La difícil tarea de cumplir normas y gestionar riesgos a la hora de exportar

El informe "Report to the Nations", elaborado por la Asociación de Examinadores Certificados Antifraude de los Estados Unidos (ACFE por sus siglas en inglés), da cuenta de las colosales pérdidas que trae para los países el fraude y la corrupción. El reporte recopila información de 123 países y 23 industrias. En las agencias gubernamentales, el tipo de fraude más común es la corrupción pública privada. En América latina, se registraron, según el reporte, la menor cantidad de casos reportados (solo el 4% en a nivel mundial), pero la mayor cantidad de pérdidas a nivel gubernamental: US$862.000 millones.

Los países que eliminen la corrupción en la aduana podrán, según la OCDE, reducir entre un 11 y un 17% sus costos para exportar.

"Es reconocido a nivel mundial que la corrupción basada en pagos indebidos a funcionarios públicos es un tema muy complejo en las aduanas", afirma Pedro Serrano Espelta, socio de Marval O’Farrell Mairal, a cargo de la práctica de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones. "En los análisis de riesgo que tienen que realizar las compañías como parte necesaria de sus Programas de Compliance, si la operación de la empresa involucra operaciones de importación o exportación, entonces será necesario incluir mayores controles internos."

Según distintos especialistas, es bastante común que, utilizando la discrecionalidad que tienen para determinar cuándo un cargamento puede o no entrar al país, algunos funcionarios aduaneros utilicen sus facultades para, por ejemplo, demorar el ingreso de la mercadería.

En las importaciones, dependiendo del país, un funcionario de la aduana puede inspeccionar un container en un día o en dos semanas. El análisis de la documentación o de la mercadería puede demorarse innecesariamente y, mientras tanto, el importador tiene que pagar por el tiempo de espera del container en la aduana. Esto puede costar una fortuna. El funcionario aduanero suele tener discrecionalidad y a esto se suma que el expediente de importación, muchas veces, tiene que pasar por distintos sectores, con toda la burocracia que ello implica.

Imaginemos que se trae un container que llega al puerto el 1 de diciembre con objetos de decoración para navidad. Si no se retira en seguida, ese container no vale nada. Ni hablar de productos perecederos. Por otro lado, con la producción "just in time", que es cuando se van importando las piezas en la medida en que la producción o la fábrica lo requiera, si el empresario no pudo importar el tornillo que necesita para fabricar un auto, se detiene toda la producción. Es así que aparecen todos estos espacios de pagos indebidos, y de oportunidad de corrupción.

Según la OCDE, el 71% de los casos de corrupción aduanera a nivel mundial se dieron a través de los intermediarios.

Menciona Pedro Serrano Espelta que "cuando se liberaliza el comercio y se otorgan licencias automáticas para las importaciones se reducen los espacios de corrupción ya que disminuye la discrecionalidad de los funcionarios intervinientes. Cuando se agregan prohibiciones y hay más burocracia aumenta la discrecionalidad y por ende el riesgo de corrupción.

"Por otro lado, el riesgo de exportar suele ser menor que el de importar, porque los países suelen fomentar las exportaciones y por lo tanto liberalizan más las operaciones de exportación. En cualquier caso, las multinacionales, con embarques multimillonarios y gran exposición a leyes que penalizan los pagos indebidos a funcionarios públicos, deben adoptar programas de compliance efectivos para enfrentar estos riesgos", recomienda.

A nivel local, vale recordar que esta semana la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de 40 personas y 12 empresas por asociación ilícita y contrabando en la causa llamada "la mafia de los contenedores". Como consignó LA NACION, los jueces destacaron que más de 500 operaciones ilegales investigadas no pudieron hacerse "sin la participación culpable" de los funcionarios de la Aduana procesados.

Leyes internacionales

Lo cierto es que no solo las leyes a nivel nacional afectan a los empresarios y sus transacciones, sino también las leyes a nivel internacional. "Las leyes de comercio internacional son muy complejas", asegura Mariela Melhem. socia del área Corporativo y Cumplimiento Normativo de Mitrani Caballero & Ruiz Moreno. "Cada empresa tiene que hacer su propio análisis de las leyes que podrían afectar su negocio e industria, realizando una evaluación de los riesgos. Entre ellos, jurisdicciones donde opera, el volumen de sus transacciones, productos controlados, tipos de clientes, proveedores, etc. Es conveniente que las empresas actúen en forma preventiva para evitar riesgos de incumplimiento, daños económicos, financieros y reputacionales",

Para Carlos Rozen, socio de BDO, el Global Trade Compliance (GTC). implica "tener conocimientos de procesos de importación y exportación, de las distintas legislaciones aplicables y de los diferentes riesgos involucrados en operar fuera de la ley".

La leyes internacionales que tienen incidencia en las transacciones comerciales que se hacen desde la Argentina "son muchas y algunas de ellas complejas. El tema es un constante blanco en movimiento. Los requisitos que necesitan los bienes para salir de un país o para llegar a otro, sumado a reglas adicionales que aplican en el extranjero puede resultar abrumador. Es mucha información, más aún para organizaciones que operan en distintas partes del mundo. Pero es necesario estar al día para evitar errores u omisiones con consecuencias importantes", agrega Rozen.

Explica Liliana Arimany, una argentina radicada en España que es directora global de Compliance de Ceva Logistics, que "éstas regulaciones alcanzan no solo a importadores y exportadores, sino a todos los actores del comercio exterior, incluidos fabricantes, vendedores, compradores, despachantes de aduana, transportistas de cualquier medio (aéreo, marítimo o terrestre), embarcadores y demás proveedores de servicios logísticos, bancos, etc. En una transacción de comercio exterior, todos están sujetos a algún tipo de regulación. Las regulaciones aplicables son como mínimo las de 2 países (origen y destino) pero podrían ser las de muchos más que tengan jurisdicción legal sobre la transacción" .

Comextech

Se sabe que el exceso de burocracia suele llevar a la corrupción, que intenta, a modo de justificación, saltear los obstáculos para poder lleva adelante un negocio. El antídoto para la burocracia, que hace que los procesos sean lentos y muchas veces poco transparentes, es la tecnología

Para Rozen, es importante comenzar a abandonar las planillas de cálculo como medio de control. "La complejidad que requiere realizar todos los chequeos necesarios hacen que la tecnología comience a jugar un papel preponderante. Estamos viendo ya primeros casos muy interesantes de lo que podríamos llamar "comextech" (tecnología aplicada al comercio internacional), donde el blockchain comienza a perfilarse como el escribano digital de contratos inteligentes que resguardan de manera segura e inalterable registros de sucesos, transacciones y hasta resolución de conflictos". Rozen también sugiere incorporar herramientas de automatización para la búsqueda de información como legislación, listas de sanciones aplicadas, expedientes electrónicos y el uso de analytics.

Sanciones

"Resulta de suma importancia que las empresas realicen un mapeo de riesgos de sanciones a la exportación a los Estados Unidos y a la Unión Europea si tienen operaciones o actividades vinculadas a países con sanciones o restricciones comerciales (entre ellos Rusia, Venezuela, Irán, Siria, Cuba, Iraq,)", comenta Mariela Melhem.

Agrega que "en el caso particular de los EEUU, su cumplimiento se torna importante dada la amplitud del alcance extraterritorial de su normativa (aplicable aun cuando no hay un nexo con los EEUU) así como el alto grado de cumplimiento exigido por las autoridades".

Entre las sanciones por incumplimiento de la normativa de los EEUU, "se incluyen multas monetarias civiles y penales gravosas, embargos y confiscaciones de bienes, investigaciones y auditorías por parte de las autoridades, pérdida de accesos a mercados financieros, pérdida de beneficios o privilegios de importación/exportación, inclusión en listas de entidades o personas sancionadas y hasta pena de prisión por hasta 20 años".

Liliana Arimany, agrega que el precio de no cumplir conlleva costos y riesgos infinitamente mayores tanto para las empresas como para las personas involucradas. "Tan sólo en el año 2019, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), oficina de control de activos extranjeros de los Estados Unidos, lleva recaudado en concepto de penalidades y acuerdos civiles más de 1.200 millones de dólares. En síntesis, en el juego del comercio exterior, conocer las reglas y saber cómo cumplir con ellas es sólo el punto de partida", apunta.

"En el último año, se han incrementado las investigaciones y sanciones por parte de las autoridades y agencias gubernamentales de los EEUU, así como los acuerdos concluidos entre las empresas y las autoridades para el pago de multas civiles y penales, luego de que las empresas se avinieran a cooperar con las autoridades y comprometerse a adoptar programas de cumplimiento de la normativa de sanciones económicas y controles a la exportación", agrega Melhem. Como ejemplo, dice que "si un banco estadounidense o su sucursal extranjera (banco del vendedor) participa en la operación de cobro de una operación de exportación y detecta la participación de una entidad sancionada por la OFAC. tiene obligación de bloquear los fondos. "Esos fondos serán prácticamente imposibles de recuperar por el vendedor", advierte.