunos datos actuales de la empresa muestran:

• Empleados: 23.670
• El Gobierno le transfirió $620.429 millones en 2023 y $130.152 millones hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $2.179,5 millones.

El origen de la compañía data de 1972, cuando fue creada la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. En 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, se convirtió en una sociedad anónima. Cinco años después, se liquidó la firma y la concesión del correo quedó en manos de Sociedad Macri (Socma). En 2001 entró en concurso de acreedores con una deuda millonaria con el Estado. Dos años más tarde, Néstor Kirchner le rescindió la concesión a Socma y la empresa volvió a estatizarse. La Justicia investigó su quiebra y la negociación sobre la deuda que el Estado llevó con la empresa.

Algunos datos actuales de la empresa muestran:

• Empleados: 16.578
• El Gobierno le transfirió $84.466 millones en 2023.
• Este año la empresa no recibió fondos del Ejecutivo hasta el primer trimestre.
• En 2023 tuvo un resultado financiero positivo por $8.994,3 millones.

Radio y Televisión Argentina es la dueña de la Tv Pública y Radio Nacional. En el último tiempo ganó notoriedad en tribunales por una denuncia realizada por su entonces presidenta, Rosario Lufrano, tras el hallazgo de un bolso con $4 millones de pesos.

Algunos de los datos actuales de la empresa:

• Empleados: 2208
• El Gobierno le transfirió $34.347 millones en 2023 y $10.217 millones hasta el primer trimestre de 2024
• En 2023 tuvo un resultado financiero positivo por $178,9 millones.

Es una de las compañías administradas por Ferrocarriles Argentinos.

• Empleados: 4557
• El Gobierno le transfirió $35.852 millones en 2023 y $7864 millones durante el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $8512,1 millones.

Es la empresa estatal creada en 2017 para encargarse de la administración, explotación y prestación de servicios en el Acceso Riccheri a la CABA y los corredores viales que el Estado Nacional asigne. Ese mismo año, el Gobierno rescindió la concesión con Concesionaria AEC Sociedad Anónima, que luego dio lugar al funcionamiento de esta compañía pública. Sus datos actuales muestran:

• Empleados: 4098
• El Gobierno le transfirió $56.377 millones en 2023 y $7004 millones hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero negativo por $9542,8 millones.

Es una empresa dedicada al servicio de rampa en aeropuertos. Nació en 1961 como una sociedad anónima. A contramano de otros casos, en 1994 el Estado adquirió el 100% de sus acciones. Tiene concesión del servicio hasta 2030. Según el último informe de la Sigen sobre la compañía, hasta 2022 tenía equipamiento de más de 20 años de antigüedad que suponía riesgos en la seguridad operativa del servicio. Representantes del sector aeronáutico informaron que Intercargo habría invertido en sus equipos y así, eliminado dicho riesgo.

Algunos de sus datos actuales son:

• Empleados: 1537
• El Gobierno le transfirió $1358 millones en 2023.
• La empresa no recibió fondos del Ejecutivo hasta el primer trimestre de 2024.
• En 2023 tuvo un resultado financiero positivo por $144,8 millones.

Por Ignacio Grimaldi

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