Ley de alquileres. Cómo se están haciendo los contratos tras su sanción

Si bien por el decreto 320, que se publicó en marzo pasado, todos los contratos de alquiler que vencían desde entonces hasta el 30 de septiembre se prorrogan por la cuarentena por el Covid-19, hay muchos propietarios e inquilinos que están firmando renovaciones con el sistema de aumentos escalonados hasta que se reglamente la nueva ley.

En cuanto a los nuevos contratos, ya hay algunos que incluyen una actualización por inflación y salarios, mientras que otros se aplazaron a la espera de la publicación de la norma.

"Por lo pronto, el decreto 320 dice que todos los contratos se prorrogan hasta el 30 de septiembre, si bien hay inquilinos que prefirieron sacarse el problema de encima y ya han firmado renovaciones, aunque no es obligatorio hacerlo. En cuanto a la nueva ley, no sabemos cuándo la van a publicar en el Boletín Oficial, cuándo va a estar la reglamentación y si va a estar a cargo de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores o del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat así que, mientras tanto, todo sigue igual y los acuerdos que se alcanzan son entre privados", dijo a LA NACION Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores de la Ciudad (Cucicba).

En los hechos esto se traduce en actualizaciones semestrales que van del 15 al 20%. Lucila L. está negociando continuar alquilando un departamento de dos ambientes en Villa Urquiza por el que pasaría a pagar $20.000 (venía pagando $13.000) con una actualización semestral del 18%. En cuanto a la actualización del depósito, dijo que acordaron realizarla en tres cuotas.

"Tenemos buena relación con el propietario y prefiere que nos quedemos a que nos vayamos en este contexto que es un lío, pero el tema es el aumento. No queda claro cada cuánto y cuánto aumentar", señaló Lucila.

Sofía P. ella dueña de un departamento de dos ambientes en la zona del Abasto. Arregló una renovación de alquiler por $17.000 con una actualización semestral del 17% y tenía previsto firmar contrato lo antes posible, antes de que salga la ley.

"Se están firmando contratos porque la ley no es retroactiva, sino que regirá hacia adelante cuando se publique. No sabemos si esto será en 10 días o en octubre, cuando venza el congelamiento. Por lo poco que hablamos con algunos propietarios, no estaban muy tranquilos con el tema porque la rentabilidad sigue siendo la más baja (2,5% anual) y pasar a un esquema de contratos a tres años con ajustes obligatorios va a hacer que los valores queden aún más desfasados. Preocupa también que el depósito sea de solo un mes para hacer frente a lo que reciben al cabo de los tres años, entonces no saben si seguir alquilando con este esquema o vender el departamento y hacer otra cosa", explicó Dina Crusizio, directora de Residencial Recoleta de L.J. Ramos.

Mientras tanto, dijo que los contratos que se firman son con el sistema escalonado y que los propietarios tienen cierto apuro en hacerlo antes de que salga la ley en el Boletín Oficial. Sin embargo, Crusizio señaló que no hay mucho movimiento, ya que no hay mercado porque recién esta semana se pueden mostrar propiedades y solo aquellas que se encuentran vacías.

Por otro lado, Marcelo Di Mitrio, de Di Mitrio Inmobiliaria, contó que reprogramaron una firma de contrato de alquiler hasta que la ley entre en vigencia por decisión del inquilino y no registraban aún ningún retiro de oferta.

"Desde el viernes estamos enviando correos informando a todos los involucrados en un futuro contrato de locación que nosotros tomamos las reservas en las condiciones que traíamos del pasado, pero que, si al momento de la firma del contrato, está vigente la nueva ley, tendremos que atenernos a ella y les explicamos los puntos salientes, como la extensión del plazo, la modificación del monto del depósito en garantía y fundamentalmente lo que tiene que ver con el ajuste", puntualizó.

Más allá de esto, según otro caso que llegó a este diario María Clara F. está firmando un contrato de alquiler por un departamento de tres ambientes en San Fernando por $27.000 con un aumento atado 50% a la inflación y 50% a salarios, como dispondría el nuevo índice, aunque con una vigencia de dos años en lugar de tres.

Por María Julieta Rumi

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