La desregulación económica va más rápido que la competencia

En los últimos 12 meses, el gobierno de Javier Milei derogó más de 150 medidas (leyes, decretos, resoluciones y disposiciones) con regulaciones económicas y comerciales que a lo largo de más de dos décadas –salvo el período 2016/19– forzaron a empresas de todo tamaño y actividad a ingresar en un intrincado y extendido laberinto de burocracia estatal, sin que aportasen beneficios a millones de consumidores.

Más bien podría afirmarse que, si hubo beneficiarios directos, fueron quienes idearon sistemas de información y controles de precios anacrónicos, absurdos o interesados; ya sea para justificar cargos políticos, crear estructuras administrativas a costa de los contribuyentes o “currar” con las trabas o sobrecostos que generaron y rara vez fueron denunciados judicialmente.

Aunque resulta prácticamente imposible resumirlas en un espacio periodístico, un repaso a vuelo de pájaro de las medidas derogadas –que a efectos legales seguían vigentes– se asemeja a recorrer las páginas de un libro con lo peor de la historia económica reciente. El común denominador era atacar los efectos de la creciente inflación, sin ocuparse de las causas fiscales y monetarias que la impulsaban.

El principio del fin de esta cuenta pendiente acaba de cumplir un año, cuando la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) –sobre la base del DNU 70/23– eliminó una primera tanda de 69 normas con el declarado propósito de reducir la burocracia, mejorar el comercio y fortalecer la competencia.

Algunas se remontan al período 1998/2003, con engorrosas exigencias de información que abarcaban desde entidades bancarias y financieras hasta escuelas y universidades privadas. Entre ellas, un acuerdo de 2002 con la entonces Cámara Argentina de Supermercados (CAS) para que cada martes informara los precios de un conjunto de productos con su variación semanal. Y la insólita resolución 52/02, que autorizaba a las empresas que habían informado precios de bienes y servicios a “comercializarlos por importes menores” (sic) para no violar la ley de Abastecimiento (1974), que hace solo un año dejó de existir.

La secuencia de medidas derogadas incluye varias dispuestas en el período electoral de 2023. Aquí sobresale el fin de las licencias automáticas y no automáticas para importar, los opacos permisos del SIRA y especificaciones técnicas obsoletas que encarecían importaciones y materiales de construcción. Pero además fueron eliminadas otras 43 normas previas de la era K, que permitían al Estado fijar precios (carne vacuna, papel para diario, TV paga, etc.), subsidios privados (trigo, aceites), intervenir mercados, derivar mercaderías sospechadas de dumping al “canal rojo” aduanero (2020) y crear observatorios nacionales de precios y hasta de cámaras empresarias (2021).

También quedaron sin efecto los diversos controles de precios (Máximos, Cuidados, Justos, etc.) que proliferaron durante y después de la pandemia de Covid, la extravagante Ley de Góndolas y regímenes informativos para etiquetas y rótulos de nuevos productos (Sifire) y precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios (Sipre). Todos surgidos en la gestión de Alberto Fernández, que catapultó la inflación a más de 210% anual.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, recuerda que durante muchos años “cuando había una política pública discutible y reticencia de algún sector a cumplirla, aparecía un régimen informativo de precios para condicionarlo”, aunque esa información quedaba cajoneada, no se utilizaba en la gestión pública ni llegaba al consumidor. En cambio, destaca la utilidad del SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de precios argentinos), la base de información de la SCI que cada día actualiza 12 millones de precios de 70.000 productos de consumo masivo. Desde 2024 fue abierta al público y puede ser consultada mediante smartphones. Además, señala que, en contactos recientes con empresas, muchas indican haber redireccionado personal dedicado a cumplir esos requisitos informativos a tareas más productivas.

En cuanto al servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo (Coprec), que operaba sólo en la CABA y fue disuelto hace una semana por decreto, precisa que en 2024 tramitó unos 65.000 reclamos ingresados a través de la Ventanilla Única Federal (VUF). En adelante serán atendidos por el área de Protección al Consumidor del gobierno de la Ciudad o por el sistema de conciliación “Mi reclamo”, que funciona dentro del Consejo de la Magistratura de la CABA, está informatizado y no tiene costo para el consumidor. “Los 304 conciliadores activos actuales tienen ahora la puerta abierta para ejercer esa tarea en la ciudad. En 2023, el costo operativo del sistema y de los honorarios cuando no se llegaba a acuerdos fue de $350 millones”, añade.

Blanco Muiño aclara que los consumidores son protegidos por la ley de Defensa del Consumidor, de alcance nacional, y hay oficinas de gestión en la Subsecretaría, provincias y municipios. También cualquier particular puede ingresar a la VUF para hacer su reclamo y la SSDC lo redirecciona a la autoridad local. De paso, recuerda tener en cuenta que nadie puede imponer al consumidor una compra o crédito que no haya solicitado ni prestado conformidad y que esas conductas comerciales o financieras son sancionadas por la ley.

Un caso particular es el de Flybondi. El funcionario revela que hubo reuniones con la compañía aérea para hacerle notar el altísimo nivel de reclamos por reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, para lo cual se le solicitó un plan de atención al cliente y tratamiento de reclamos. “Por ahora han sumado aviones a la flota y personal de tierra para agilizar el check in, aunque debe dirimirse si en estos casos se aplica el Código Aeronáutico o la ley de Defensa del Consumidor”, explica. La empresa argumenta que su actividad se rige por la primera de esas normas.

Ante una pregunta, diferencia las razones por las cuales creció la competencia entre grandes cadenas (supermercados, fast foods, electrodomésticos, farmacia y cosmética), que resulta casi nula en medicina prepaga y medicamentos con receta. En el primer caso, lo atribuye a que el mercado ha quedado liberado de todos los controles que distorsionaron el sistema de precios. “Ahora tienen que competir por calidad de servicio, atención al cliente y comunicación de ofertas y promociones, que culturalmente han sido incorporadas por el consumidor argentino y pasaron a ser parte de la gestión comercial de los proveedores. La estabilidad macroeconómica va a llevar a un mercado más competitivo, donde al consumidor se le va a hacer más fácil comprar al conocer y comparar precios”, afirma.

En el caso de las prepagas, tras recordar que atienden a unos 6/7 millones de personas, sobre una población total de 47 millones, señala que “bajar la inflación y mostrar un sendero de estabilidad va a fomentar la competencia entre las empresas. Actualmente hay una que comunicó a sus afiliados el congelamiento de precios durante todo este año. Y no está la Superintendencia de Salud para indicar cuánto tienen que aumentar cada mes y todas lo mismo, como si tuvieran la misma estructura de costos y los mismos proveedores”, concluye.

Como presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja apoya las medidas que pusieron fin a la injerencia estatal sobre la producción y los precios, pero advierte que hay por delante una tarea muy compleja de reducción de costos para generar competencia local y externa. “El entramado normativo es de tal densidad, que cuando se ataca una regulación quedan otras y se entroncan con escollos tributarios provinciales y municipales que requieren bisturí, como Ingresos Brutos y las tasas de Seguridad e Higiene (TSH)”, agrega. También señala que la industria compite con productos protegidos por medidas arancelarias europeas que entorpecen la exportación y se necesita equilibrar la cancha no sólo desde el punto de vista fiscal sino de las regulaciones del comercio internacional”.

Por su lado, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, diagnostica que la mayor libertad beneficiará a la economía en su conjunto. “Las regulaciones en la Argentina, al igual que los impuestos, se han ido acumulando por décadas como capas geológicas, en una verdadera maraña de trabas que es imposible corregir de un día para el otro. Es muy loable lo que hizo el Gobierno durante su primer año de gestión, con una velocidad y alcance que nos sorprendió a muchos”, subraya.

Aun así, considera que quedan aspectos por corregir. “En materia laboral, si bien se han producido mejoras, es necesario profundizar la modernización para alentar la generación de empleos, el crecimiento de las empresas y el progreso personal, clave para corregir los escandalosos niveles de pobreza que el país padece desde hace años”, afirma. Y agrega la necesidad de que provincias y municipios acompañen el proceso de reducción de la carga impositiva nacional y las desregulaciones. “Si reemplazamos una ley de góndolas nacional por otra provincial, poco será lo que cambie”, ejemplifica.

El presidente de la CAC observa mayor competencia en muchas ramas de la economía, que atribuye a la desregulación y la remoción de obstáculos a las importaciones de bienes y servicios. “Esto es bienvenido, pero resulta fundamental que se dé en simultáneo con la baja de la carga tributaria, para que las empresas argentinas no queden en desventaja frente a firmas externas por el simple hecho de estar sometidas a condiciones impositivas y regulatorias marcadamente desiguales”, concluye.

Ignacio Noel, principal accionista de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que nuclea a las empresas Morixe, CGC, Dapsa y Cerro Negro, pone énfasis en la relación entre la velocidad a la que se ajusta la economía para bajar la inflación y la necesidad de mejorar la productividad. “Con inflación de 200% no se podían limar costos; ahora, con precios más estables –agrega-, se puede pensar en cuántos insumos lleva cada producto. Bajar el precio es relativamente fácil con la economía abierta y el dólar ‘planchado’”. Pero advierte que el ajuste de costos ya no depende de los empresarios cuando éstos enfrentan juicios laborales, altos costos de fletes y otros servicios en dólares con sesgo antiexportador, más tasas municipales e impuestos provinciales. “Si un intendente impone una alta tasa de Seguridad e Higiene, la empresa no puede llevarse la fábrica a otro lugar. El costo argentino va en contra de una mayor eficiencia”, advierte.

Por Néstor O. Scibona

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