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La economía, subordinada a la campaña electoral
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Desde que Cristina Kirchner habló en el estadio único de La Plata –hace poco más de un mes–, las expectativas económicas para 2021 se oscurecieron notoriamente. No sólo por sus embates contra la Justicia en sus causas de corrupción, sino porque dejó en claro que el manejo de la economía estará subordinado hasta octubre a las necesidades políticas de la campaña electoral del heterogéneo Frente de Todos
El economista Carlos Leyba escribió tras ese discurso que CFK conduce "un gobierno ex post facto", con marchas, contramarchas y contradicciones, que asimila a los planteos militares en los gobiernos civiles de 1958,1963 y fin de 1974 –con debilidad política de origen–, aunque hace la salvedad de que Arturo Frondizi contaba con un programa de desarrollo que permitió concretar varias transformaciones estructurales. "Las cartas (de la vicepresidenta) y el acto (de La Plata) son copia de aquellos planteos: advertencias en voz alta de quien puede disparar porque eligió (al Presidente) y eso se lo permite", agregó.
Entre las rectificaciones ex post que alteraron las expectativas figuran, en los últimos 30 días, el aumento anulado para la medicina prepaga, topes a las tarifas de energía y telecomunicaciones y la intervención en el mercado del maíz. A ellas acaban de agregarse las prórrogas de la prohibición de despidos y suspensiones (con monto fijo para la doble indemnización) y del valor de los alquileres. La consigna oficial parece ser "no hacer olas" desde el arranque del año electoral.
En el ajedrez político de Cristina, donde cada movida significa capturar "cajas" y/o controlar organismos clave (como ya ocurrió con la Anses y el Ministerio de Vivienda, que sumó al PAMI, la AFIP, los entes reguladores de gas y electricidad y la Secretaría de Comercio Interior, entre otros), su última jugada fue el reemplazo en la presidencia de YPF del economista Guillermo Nielsen por el diputado santacruceño Pablo González.
Este legislador, de línea directa con Máximo Kirchner, fue vicegobernador hasta 2019 y aspira a suceder a Alicia Kirchner en 2023 después de dos mandatos consecutivos al frente de la provincia, donde rige la ley de lemas. Quizás ahora pueda entenderse mejor por qué en el controvertido impuesto a las grandes fortunas– que en teoría apunta a transferir recursos desde los más ricos a los más pobres afectados por el Covid, aún está sin reglamentar y no fue incluido en el Presupuesto 2021–, se destinó la mayor porción individual de la recaudación (25%) a proyectos gasíferos de la petrolera con mayoría estatal.
Pero, además, este movimiento estuvo rodeado de otros ribetes incomprensibles. Uno es el timing. Nielsen (ex secretario de Finanzas de Roberto Lavagna) había lanzado hace dos semanas el canje voluntario de la deuda financiera de YPF en moneda extranjera (US$6200 millones) sin quitas ni pago de intereses hasta 2023. Y aunque informó vía Twitter que se ocupará de la operación mientras permanezca en el cargo, el Gobierno ya pidió su placet como embajador en Arabia Saudita.
Esta combinación hizo que las acciones (ADR) de YPF se desplomaran en Wall Street y redujeran la valuación bursátil de la compañía a US$1700 millones. A tal punto que el ministro Martín Guzmán debió desmentir las versiones sobre una estatización total de la petrolera, horas antes del rebote que las retrotrajo al bajo valor del miércoles.
Otra cuestión, más de fondo, es que la negativa reacción de los mercados demostró que el criterio aplicado por Guzmán para el canje de deuda soberana no puede replicarse con las deudas corporativas. Máxime cuando la reestructuración de YPF solo se apoya en la circular del BCRA que obliga a las empresas a refinanciar las deudas para acceder al restringido mercado oficial de cambios y preservar sus reducidas reservas líquidas. Aquí, el cepo cambiario volvió a jugar una mala pasada. Hay quienes conjeturan ahora que el desafío de Nielsen en Riad sería negociar una alianza estratégica para inyectar petrodólares saudíes en inversiones conjuntas con YPF.
Como en el período 2012/2015, la energía vuelve a ser el talón de Aquiles para la macroeconomía. La intención de CFK de imponer un tope de 9% –nunca desmentido-para los ajustes de tarifas después de casi dos años de congelamiento, choca contra el objetivo de Guzmán de mantener este año los subsidios en 1,7% del PBI para la energía y 0,5% en el transporte (igual que en 2020), para encarar el acuerdo con el FMI sobre la base de un déficit primario de 4,5%. De ahí que se especule con que el 9% sería un promedio, que implicaría ajustes segmentados desde cero hasta dos (o tres) dígitos para las categorías de mayor consumo independientemente de su nivel de ingresos. Por ahora su instrumentación es una incógnita. El ENRE acaba de convocar a las empresas de distribución y transporte de electricidad para iniciar un "procedimiento de adecuación tarifaria transitoria", hasta que se alcance un acuerdo de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) de 2017 que el ente regulador busca anular e incluirá audiencias públicas, por lo cual se descuenta que llevará varios meses.
En el caso del gas natural, la cuestión no es menos compleja. Con la demora de la puesta en marcha del Plan Gas con precios sostén en dólares para aumentar la producción y la anunciada reducción de la oferta exportable de Bolivia, el Gobierno enfrentará un doble dilema para atender la mayor demanda de los meses invernales. Antes deberá decidir si contrata el regreso a Bahía Blanca del buque regasificador de gas natural licuado (GNL) para importarlo a US$7/7,5 por millón de BTU o sustituirlo parcialmente por combustibles líquidos para generación eléctrica a un costo equivalente al doble, que debe subsidiar Cammesa. La primera opción implicaría un desembolso no inferior a US$500 millones, pero crea el problema político de traer un buque que Mauricio Macri había despedido en 2018 con bombos y platillos. Por eso se explora la alternativa cosmética de importar GNL regasificado desde Chile, que hace años debe comprarlo en el mercado internacional después de que en la era K la Argentina le cortara abruptamente sus envíos a través del mismo gasoducto debido a la caída de la producción.
Aun así, el problema central sigue siendo la inflación, que el Gobierno busca disimular con controles que resultan tan ineficaces como los que se aplicaron en los últimos meses para mantener el distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) ante el coronavirus y generan una creciente distorsión de precios relativos (regulados y libres),
En un artículo publicado en la revista del Ieral, titulado "Cepos y estanflación, las dos caras de la misma moneda", el economista Jorge Vasconcelos sostiene que los controles de precios y de cambios, junto con la creciente interferencia del Estado, no resultan una garantía para el éxito electoral, como ocurrió en 2013 y 2015, aunque este tipo de política puede ser funcional al objetivo de "retener votos propios", si logra evitar fogonazos de dólar e inflación antes del test de octubre. Sin embargo, sus "efectos colaterales" (brecha cambiaria, tasas de interés negativas) distan de constituir un modelo de crecimiento, ni alcanzan para disparar el volumen de inversiones que requiere la economía.
"A medida en que la actividad económica tiende a normalizarse –agrega–, la tasa de inflación núcleo pasó de un promedio de 2,5% mensual en el tercer trimestre a 4,1% en el cuarto, con 4,9% en diciembre. El efecto rezagado de la emisión monetaria y diversos mecanismos indexatorios hacen presumir que en la primera parte de 2021 habrá de fluctuar en torno de 4% mensual. Intentar ‘administrar’ la estanflación es un contrasentido. Sólo puede ser percibido como un plan de cortísimo plazo hasta las legislativas de octubre. Pero las decisiones de los agentes económicos se toman pensando en ‘el día después’. Mientras tanto, con una crisis social al límite, la Argentina necesita políticas de Estado que empiecen a canalizar desde ‘ayer’ las energías productivas del país".
