Los tributaristas sugieren calma

Los tributaristas destacaron que el acuerdo tributario entre la Argentina y Uruguay no debe crear pánico entre los inversores porque se aplicará sobre casos específicos, aunque aclararon que será clave la forma en que se implemente para evitar un uso arbitrario de los datos.

Sin tener acceso al texto original -debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no lo difundió, pese a ser un convenio ya rubricado-, los expertos Flavia Melzi, César Litvin y Alfredo Lamagrande consideraron que, a priori, se trata de un paso positivo.

Litvin dijo a La Nacion que el acuerdo le permitirá a la AFIP "obtener toda la información de los bienes y actividades económicas de contribuyentes argentinos en Uruguay". Estos datos, agregó el socio del estudio Liscki, Litvin y Asociados, le permitirán al organismo que lidera Ricardo Echegaray "cotejar con las declaraciones juradas de los respectivos impuestos para validar si están declarados al fisco argentino y pagaron los correspondientes gravámenes".

Allí reside la clave sobre la "no retroactividad" del acuerdo. Si bien, como otros acuerdos promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se trata de un convenio "hacia adelante", a la vez, si en ese intercambio se detecta alguna irregularidad previa, la AFIP podrá exigirle al contribuyente que justifique esos fondos en términos impositivos. Esto incluye la compra y venta de acciones, campos, cuentas bancarias e inmuebles, y también buscará evitar la triangulación de empresas exportadoras con sede en zonas francas uruguayas, según precisó un experto que siguió muy de cerca la durísima negociación bilateral para firmar este acuerdo.

Al respecto, Litvin aclaró: "Si bien el acuerdo no es retroactivo, habrá que ver cómo funciona en los hechos por los bienes de contribuyentes argentinos que no tienen declarado esos bienes en años todavía no prescriptos". En ese sentido, Melzi consideró que "no es razonable el planteo de irretroactividad, porque limitaría la potestad de la AFIP para determinar impuestos por esos años cuando se constate la existencia de bienes". La experta agregó que el acuerdo permitirá que los contribuyentes pidan "el reconocimiento de un crédito de impuesto pagado en el exterior, a condición de que se trate de un impuesto similar y exista reciprocidad entre ambos países".

Para intentar reforzar la sensación de tranquilidad, Lamagrande sostuvo que no podrá haber pedidos de la AFIP para "salir a la pesca" si no existe un dato preciso sobre un contribuyente.

"Los acuerdos de la OCDE prevén el intercambio por solicitudes específicas y que la información se circunscriba a casos en los que el Estado que lo requiere tenga conocimiento previo respecto de las inversiones o ingresos previos de sus residentes realizadas en el otro país", detalló.

Más allá de la letra chica del acuerdo, Litvin advirtió que el convenio -que debe pasar el duro filtro del Parlamento uruguayo- constituye un "cambio en las reglas de juego con futuras inversiones en Uruguay, porque hasta la fecha las inversiones extranjeras en ese país estaban protegidas con secreto".

La presión de la OCDE

La presión de la OCDE, clave para explicar la resignación de Uruguay a firmar el pacto, busca que ese país "transparente las inversiones anónimas y de esa manera sea eliminado de la lista gris" de la organización multilateral. Al respecto, Melzi consideró que "los acuerdos de cooperación y transparencia fiscal siempre son positivos, pues contribuyen a la mutua colaboración tendiente a compartir la evasión, que es un fenómeno que trasciende las fronteras". También, apuntó, "puede constituir una herramienta eficaz para prevenir maniobras de lavado de dinero".

Por esta razón, un experto con conocimiento del trámite subrayó la importancia de esta cooperación y opinó que se traducirá en una disminución de las inversiones argentinas en Uruguay.

"Si una persona quiere vender o comprar un inmueble en Punta del Este, deberá aclarar de dónde obtuvo los fondos", indicó.

Un colega con amplia experiencia en la labor del fisco argentino dijo que "es clave el manejo que haga la AFIP de los datos para evitar arbitrariedades o situaciones de inseguridad jurídica".

Por esta razón, agregó, "si bien el acuerdo no permitirá pedir información en forma generalizada, se busca generar cierto temor en los contribuyentes, que podría dar lugar para un nuevo blanqueo", tal como el que se puso en marcha en 2008.

US$ 2300 millones
Es el monto de depósitos bancarios de argentinos en Uruguay, según datos oficiales citados por la agencia Reuters.