Las 10 propuestas de las empresas de Estados Unidos en el país para el próximo gobierno

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) emitió este lunes un comunicado en el que enumeró, con la mira puesta en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, 10 propuestas que - según la entidad- el próximo gobierno debería priorizar para reencausar el país tanto a nivel económico como político y social.

“AmCham Argentina resalta la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación, para hacer de Argentina un país viable. Estas medidas deberán establecer un marco propicio para el incentivo a la inversión privada, el incremento de la producción y los servicios, el aumento del empleo privado formal, la disminución progresiva de los niveles de pobreza y la integración de nuestra sociedad”, aconseja el documento al comenzar.

“Estamos convencidos que estas propuestas garantizarán el desarrollo sostenible del país para nuestras futuras generaciones, en especial para los sectores más vulnerables. Para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de su sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes sobre los que se construyan un proyecto común de sociedad”, aclara luego.

Y cierra con un pedido: “Desde AmCham Argentina solicitamos al próximo Gobierno que priorice las iniciativas aquí propuestas y se aboque a la búsqueda de consensos para resolver los problemas estructurales que hoy afectan a todos. Una vez más insistimos en que una eficiente articulación entre el sector público y privado es la única manera de alcanzarlo, y por ende estamos dispuestos a contribuir en la construcción de políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que necesitamos”.

Una por una, las 10 propuestas de Amcham para una “Argentina viable”

• Un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo. Con políticas de Estado que promuevan la inversión, mejoren la competitividad para aumentar el empleo, terminen con la pobreza y la exclusión social y encaminen a la Argentina en la senda del desarrollo sostenible.
• Reconstrucción del funcionamiento de una sociedad basada en valores y en los principios de honestidad y de integridad. Una ética republicana del Estado focalizada en observar el cumplimiento de la ley, respetar la división de poderes garantizando la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, rendir cuentas de la gestión, y en establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la información pública, garantizando la libertad de prensa.
• Rol de un Estado eficiente y centrado en respetar la forma representativa republicana y federal de gobierno, resguardando la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes. Proveer a la prosperidad del país, a su progreso económico y humano, intervenir en la modernización de su infraestructura, asegurar la soberanía monetaria, y en desarrollar y potenciar al sector privado, promoviendo el funcionamiento de mercados transparentes, y la libre decisión empresarial evitando así intervenciones distorsivas e innecesarias.
• Implementación de un plan de estabilización macroeconómica, que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos de la economía, implemente políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación y contengan la emisión monetaria, y presupuestos que garanticen el superávit fiscal. Es necesario restablecer las condiciones para normalizar el stock de créditos comerciales y financieros, la reinserción financiera internacional y la sustentabilidad de la deuda pública interna y externa. En resumen, implementar políticas de responsabilidad fiscal y de reglas monetarias sustentables.
• Una reforma impositiva y laboral a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de equiparar derechos y obligaciones, simplificar procesos, eliminar impuestos y gravámenes distorsivos, y adecuar la regulación a los modelos laborales del siglo XXI; creando un entorno basado en los principios de equidad y progresividad.
• Medidas concretas para reducir la informalidad laboral e impositiva, a través de controles sistémicos y efectivos. En simultáneo, reducir la abrumadora carga fiscal que pesa sobre el sector formalizado de la economía, en particular la pequeña y mediana empresa. El ejercicio de controles eficaces, combinados con esquemas laborales e impositivos flexibles, simples y equitativos, permitirá aumentar los recursos fiscales del Estado, mejorar la competitividad del sector privado y fortalecer el crecimiento de la actividad económica y del empleo.
• Revisión de los esquemas de incentivos y promoción al comercio exterior, focalizados en aquellos productos o servicios innovadores y con claras ventajas competitivas. Apertura e integración inteligente a un mundo globalizado e interconectado, mediante la implementación de nuevos acuerdos comerciales sustentables.
• Eliminación inmediata de los esquemas que encarecen, restringen o prohíben las exportaciones, así como las importaciones de nuestros insumos o productos, preservando el respeto a la propiedad privada y el ámbito propio de las empresas. Es fundamental que exista un esquema económico que permita que los precios de los bienes y servicios de nuestra economía se construyan sin injerencias arbitrarias del Gobierno y en un marco empresarial competitivo.
• Preservación del derecho a la salud de todos los habitantes, pero a través de una reforma integral del Sistema sanitario, que permita potenciar la red pública de atención, dando máxima prioridad a la atención primaria y estableciendo medidas concretas para garantizar la sostenibilidad en la atención de las enfermedades crónicas. Que articule jurisdicciones basado en el concepto federal de gobierno y promueva incentivos para integrar eficazmente los sistemas públicos con los privados, maximizando recursos y haciéndolos económica y financieramente viables y sustentables.
• Mejorar fuertemente la calidad educativa según estándares internacionales, garantizar una sólida formación cívica realizando la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, de la capacitación y las prácticas docentes y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en la sociedad del conocimiento y su integración social. Asimismo, promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva. Esto supone, dotar de recursos al sistema educativo para que desarrolle una infraestructura y una gestión eficiente, permitiendo remunerar dignamente a sus maestros y profesores.