Jubilaciones e inflación: cuánto cae el poder adquisitivo de los haberes y cómo se profundizan las distorsiones

Un jubilado del sistema general de la Anses con un haber bruto actual de $174.000, cobraba entre diciembre de 2022 y febrero de este año un ingreso neto mensual de $102.242 (sin contar el aguinaldo, en el caso de fines del año pasado); esa cifra incluía un refuerzo de $7000. En septiembre y también este mes, el importe que llega al bolsillo de esta persona, que ya no percibe el bono, es de $166.184. La cantidad de pesos es un 62,5% mayor, pero, con una inflación acumulada en los primeros nueve meses del año de 103,2%, lo cobrado el mes pasado alcanzó para comprar solo un 80% de lo que podía adquirirse en diciembre de 2022, si la comparación se hace considerando la evolución del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Dicho de otra forma, en lo que va del año (sin contar, en rigor, la primera quincena de octubre) el ingreso perdió un 20% de su poder de compra.

Según el informe difundido el jueves último por el Indec, la inflación de septiembre fue de 12,7%, en tanto que acumuló un 103,2% desde enero, y un 138,2% en el período de los últimos doce meses. En tanto, el índice de movilidad previsional, dispuesto por una ley que rige desde 2021, determinó un reajuste para las jubilaciones que acumuló un 74,5% desde el inicio del año.

La brecha entre ese reajuste de los ingresos y la suba que tuvieron los precios según el dato del organismo de estadística, permite concluir que hubo una pérdida de poder de compra, en nueve meses, de 14,1%. En los últimos doce meses, en tanto, la caída del valor real de los haberes por la aplicación de la fórmula de movilidad fue de 15,3%.

Pero esas conclusiones son válidas para los jubilados y pensionados que no cobran bonos ahora, ni los percibieron tampoco en meses anteriores. Hay grupos de jubilados que perdieron más que eso, en tanto que quienes tienen el haber mínimo cobran ahora, en bruto y con bono incluido, un 107% más que a fines de 2022, un porcentaje que supera levemente a la inflación del período, de 103,2%.

Ocurre que, más allá de los efectos perjudiciales de la inflación, que se profundizan en los meses en que no hay reajuste por movilidad (las recomposiciones se dan, porque así lo dispone la ley, en marzo, junio, septiembre y diciembre), lo cierto es que la política del Gobierno distorsiona cada vez con mayor fuerza la pirámide de ingresos. Hoy hay quienes, con haberes brutos más altos –por haber aportado más durante su vida laboral– reciben en mano importes más bajos que quienes tienen la jubilación mínima (que, en la gran mayoría de los casos, accedieron a la prestación por un plan de moratoria).

Por ejemplo, con un haber mínimo –que es de $87.460– se percibe este mes, sumado el bono de $37.000, un monto neto (luego del descuento para financiar la obra social) de $121.836. Si se trata de una persona afiliada al PAMI, se suma otro refuerzo de $15.000, lo que da un total de $136.836. Sigue siendo, claro, un ingreso muy bajo en función del costo de vida.

Pero, ¿qué pasa si al jubilarse alguien obtuvo un ingreso mayor, en función de los aportes que hizo durante su vida laboral? Con un haber bruto de $133.000 (un 52% mayor al mínimo) no se cobran bonos, por decisión del Gobierno, y el ingreso de bolsillo es de $127.644. Es decir, se cobra $9192 menos que teniendo la mínima, incluso si la persona está afiliada al PAMI. Esto es así porque el Gobierno dispuso que, con un ingreso de ese monto, no se percibe ni el refuerzo de la Anses (que es de $37.000 para el haber básico, y de importes más bajos en el caso de quienes cobran entre el mínimo y $124.460), ni el bono alimentario del PAMI, que tiene como requisito tener un haber mensual de hasta $131.190.

Ambos adicionales, más allá de su diferente naturaleza, fueron anunciados por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de su campaña como candidato a presidente por el oficialismo, y del llamado “plan patita”. Son importes no incorporados al haber mensual, por lo que pueden dejar de ser abonados luego del período para el cual se establecieron.

Dadas esas distorsiones, la situación de los jubilados en cuanto a qué está ocurriendo con sus ingresos en términos reales (es decir, corregidos por inflación) varía en función de si son beneficiarios de bonos, si lo fueron y ya no lo son (como es el caso del ejemplo citado en el primer párrafo), o si nunca los recibieron. El pago de refuerzos es continuo desde septiembre de 2022, y surgió por la insuficiencia de la fórmula de movilidad para garantizar que no se deteriore el poder adquisitivo de los ingresos. Sin embargo, pese a que la suba de precios tiene un efecto generalizado, desde su origen la política de bonos no abarcó a todos los prestatarios.

Hasta agosto pasado, quienes cobraban hasta el haber mínimo multiplicado por dos percibían un bono de refuerzo. Desde septiembre, pese a la aceleración de la inflación, hay un grupo antes incluido que dejó de cobrar el extra; se trata de quienes tienen actualmente un haber bruto entre $124.461 y $174.920. El refuerzo que en su momento anunció la Anses y que no tiene descuento –sí lo tiene el haber propiamente dicho, y el destino del dinero es el PAMI– es, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, de $37.000 para quienes cobran el haber mínimo, y del monto que haga falta para llegar a $124.460 en el caso de quienes cobran más de $87.460 y hasta $124.460. Por ejemplo, con un haber bruto de $100.000, el adicional es de $24.460.

El achatamiento de la pirámide provoca que vayan disminuyendo las diferencias entre los ingresos cobrados por unos y otros jubilados, al mismo tiempo que se va perdiendo poder adquisitivo. Es decir, la política decidida por el Gobierno no implica garantizar el valor real de los haberes mensuales y, a partir de allí, redistribuir, sino que todo ocurre en un escenario de caída del valor real de las jubilaciones. La cuestión ya comenzó a generar reclamos en la Justicia.

Ese causal de litigios de jubilados contra el Estado se suma a otro, también originado en las políticas del actual Gobierno. Se trata del efecto de la suspensión del mecanismo de movilidad durante todo 2020, algo que le permitió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hacer un ajuste a la baja en las jubilaciones. Mientras que la fórmula suspendida determinaba para ese año una recomposición de haberes de 42,1%, en la práctica se otorgaron subas por decreto, que acumularon entre 24,3% y 35,3%, y que se ubicaron por debajo de la inflación de ese año, de 36,1%.

Por Silvia Stang

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