Los "fondos buitre" quieren negociar un acuerdo con el Gobierno para cobrar

La audiencia convocada ayer en el despacho el juez de Nueva York Thomas Griesa para determinar si la Argentina está en desacato por haber anunciado que planea cambiar el domicilio de pago de los bonos se canceló a último momento.

Y aunque los motivos no se comentaron abiertamente, dos fuentes ligadas al caso indicaron que se abrió una instancia de negociación por pedido de los "fondos buitre".

Uno de los empleados del juzgado de Griesa confirmó temprano que la audiencia se llevaría a cabo, tal como informó ayer LA NACION.

Luego comenzó a circular la versión de que el encuentro se suspendía. Antes del mediodía, desde el propio tribunal de Griesa confirmaron esta cancelación.

"Las partes están solucionando las cosas entre ellas", fue la escueta explicación que recogió LA NACION de fuentes judiciales de Nueva York.

Esta explicación coincide con el ánimo de los bonistas más agresivos, que, pese a contar con una sentencia firme de segunda instancia a favor, volvieron a expresar por lo bajo su intención de negociar un acuerdo con la Argentina para cobrar.

Aunque los fondos NML, Aurelius y Blue Angel ya tienen un fallo de la Cámara de Apelaciones en cuanto al fondo de la cuestión (la violación de la cláusula de pari passu ) y al monto de pago (100%), han expresado por canales informales que están dispuestos a acordar un monto con una quita respecto de los US$ 1333 millones -más intereses- que pretenden cobrar. Los "fondos buitre" ponen como condición para aceptar una quita que la Argentina se siente a negociar y no siga con sus enunciados unilaterales.

Desde el Gobierno, calificadas fuentes respondieron a LA NACION que "no hay ningún margen político ni jurídico para negociar nada por fuera de la oferta de canje efectuada a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010".

"En nada cambió la estrategia política de no negociar más allá de los términos del canje, y eso es lo que también se le expresó a la justicia norteamericana", agregó la fuente.

Sin embargo, dado que los camaristas que dictaron el fallo del viernes pasado consideraron que la reapertura del canje no satisfacía los derechos de los demandantes, los "fondos buitre" volvieron a plantear este escenario.

Así, podría plantearse un acuerdo a mitad de camino entre las aspiraciones de los fondos litigantes y del Gobierno, que, al menos en lo formal, no parece dispuesto a entablar un canal alternativo de diálogo.

No se trataría de una novedad, ya que desde que se desató el litigio el equipo del magnate financiero Paul Singer intentó buscar vías de acercamiento. En concreto, en 2008 el manager del fondo NML-Elliot, Jay Newman, estuvo en el país negociando con un calificado equipo de la Casa de Gobierno y del Ministerio de Economía sobre las chances de terminar con este pleito.

Newman, abogado que antes de estar en NML manejó la oficina de mercados emergentes de las firmas Shearson Lehman Hutton y Morgan Stanley, estuvo en un encuentro reservado acompañado por los economistas que manejan la estrategia financiera de este agresivo fondo.

En ese momento, la tentativa fue rechazada por la presidenta Cristina Kirchner por su sensación de que el Gobierno obtendría fallos favorables en la justicia de Estados Unidos en el caso del pari passu , algo que no ocurrió en primera instancia ni en la Cámara de Apelaciones.

Ahora, aunque los fallos fueron en favor de los "fondos buitre", el Gobierno cree que sigue contando con el tiempo a su favor: el viernes que viene pedirá la revisión del último fallo a la propia cámara; luego, tendrá otras dos semanas para pedir el mismo trámite ante un plenario de camaristas.

Casi convencido de que ambas solicitudes serán rechazadas, al Gobierno aún le queda la instancia de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, dentro de tres meses.

Así, casi se llegaría al año próximo y, en ese entonces, el máximo tribunal norteamericano podría pedir la opinión del procurador general del gobierno de Obama, lo cual demoraría el trámite unos meses más.

También puede ocurrir que el alto tribunal deseche en forma inmediata estudiar el caso argentino, dado que ya está estudiando otros dos expedientes sobre el país: el caso del Discovery de las cuentas del Banco Nación y el de British Gas.

Sin embargo, los "fondos buitre", como expresó el abogado Marco Schnabl, pueden seguir ganando causas, pero seguirán sin cobrar si no llegan a un acuerdo con la Argentina, al no existir activos comerciales que puedan embargar.

Audiencia pendiente

En el caso del pari passu , la intención de los demandantes es demostrar que, con el anuncio presidencial del lunes pasado de cambiar el lugar de pago de los bonos de Nueva York a Buenos Aires, el Gobierno estaría desobedeciendo la orden de Griesa y de la Cámara de 2012 de no alterar los mecanismos de pago.

"La audiencia se va a hacer, aunque no está claro cuándo", indicó una fuente que participa del caso.

En el Ministerio de Economía juran que no habían sido notificados de la audiencia de ayer y, al menos en términos retóricos, juran no estar preocupados por la posibilidad de que Griesa los considere en desacato, ante la falta de antecedentes sobre funcionarios extranjeros que puedan ser penalizados por esta falta. En cambio, el perjuicio directo podría recaer sobre los intermediarios (BoNY, DTC, Euroclear) y sobre los bonistas reestructurados, que operan en Estados Unidos.

La posibilidad de que, por el mismo motivo, se levante el "suspenso" dictado por la Cámara de Apelaciones tampoco desvela a Economía, que cree que con el proceso de apelaciones pendiente, al menos este año, la sentencia desfavorable al país no se pondrá en práctica.

Los anuncios, en la mira de la justicia

• Thomas Griesa - Juez de Nueva York
  
  El magistrado había aceptado una audiencia para determinar si la Argentina violó su orden de no alterar el mecanismo de pago formulado a principios de 2012
• Los demandantes
  
  Los "fondos buitre" y los minoristas creen que el anuncio del cambio del lugar de pago intenta eludir los fallos de la justicia de EE.UU
• La Argentina
  
  El anuncio presidencial fue seguido por el envío al Congreso del proyecto para suspender la "ley cerrojo" y habilitar un nuevo canje, pero sin dar precisiones sobre los plazos