Jubilaciones y Leliq: a cuatro años de una vacía promesa, los haberes pierden 30% de su poder de compra

“Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq que está pagando la Argentina todos los días”. En julio de 2019, Alberto Fernández se mostraba como quien le había encontrado la vuelta al desafío de mejorar las jubilaciones. Su promesa de aumentar los haberes un 20% el mismísimo 10 de diciembre de ese año se podría cumplir, según dijo, porque él haría una opción: “Entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”, dijo, en referencia a las entidades financieras, que son tomadoras de la letras emitidas por el Banco Central (las Leliq). Fue una de las consignas más resonantes de la campaña electoral de cuatro años atrás, en la cual el ahora presidente saliente era candidato a asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo por decisión de la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner.

A fines del año en el que se escucharon esas declaraciones, cuando quien las hizo se puso la banda presidencial, el stock de letras de liquidez (Leliq) y pases remunerados del Banco Central (es decir, la deuda que genera intereses) era de $1,17 billones, una cifra equivalente al 4,5% del PBI, según datos basados en información oficial que aportó a LA NACION Andrés Borenstein, docente en la Universidad Di Tella y economista de Econviews. Gestión del actual gobierno mediante, el monto llegó en septiembre último -a poco más de un año de Sergio Massa como ministro de Economía- a $21,4 billones, algo más del 10% del PBI. Así, el stock se multiplicó por 18,3, al tiempo que los precios al consumidor se multiplicaron, en promedio, por 8. Y, a causa de esa inflación y de la insuficiencia de la fórmula de movilidad aprobada por la actual gestión para la actualización de los haberes, las jubilaciones perdieron hasta el mes pasado hasta 30% de su poder de compra.

Los intereses de la deuda del Banco Central (los que, según la promesa, iban a reducirse para pagar mejores jubilaciones) equivaldrán este año, en tanto, al 6% del PBI, mientras que en 2019 habían representado el 3,2%, según los cálculos de Borenstein. Este año “se van a gastar en esos intereses tres puntos más del PBI, lo que equivale a más del 40% del gasto previsional del sistema nacional”, dice el economista.

Lo ocurrido con las jubilaciones, con una inflación que en los últimos doce meses fue de 138,3%, se percibe en los bolsillos. Pero hay datos que permiten expresarlo en números. Mientras que no hay disponible otro financiamiento, se emite dinero para financiar al Tesoro, y parte de los pesos son absorbidos por la autoridad monetaria vía emisión de deuda, que toman los bancos con recursos de los depósitos a plazo fijo de empresas y ahorristas particulares.

Lo ocurrido con las jubilaciones, por su parte, con una inflación que en los últimos doce meses fue de 138,3%, se percibe en los bolsillos. Pero hay datos que permiten expresarlo en números. Mientras que a inicios de 2022 los intereses devengados cada mes por la deuda del Banco Central representaban el 34% de lo asignado por el Gobierno a pagar las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo de la Anses (incluyendo bonos), en septiembre de este año la primera cifra equivalió al 149% de la segunda, según datos elaborados por Jorge Colina, economista de la consultora Idesa, con información del Banco Central y de la Secretaría de Hacienda. El monto de los intereses fue el mes pasado de $1,65 billones y el de las jubilaciones, de $1,104 billones.

Desde mayo, la cifra de los intereses es, cada mes, superior a la destinado al pago de las prestaciones jubilatorias que, en el período de 20 meses considerado por Colina perdieron nada menos que un 21% de su poder de compra. Sí se logró superar levemente la inflación, en ese lapso, con el bono de $37.000, vigente entre septiembre y noviembre de este año, pero el derecho a cobrarlo solo le fue asignado, discrecionalmente, a quienes tienen el haber mínimo.

Está claro que la fórmula de movilidad vigente desde 2021 no resulta suficiente para compensar la suba de los precios, más allá del hecho de que, en tiempos de inflación acelerada y sin días de descanso, se otorgan recomposiciones cada tres meses. Además, los haberes arrastran el daño causado por la suspensión del mecanismo automático de reajustes en 2020. El problema de fondo, claro, es la inflación, que en el último año de la actual gestión terminará con un índice que multiplica por tres al que se había registrado en 2019.

Variaciones dispares

Entre enero de 2020 y septiembre de este año las jubilaciones subieron nominalmente (según sus montos en pesos, no corregidos por inflación) entre un 471%, en el caso del haber máximo, y un 522%, si se mira el ingreso mínimo, sin bono. En igual período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento que fue mucho mayor, de 713%; el valor de la Canasta Básica Alimentaria (usada para medir la indigencia), avanzó un 849%, y el precio de la Canasta Básica Total (que define el umbral de la pobreza), un 720%, siempre según los datos del Indec.

¿Cómo se reflejó eso en los bolsillos? Un jubilado que en 2019 cobraba el equivalente al haber mínimo multiplicado por dos, tiene ahora un ingreso que es, en términos reales, un 27% más bajo que el de cuatro años atrás. Cobraba antes $28.136 y percibe ahora $166.665 -un 492% más, en cantidad de pesos-, que le alcanzan para comprar un 73% de lo que adquiría en 2019.

Otro ejemplo: para alguien que cobraba hace cuatro años el mínimo multiplicado por tres y que hoy tiene, por tanto, un haber bruto de $245.870, la pérdida del poder de compra superó el 28%. Es decir, puede adquirir un 72% de lo que podía comprar cuatro años atrás.

En el caso del haber máximo del sistema, hoy de $588.521, la caída del poder de compra llega al 30%. Es decir, con ese ingreso se puede comprar hoy -si se toma como referencia el IPC del Indec, que es la inflación promedio de la economía- un 70% de lo que era posible adquirir con el haber mensual de diciembre de 2019, de $103.064.

En el caso de quienes tienen el haber mínimo, si se incluye el refuerzo de $37.000 (dispuesto para septiembre, octubre y noviembre, mientras que no se sabe qué ocurrirá después), lo percibido es un 785% más alto que lo cobrado en diciembre de 2019, lo cual permite una leve recuperación del poder de compra, muy lejos de aquel 20% prometido, y que solo se da si se hace la comparación de punta a punta (en el medio, hubo meses con caída del valor real de los ingresos). Y si la comparación se hace tomando en cuenta el incremento que tuvieron los precios de los alimentos básicos, entonces, incluso con el bono incluido, hoy el poder de compra de quienes cobran el haber básico es un 7% inferior.

Para los jubilados que, por los aportes que hicieron, cobran más que el haber mínimo, la relación que había en 2019 de tantas veces ese valor básico no se mantuvo, a causa de la decisión del Gobierno de achatar, en 2020, la pirámide de ingresos, otorgando reajustes más bajos cuanto más altos eran los haberes. El efecto de la distorsión generada se potenció en el último año, porque se dieron bonos compensatorios solo a un grupo, mientras que la inflación afecta a todos.

La política oficial, de hecho, provoca situaciones en las cuales, por haber aportado más, ahora se cobra menos. Por ejemplo, con un haber bruto de $133.000 (un 52% mayor al mínimo) se cobra en mano un importe de $127.644, mientras que alguien con el haber mínimo, de $87.460, suma el bono de la Anses y la ayuda alimentaria del PAMI (otorgada a quienes tienen un ingreso de hasta $131.190), y percibe en su bolsillo un total de $136.836. Es decir, con un haber bruto mensual superior en $45.540, se termina cobrando, en mano, $9192 menos.

¿Por qué la promesa de suba a los jubilados fue de 20% y no de otro porcentaje? La cifra coincide de forma aproximada con la caída de poder de compra de los haberes entre octubre de 2017 y diciembre de 2019, una pérdida que fue superada por el gobierno de Alberto Fernández. Octubre de 2017 fue el mes posterior al último en el que se aplicó la vieja fórmula de movilidad (que rigió entre 2009 y 2017 y que definía reajustes semestrales); diciembre de 2019 fue el último mes de vigencia de la modalidad de recomposiciones aprobada en el gobierno de Mauricio Macri.

Mientras que en 2018 y 2019 el índice de la ley votada en 2017 llevó a perder poder de compra, para 2020 determinaba una suba de haberes superior a la inflación (la movilidad acumulada en el año daba 42,1%, y los precios subieron 36,1%). Pero ocurrió que, apenas asumió, Fernández mandó un proyecto al Congreso y logró que se dispusiera la suspensión de la fórmula. Ese año se dieron subas por decreto, decididas de manera discrecional, que fueron más bajas que las surgidas de la fórmula suspendida y también menores que la suba de precios. En diciembre de 2019 y enero de 2020 hubo bonos, pero solo para el haber mínimo y de carácter temporal.

¿Y qué pasó mientras tanto con las Leliq? “El crecimiento del stock tiene dos explicaciones; una es la inflación –describe Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y director de Econviews–. Hoy se ve un crecimiento enorme en términos nominales, pero en los últimos dos años el stock se mantuvo más o menos constante en términos de relación con el PBI [ahora es algo mayor]”. La segunda causa del crecimiento, agrega, es la intervención monetaria del Banco Central, que ocurre cuando se emite una cierta cantidad de pesos y se absorbe luego una parte con instrumentos como Leliq y pases. El problema de fondo, sostiene, está en el déficit fiscal y en el hecho de que los inversores lleven el dinero a otras opciones y no a financiar al sector público, lo que convierte al Banco Central en prestamista de última instancia, que compra bonos del Estado.

Una bola que se hace más grande

El mayor stock hace que se devenguen más montos por intereses, algo que también depende de la tasa. Según afirma Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, eso no necesariamente implica un gasto efectivo mensual. “Cada mes se colocan letras por montos superiores a lo que vence; entonces, se absorben pesos y el pago de intereses no se realiza”, explica.

El problema se da hacia adelante: “Como son pesos que potencialmente se emitirán en el futuro, eso hace que la tasa de inflación futura sea mayor, y, expectativas mediante, la tasa es superior hoy”. En 2019, dice el economista, el monto emitido cada mes también era mayor que el de los intereses y, por eso, la propuesta de pagar jubilaciones no tenía sustento.

El desafío que se plantea recurrentemente es el de cómo desarmar “la bola de Leliq”, por lo que podría implicar a futuro. “La tasa de interés hoy es negativa –fue hasta hace unos días de 118% nominal anual y subió a 133%, con lo cual es menor a la inflación –y, con eso, se va licuando la deuda; las Leliq son un problema, pero no un problemón”, dice Borenstein. Lo que ocurra dependerá de un eventual plan de estabilización para reducir el déficit y la inflación.

“Si se devalúa en el marco de un plan que genere cierta credibilidad, y no como devaluó Sergio Massa el día posPASO, la demanda de dinero debería crecer, y los bancos no comprarían Leliq, porque le prestarían plata a sus clientes, que la necesitarían para hacer cosas”, afirma Borenstein. Eso provocaría, agrega, que el stock de letras y pases empiece a caer en un proceso gradual. “Hacer pelota las Leliq no es la solución, porque detrás están los plazos fijos”, agrega.

Caamaño considera que lo que pase de aquí en más dependerá mucho del factor político. Los candidatos que siguen en carrera, dice, deberían explicar qué van a hacer y cómo, porque hoy el escenario lleva a que las personas y las empresas busquen cubrirse contra una mayor desvalorización del peso. Javier Milei, según evalúa, tiene “una plataforma desestabilizante para la demanda de pesos y cuanto menos claro sea cómo va a dolarizar, más querrán cubrirse los agentes”, señala. Y Massa, “con toda la irresponsabilidad fiscal [que demostró], podría jugar en igual sentido, más aun cuando no tiene una propuesta de cómo salir del laberinto en el que ayudó a meternos”.

La meta de anclar expectativas es una meta que requiere, según los economistas, un plan de estabilización. Y ese plan debe ser tal “que el ajuste no llegue a un punto de licuación de ingresos que se lleve puesto el contrato social”, según define Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go.

La licuación de las jubilaciones es un hecho que comienza a generar reclamos en la Justicia, algo no menor. Vale recordar que parte de la política previsional de Néstor Kirchner como presidente, cuando Massa dirigía la Anses, consistió en congelar, aun con inflación, los haberes de muchos jubilados (solo se reajustaba el ingreso mínimo). Hubo quienes perdieron hasta el 40% de su ingreso real, y eso terminó en una judicialidad récord contra el Estado por parte de los perjudicados, con demandas que también tenían como causa el cálculo deficiente del haber inicial. Dos fallos emblemáticos de la Corte Suprema (Badaro y Elliff) ordenaron luego reparar las jubilaciones y repudiaron aquella política.

Pérdida acumulada

¿Y ahora? “Si alguien se jubiló en diciembre de 2017 con un haber de $17.543, equivalente a 2,4 veces el mínimo de entonces, hoy cobra $200.000; si la cifra inicial se ajustara por inflación, el ingreso sería de $328.000, con una diferencia de 64%”, afirma el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, que analiza que ese recorte supera la pérdida sufrida entre 2002 y 2006, que motivó el ya citado fallo Badaro.

En los últimos meses, dice el profesional, “con los decretos que otorgan bonos a una parte de los jubilados, el Poder Ejecutivo reconoce que la movilidad fue insuficiente para cubrir la inflación”. Agrega que, al ser selectivas, esas medidas dejan “desguarnecidos a quienes aportaron”. La gran mayoría de quienes cobran el haber mínimo se jubiló por moratoria, tras no haber cumplido con los 30 años de aportes exigidos por ley, algo que debería interpelar a la política desde el punto de vista de las necesidades de cambios laborales y previsionales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, aun con el bono y con las prestaciones dadas de alta por una nueva moratoria, en septiembre el gasto en jubilaciones fue, corregido por inflación, un 5,1% menor que el del mismo mes de un año atrás.

“El ajuste fiscal lo hace hoy la inflación, pero no se va a poder seguir licuando las jubilaciones”, señala Dal Poggetto. Y agrega: “En el fondo, se requieren reformas, como la laboral, para bajar la evasión; mientras haya un mercado de trabajo en el cual, de 22 millones de personas que integran la población activa, 6 millones son empleados formales del sector privado y 3 millones empleados del sector público, no hay forma de sostener un sistema previsional contributivo y solidario; hay un problema con el contrato social”. La diferencia entre el número de personas en la población activa y el de asalariados registrados se explica, principalmente, por los informales y los cuentapropistas que sí están registrados, pero que hacen aportes considerados bajos, en relación con los de los dependientes y con los que se necesitan para sostener los pagos del régimen jubilatorio.

Un gran desafío para cuando baje la inflación estará dado por el hecho de que el gasto previsional tenderá a subir, por cómo se calculan las subas por movilidad. Eso generaría una recuperación del poder adquisitivo, pero, a la vez, alimentaría el déficit, que está en el origen de la inflación y de las Leliq. La salida del laberinto no parece tan simple como pretendía hacerle creer a los votantes el candidato de 2019, que deja la Presidencia con una inflación interanual que triplica a la que había cuando asumió y con jubilaciones que valdrán menos del 70% de lo que valían entonces.