Juicio por YPF: Preska aprobó un cronograma para debatir un eventual desacato de la Argentina
La decisión judicial habilita nuevas instancias procesales sobre mensajes y correos solicitados en el marco de un discovery; fuentes oficiales sostienen que el país cooperó con la Justicia estadounidense
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LA NACIONAgustín Maza
Un expediente paralelo al juicio multimillonario por la expropiación de YPF volvió a escalar en tensión en los tribunales de Estados Unidos. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el cronograma de presentaciones solicitado por los demandantes de la Argentina para avanzar con pedidos de sanciones por presunto desacato y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.
Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la decisión implica que la magistrada “está considerando seriamente las acusaciones contra el país” y que tanto el desacato como eventuales sanciones podrían resolverse en esa audiencia o en los días posteriores.
El conflicto se desarrolla dentro del proceso de discovery, un expediente que corre en paralelo a la causa principal por la estatización de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. En ese marco, la Justicia estadounidense busca determinar si existen bienes embargables de la Argentina o entidades que puedan ser consideradas alter ego del Estado —como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o la propia YPF— para garantizar un eventual cobro.
La causa madre ya cuenta con un fallo de primera instancia adverso al país. Preska determinó que la Argentina violó el estatuto de YPF durante la expropiación y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Petersen Inversora, por lo que ordenó el pago de una indemnización de US$16.100 millones más otros casi US$2000 millones en intereses. Esa sentencia fue apelada y ahora la definición quedó en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
El foco de la controversia actual está puesto en la entrega de documentación vinculada a las denominadas off channel communications, que incluyen chats y correos electrónicos de exfuncionarios y de actuales miembros del Gobierno. La orden judicial abarca desde mensajes de WhatsApp de funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes se negaron por ahora a entregar la información, hasta datos sobre activos que podrían ser objeto de embargo. Los funcionarios del equipo económico de Sergio Massa, incluido el propio exministro de Economía, tampoco cooperaron hasta el momento.
Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que la Argentina no está en desacato, que ya realizó entregas parciales de documentación y que se mantiene en cooperación con la Justicia estadounidense. Sin embargo, los demandantes sostienen que el país no cumplió plenamente con lo solicitado y propusieron el cronograma que ahora fue convalidado por la jueza. Según ese calendario, el pedido formal de sanciones podría presentarse el 15 de enero, con una respuesta argentina prevista para el 19 de febrero. Los demandantes tendrán una contrarréplica el 5 de marzo.
El expediente es impulsado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio tras comprar los derechos de las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi. Su representación legal está a cargo de los estudios Levine Lee LLP, King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick.
Este nuevo avance judicial se produce luego de un fallo favorable parcial para YPF. El 23 de diciembre, Preska suspendió una orden previa que habilitaba investigar activos de la petrolera con fines de embargo. No obstante, el clima de fricción se profundizó semanas antes, cuando la jueza cuestionó duramente los argumentos del país sobre la falta de acceso a documentación vinculada al swap con China, al considerar “ridícula” la idea de que la República no pudiera acceder a acuerdos firmados en su nombre.
Así, mientras sigue pendiente la definición de fondo en segunda instancia por la expropiación, el frente del discovery suma presión sobre la Argentina. La audiencia de marzo aparece ahora como un punto clave que podría acelerar consecuencias judiciales adversas si la jueza considera probado el incumplimiento.
