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Los industriales bonaerenses reclamaron a Kicillof una baja de impuestos para enfrentar la crisis
Alejandro Gentile, hombre de Techint, presentó una propuesta para reducir Ingresos Brutos y eximir a las industrias que facturen hasta $3200 millones anuales; buscan ganar competitividad y preparar a las pymes para convertirse en proveedoras del boom energético y minero
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“La bomba cayó en la provincia de Buenos Aires”. Con esa definición, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) describió el impacto de la crisis sobre el principal entramado fabril del país y presentó la propuesta que llevará al gobierno de Axel Kicillof para reducir Ingresos Brutos (II.BB.), considerado el impuesto más distorsivo que afrontan las empresas. El objetivo de fondo es mejorar la competitividad de las empresas bonaerenses para que puedan convertirse en proveedoras del crecimiento de Vaca Muerta y la minería, en un contexto de crisis de demanda y mayor competencia importada.
La iniciativa contempla eliminar el impuesto para las industrias micro y pequeñas que facturen hasta $3200 millones anuales, frente al límite actual de $1800 millones. También propone una reducción escalonada para las medianas y una baja paulatina para las grandes compañías.
La entidad, conducida por Alejandro Gentile, director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint, trabaja en el proyecto desde hace un año y ya lo conversó con el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Ahora prevé presentárselo directamente a Kicillof.
“Lo que se viene en la Argentina, claramente, es minería y el oil and gas. Pero para participar de esos sectores hay que estar preparado”, señaló Gentile. La Uipba trabaja también en programas de desarrollo de proveedores y certificación para que las pymes puedan presentarse en las licitaciones de las grandes compañías energéticas y mineras.
Según explicó, no alcanza con que una firma acerque su catálogo: las cadenas de valor exigen estándares técnicos y certificaciones que muchas empresas pequeñas todavía no poseen. “Estamos trabajando para que, cuando llegue el momento de licitar, las pymes de la provincia estén preparadas y listas para competir”, afirmó.
El planteo tributario parte de una comparación desfavorable para Buenos Aires. Según el estudio presentado por la Uipba, la presión efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado de la industria manufacturera llega al 4,7% en territorio bonaerense, frente al 3,5% de Córdoba y al 3,6% de Santa Fe.
La entidad recordó que Córdoba ya eliminó el tributo para pequeñas industrias y que Santa Fe avanzó en el mismo sentido. En Buenos Aires, en cambio, la exención inmediata para micro y pequeñas empresas tendría un costo equivalente al 1,3% de la recaudación total de II.BB. anual, o al 10% de lo aportado por toda la industria.
Para las empresas medianas, la propuesta contempla reducir la alícuota en 0,5 puntos porcentuales por año hasta llegar a cero en un plazo de tres años. Para las grandes, plantea una baja de 0,3 puntos anuales durante cinco años: el primer recorte permitiría equiparar la alícuota bonaerense con el 1,2% vigente en Córdoba.
El esquema incluye, además, eliminar las sobretasas que recaen sobre ramas como papel y cerveza, crear tratamientos especiales para cadenas con fuerte utilización de insumos intermedios y ampliar la deducción correspondiente a las exportaciones. La Uipba también propone una cuenta única que permita utilizar saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar otros impuestos provinciales.
“Al gravar los ingresos en cada etapa del proceso productivo, el impuesto provoca un efecto cascada. Como no permite descontar plenamente los insumos intermedios, encarece toda la cadena”, explicó la secretaria de la entidad, Eugenia Ctibor.
La Uipba también comparó la carga tributaria que afrontaría una misma empresa industrial bajo los regímenes de la Argentina, Brasil y México. Con México como base 100, el índice llega a 148 en Brasil y a 262 en la Argentina. Según la entidad, la diferencia no se explica por el costo laboral, sino principalmente por tributos que prácticamente no existen en los otros dos países: Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las tasas municipales concentran 152 de los 157 puntos de carga no laboral calculados para el país.
Para compensar el costo de las rebajas, la Uipba propone ampliar el padrón de agentes de retención y percepción, combatir la evasión y revisar el tratamiento del comercio. En este último caso, plantea eliminar la alícuota reducida del 2,5% para los pequeños comercios y establecer una tasa única del 3,5%, una medida que permitiría recuperar el equivalente al 1,3% de la recaudación anual. La incorporación de nuevos agentes de recaudación aportaría hasta 9,7% al tercer año, según las estimaciones de la entidad.
La arquitectura diseñada por la Uipba implica, de ese modo, aliviar la carga sobre la producción industrial y compensar el costo mediante una mayor recaudación sobre el comercio y las actividades actualmente subdeclaradas. La entidad calcula que el paquete completo podría aplicarse sin afectar los ingresos totales de la provincia.
El reclamo aparece en medio de una fuerte crisis fabril. Entre mayo de 2023 y mayo de 2026 cerraron 1306 establecimientos industriales bonaerenses y se perdieron alrededor de 39.000 empleos. La provincia explicó el 34,2% de las unidades productivas desaparecidas y el 44,8% de la caída del empleo industrial registrada en todo el país.
Buenos Aires concentra el 40,2% de los establecimientos industriales con personal declarado y el 43,2% de los puestos fabriles de la Argentina. En las cinco cadenas con mayor sobrecarga de II.BB., el empleo bonaerense cayó 11,6%, frente a una baja del 7,8% en el resto del país. El propio informe aclara que se trata de una asociación y no de una relación causal demostrada.
El tributo en cuestión encabeza las preocupaciones relevadas entre los afiliados de la Uipba. Le siguen las tasas municipales y el funcionamiento de la justicia laboral. En este último punto, la entidad impulsa una instancia obligatoria de conciliación antes de los juicios, una cámara que unifique criterios y la conformación del cuerpo de peritos previsto en la adhesión bonaerense a la ley de riesgos del trabajo.
La discusión atraviesa así dos tiempos: la urgencia de una industria golpeada por la caída de la actividad y la necesidad de prepararla para una economía en proceso de reconversión. “Tenemos que mejorar la competitividad para poder sumarnos al boom de la energía y la minería”, resumieron en la entidad.
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