Según lo declarado oficialmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye referencias al desempeño esperado de los gobiernos provinciales y también a la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos. El déficit cero se deberá alcanzar en cada uno de los Estados provinciales. Por otro lado, se ha hecho saber que éstos no deberán esperar en el futuro la garantía de un "piso" en los fondos coparticipados provenientes de la Nación. Estas definiciones son lógicas si se pretende asegurar un comportamiento de las provincias compatible con el compromiso estricto de sostener la solvencia fiscal.
Las reacciones de los gobernadores ya se han hecho sentir: alegan que sus provincias de ninguna manera podrían soportar una reducción de las partidas dada la situación social existente. Este tipo de reacción muestra claramente que, para ellos, el gasto público no tiene relación con la contrapartida de extraer recursos de sus gobernados. Esta es la consecuencia de un régimen que permite que en su conjunto las provincias sólo cubran con recursos propios el 40% de sus gastos, y que en veinte de ellas esa proporción esté por debajo del 30%.
El fuerte crecimiento del gasto público provincial en los últimos diez años no encuentra justificación suficiente en la transferencia de escuelas u hospitales nacionales ni en el aumento de otras prestaciones sociales o económicas. De hecho, la inversión pública provincial se ha reducido así como se han deteriorado la calidad del gasto y sus resultados.
La realidad es que ha habido un aumento injustificado del empleo público por razones políticas, sumado a la proliferación de privilegios y clientelismo. Dentro de este cuadro hay desvíos en el buen sentido, como los de San Luis, La Pampa o Santiago del Estero, o en el mal sentido como la provincia de Buenos Aires. Un diagnóstico similar podría extenderse a los municipios, donde en general ha sido aún mayor el crecimiento de los llamados gastos de la política. Más allá del acuerdo con el Fondo, la imprescindible consecución de la solvencia fiscal impone acciones inmediatas en dos frentes: 1) Reformas administrativas en todos los gobiernos provinciales y municipales, y 2) la modificación del régimen de coparticipación federal.
La Nación deberá marcar el rumbo de la reforma administrativa, a saber: cambio en las reglas laborales e introducción de incentivos, reducción de niveles administrativos, supresión de funciones innecesarias o tercerizables, eliminación de superposiciones, informatización, auditorías externas, reducción de estructuras y cargos con mecanismos de ayuda personal y reinserción laboral. Deberán fijarse plazos para estas reformas dentro de un pacto federal de extremado rigor.
La modificación del régimen de coparticipación debe orientarse a que la responsabilidad de gastar se equipare en la mayor medida posible con la de recaudar. En ese sentido apunta la propuesta de FIEL, similar a la del Consejo Empresario Argentino, de asignar impuestos a la Nación de manera que ésta recaude sólo en la medida de su propio gasto, para permitir que las provincias en su conjunto y con un fondo de redistribución entre ellas, recauden con su esfuerzo la totalidad del gasto provincial. El desborde fiscal enfrentaría así a los gobernadores con sus gobernados o con sus pares, impulsando una autocorrección que hoy no existe.
