La paradoja de un país pobre, provincias ricas y una campaña millonaria

Una economía estancada y con una inflación galopante representa un desafío electoral mayúsculo para cualquier oficialismo. Los caudillos provinciales lo saben. No sólo han decidido en su mayoría separar sus comicios de la elección nacional, sino que han puesto a funcionar su creatividad para que la crisis al menos no se coparticipe tanto.

En muchas provincias, de hecho, comenzó a gestarse una suerte de “plan platita 3.0″. La Provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe fueron las pioneras. Con sus billeteras electrónicas –Cuenta DNI y Billetera Santa Fe, respectivamente–, los gobiernos de Axel Kicillof y de Omar Perotti están ofreciendo en estos días a sus habitantes reintegros por compras que pueden sumar en caso de una familia de dos personas adultas y un hijo hasta $ 48.500 por mes, según promociona en su Web el mismo Banco Provincia, encargado de la gestión del negocio. En el caso de Santa Fe, el reintegro es de hasta $5000 por mes por persona.

De la mano de los bancos del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, Entre Ríos y San Juan son las últimas en aparecer en el mercado con sus billeteras. Las provincias no sólo buscan llegar a un público joven, hoy desencantado con el status quo, sino también aprovechan para fomentar así el consumo en sus propios distritos. Para el contribuyente, al menos, queda el consuelo de que su dinero tiene un destino más trasparente (el aporte de Marcos Galperín, –fundador de Mercado Libre y de la billetera Mercado Pago, la pionera del país– a la política argentina no se circunscribe al macrismo).

En esta campaña, sin embargo, el “plan platita 3.0″ será apenas uno más, dado que la vieja política no desaparecerá, sino que coexistirá con las nuevas tecnologías. Varios empresarios pueden ya dar fe de ello. Aunque cada uno tiene su favorito entre los precandidatos, es todavía la etapa de repartijas salomónicas.

Aunque hay excepciones. El sindicalista Luis Barrionuevo ya blanqueó que el ministro del Interior, Wado de Pedro, es su dilecto para la carrera presidencial. “Pónganle una ficha a Wado”, pidió la semana pasada en el asado que organizó para otros varios popes sindicales en un hotel 4 estrellas que su gremio tiene en Mar del Plata. Ese respaldo se dio casi en paralelo a que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Justicia laboral fallara a su favor en la disputa que mantiene con su ex cuñado, el también sindicalista Dante Camaño, por el control de la seccional Capital Federal de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), la seccional más potente que tiene el gremio en términos económicos.

“El gremialista gestiona la campaña presidencial del ministro, y De Pedro le aseguró el fallo de la Cámara, dada su ascendencia sobre la jueza Gabriela Vázquez, con quien comparte línea política en judiciales y reporta a La Cámpora”, denunció abiertamente Camaño, en diálogo con el diario Perfil. La presidenta de la Cámara, la jueza Gabriela Vázquez, había sido presidenta del Consejo de la Magistratura en 2014, gracias al respaldo del kirchnerismo. La defensa de Camaño ya pidió su recusación. Es de esperar que el conflicto escale en estos días hasta la Corte Suprema.

No será la única cuestión que deberá dirimir el Máximo Tribunal. También la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo promete ir hasta las últimas instancias para intentar frenar el reciente ingreso de dos nuevas ART al sistema: Andina (propiedad de Enrique Pescarmona, que se resiste a la jubilación) y Smata ART, del sindicato de mecánicos. Ambas incorporaciones se aprobaron el año pasado, aprovechando un lapso de 24 horas, que fue lo que demoró la Justicia en notificar la Superintendencia de una cautelar iniciada por la industria. Lo llamativo es que la misma Super había incluso sacado una resolución ese mismo año postergado cualquier habilitación nueva, hasta tanto la industria no hubiera superado el impacto de los gastos por el Covid, para evitar una competencia desequilibrada en un negocio extremadamente regulado. La industria todavía le reclama al Estado una deuda de $ 50.000 millones por los gastos del Covid, que el Gobierno de Fernández se había comprometido a compensar.

Más presión

Los sindicalistas, como los gobernadores, cumplen un rol clave en las elecciones. Muchos de ellos además esperan medir su poder en alguna lista. Por eso parece difícil que mansamente acepten el pedido de Sergio Massa de alinear sus paritarias a la pauta de inflación del 60% contenida en el presupuesto. Docentes nacionales ya consiguieron 43,9% para el primer cuatrimestre. Mientras que Sergio Palazzo, el líder de la Bancaria, uno de los gremios más cercanos al kirchnerismo, estaría por conseguir que los bancos se hagan cargo en parte del impacto que el Impuesto a las Ganancias tiene sobre los salarios de los empleados.

“El Banco Nación ya tendría la aprobación política para avanzar, lo que obligaría a todos los privados. Otros públicos, como el Ciudad, ya lo hacen desde 1968″, aseguró un banquero que participa de las negociaciones. Claro que, también en este caso, se negocia con creatividad, para no atacar de lleno el relato del Ministro de Economía. La idea original era plantear el pago de los descuentos de Ganancias como una suerte de bono no remunerativo. De esa manera, los bancos privados, además, podrían dejar abierta la puerta para volver a ponerlo sobre la mesa de negociación ante un nuevo contexto político. Pero la propuesta fue rechazada por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Teme que todos los otros gremios pidan un bono compensatorio también.

Por eso, en su lugar, los bancos buscarían ítems del salario libres de Ganancias para compensar –bono de productividad, viáticos, uniforme– el impacto del impuesto y ayudar a recomponer los salarios netos, aunque sería por única vez. Futuros conflictos en los que se relame el fuero laboral.

Palazzo necesita sumar victorias, aunque más no sean de corto plazo. Sabe que su poder se diluye ante el avance de la digitalización de la banca. Ya intentó –sin demasiado éxito– que el Banco Central (BCRA) obligue a los bancos a contratar más gente, e incluso pidió que haya una vuelta generalizada a la presencialidad. Las acciones de fuerza tienen todavía menos impacto con una presencialidad a medias. Según datos del BCRA, la dotación de personal bancario bajó de 103.515 en diciembre de 2020 a 98.653 apenas un año y medio más tarde.

En Juntos por el Cambio, en tanto, se tomó la decisión de empezar a unificar el discurso económico de cara a las elecciones. La interna se peleará a fondo, pero no tanto en el ámbito de la economía. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron encomendarle al diputado y economista Ricardo López Murphy la tarea de ordenar el discurso de los equipos que hoy encabezan, sobre todo, Hernán Lacunza (Larreta) y Luciano Laspina (Bullrich). “En realidad hay más coincidencias que diferencias. Por qué dejar que nos ataquen diciendo que no hay plan si en mucho estamos de acuerdo”, se sinceró uno de los economistas de la oposición. Con López Murphy a la cabeza, la idea es realizar encuentros cada 10 días para intercambiar opiniones. Uno de los puntos en los que hay consenso es que, de llegar a la presidencia, habrá que encarar un ajuste fiscal inmediato. Para ello, está claro que habrá que apuntar inmediatamente a los subsidios económicos (mediante una fuerte suba de tarifas) y al gasto social, básicamente, jubilaciones y planes sociales. En Juntos por el Cambio buscarán empezar a instalar una reforma previsional gradual, que no sólo eleve paulatinamente la edad jubilatoria sino también que reconozca a aquellos que cumplen con los años de aportes al sistema.

Está claro que los números, por más cosmética o ajuste fiscal que se haga, no cerrarán si no se avanza en grandes reformas. El ministro Sergio Massa lo está comprobando en carne propia. Los números fiscales de febrero vienen tan malos como los de enero. Sin dólar soja, el desvío de la meta fiscal establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue proyectándose en un punto del PBI. La meta de reservas internacionales luce aún más lejana.

Massa tiene previsto reunirse el sábado en Bengaluru, India, con la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, en el marco de la cumbre de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales. Aunque no está confirmado, es posible que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, sea de la partida. En paralelo, Leonardo Madcur (jefe de asesores), Eduardo Setti (secretario de Finanzas) y Lisandro Cleri (director de Banco Central) viajaron a Washington para llevar adelante conversaciones con los técnicos del Fondo. Massa busca volver con la aprobación de la revisión del acuerdo al último trimestre de 2022, y habiendo sentado las bases para una renegociación de las metas trimestrales (no las anuales). Algo de oxígeno para un año que ya se vislumbra movido, y eso que la campaña recién comienza.