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Luis Caputo viaja a Washington para participar de la Asamblea del FMI en medio de la revisión del programa
El ministro de Economía asistirá al encuentro junto al titular del BCRA, Santiago Bausili, mientras avanza la negociación por la meta de reservas y un desembolso de US$1000 millones
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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, tienen previsto viajar la próxima semana a Washington para participar de la edición 2026 de la Asamblea que organizan el Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial (BM).
Caputo y Bausili, junto a otros miembros del equipo económico, participarán del evento que tendrá lugar entre el 13 y el 18 de abril. Así lo confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, que no precisaron la agenda de reuniones que pueden tener los funcionarios durante su estadía en la capital de Estados Unidos.
La visita se da, además, en medio de la segunda revisión del programa entre el FMI y la Argentina por US$20.000 millones (anunciado el 11 de abril del año pasado), de la que depende un desembolso de US$1000 millones. Se trata del programa número 23 entre el país y el organismo desde 1958, que el próximo fin de semana cumplirá un año.
La revisión en curso estaba prevista originalmente para enero, pero el calendario se corrió y el proceso continúa. Hubo una misión del organismo en el país a principios de febrero y otra argentina en Washington a finales de ese mes, encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza.
La Argentina tiene aprobadas las metas fiscales y monetarias, mientras que incumplió ampliamente el objetivo de acumulación de reservas.
El desvío de 2025 fue significativo: según la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron el año en torno a –US$14.100 millones frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un incumplimiento superior a US$13.000 millones, aun después de que el Fondo flexibilizara el objetivo en US$6500 millones. Para avanzar con la revisión, el Gobierno prevé solicitar un waiver que permita redefinir metas hacia adelante.
Caputo reconoció hace poco una diferencia en la visión entre el staff del organismo y el gobierno argentino. El ministro señaló que, más que metas trimestrales, preferiría tener objetivos anuales.
En el FMI celebran la compra de divisas que lleva adelante el BCRA, pero en privado señalan que esas adquisiciones no se traducen en acumulación porque se destinan al pago de vencimientos de deuda. Se trata de un diagnóstico compartido en informes publicados por la autoridad monetaria.
Caputo reconoció públicamente que el país tuvo la posibilidad de salir al mercado entre finales de 2025 y principios de 2026 para refinanciar vencimientos, pero la decisión fue no tomar ese camino porque el nivel de riesgo país implicaría convalidar una tasa que “no refleja los fundamentos de la economía”, según sus palabras.
La vuelta a los mercados y la acumulación de reservas eran dos puntos centrales en el acuerdo firmado el año pasado. Se trata de dos ejes que pueden garantizar la capacidad de repago del país.
La Argentina es hoy el principal deudor del FMI. La deuda pendiente ascendía a US$56.900 millones —equivalentes a 41.789 millones de DEG—, cerca del 35% de toda la cartera vigente del organismo. Ningún otro país concentra semejante nivel de exposición en el balance del Fondo.
Con la mayor parte del financiamiento ya desembolsado y con una exposición récord en su balance, el FMI busca en esta revisión blindar el programa antes de que su incentivo financiero pierda peso.
Según cálculos de la consultora 1816, a fines de marzo las reservas netas se mantenían en terreno negativo por más de US$2400 millones. Sin embargo, si se utiliza la metodología del FMI, ese rojo supera los US$13.000 millones. Los economistas estimaron que en lo que va del año se perdieron más de US$2300 millones, a pesar de que el Banco Central compró más de US$4000 millones. Para cumplir con los objetivos previstos en el acuerdo hasta 2027, indicaron, serían necesarias compras de divisas, emisiones de deuda y privatizaciones por unos US$1250 millones mensuales en promedio durante los 21 meses restantes del mandato presidencial.
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