El Gobierno licitará una obra clave para reducir cortes de luz en el AMBA y la pagarán, por tramos, los usuarios
El llamado será en los próximos días y apunta a fortalecer el sistema de transporte eléctrico; tendrá financiamiento privado con garantías del BID; se complementará con nuevas licitaciones de almacenamiento y generación térmica
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El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos y el llamado a licitación para ampliar la red de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un proyecto considerado clave para reducir cortes de luz y aliviar los cuellos de botella del sistema. La iniciativa se desarrollará bajo un esquema de concesión de obra pública con financiamiento privado y garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La principal novedad es que la empresa adjudicataria podrá comenzar a recuperar la inversión a medida que avance la construcción, mediante ingresos provenientes de las tarifas que pagan los usuarios asociados a avances parciales de construcción, y no recién cuando todo el proyecto esté finalizado, según supo LA NACION de fuentes con conocimiento del tema. En la práctica, el repago se incorporará dentro del componente de transporte de las facturas eléctricas que pagan los usuarios, uno de los cuatro segmentos que integran la boleta junto con generación, distribución e impuestos.
En el sector aseguran que el objetivo es generar incentivos para atraer inversores a una infraestructura que demandará entre US$700 y US$800 millones. El BID aportará una garantía parcial de US$200 millones al ganador de la compulsa. El llamado se publicaría entre esta semana y, a más tardar, la próxima, según lo previsto.
El proyecto contempla la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras para reforzar el abastecimiento eléctrico en el principal centro de consumo del país.
La obra, denominada “AMBA I”, será licitada bajo un esquema en el que el concesionario privado financiará, construirá, operará y mantendrá la infraestructura durante al menos 15 años. El plazo de ejecución previsto ronda los 52 meses y el repago se extendería durante siete años.
La ampliación del sistema de transporte es considerada una de las principales urgencias del sector energético. Aunque en los últimos años creció la generación eléctrica —especialmente renovable y de gas natural—, gran parte de esas inversiones no puede aprovecharse plenamente por las limitaciones de la red de transmisión, que prácticamente no registró expansiones relevantes en más de una década.
El cambio representa además una modificación importante respecto de los primeros esquemas analizados por el gobierno de Javier Milei para financiar la expansión eléctrica. En un primer momento, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, habían impulsado la creación de un cargo fijo en las boletas eléctricas —conocido en la jerga como “estampillado”— para fondear las obras de transmisión.
La propuesta, sin embargo, no avanzó tras objeciones dentro del Ejecutivo. En el sector le adjudicaban al asesor presidencial Santiago Caputo la decisión de no avanzar en ese sentido. La alternativa posterior fue ir por concesiones de obra pública financiadas íntegramente por privados, bajo un esquema en el que las empresas recuperaban la inversión recién una vez terminada y habilitada toda la infraestructura.
Pero en el sector advertían que ese mecanismo encarecía fuertemente el financiamiento, debido a los largos plazos de ejecución y a los antecedentes de congelamiento tarifario y cambios regulatorios en la Argentina. La duda era a qué tasa los grandes bancos estarían dispuestos a prestar para proyectos con recuperación a tan largo plazo y expuestos a eventuales cambios políticos o regulatorios.
El nuevo modelo que prepara la Secretaría de Energía busca resolver parte de ese problema. El adjudicatario podrá comenzar a cobrar ingresos tarifarios a medida que vaya completando hitos parciales de construcción. La intención oficial es mejorar las condiciones de financiamiento y acelerar el desembarco de inversores privados en proyectos considerados críticos para evitar nuevos problemas de abastecimiento durante los picos de consumo.
El modelo también refleja la decisión del Gobierno de evitar obras financiadas directamente por el Tesoro, en línea con la estrategia fiscal de la administración libertaria. La apuesta oficial es que el sector privado absorba el financiamiento, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, mientras el Estado conserva el rol regulatorio.
Algunos de estos lineamientos ya fueron transmitidos por funcionarios del área energética a empresas del sector en las últimas semanas. El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, brindó además algunas definiciones durante una exposición en la conferencia regional Adelatam 2026, que reunió hasta el viernes pasado en Buenos Aires a reguladores, distribuidoras, inversores y proveedores tecnológicos para debatir cómo modernizar la infraestructura eléctrica de América Latina.
La obra AMBA I forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla un conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Secretaría de Energía para reforzar la red de alta tensión y acompañar el crecimiento de la demanda. El área metropolitana concentra cerca del 40% del consumo eléctrico nacional y arrastra desde hace años problemas estructurales de transmisión que derivan en restricciones operativas que se vuelven especialmente visibles durante los picos de demanda del verano y el invierno, cuando aumentan los riesgos de cortes e interrupciones del servicio.
En paralelo, el Gobierno avanza en otras iniciativas para reforzar la confiabilidad del sistema. Sanfilippo confirmó el lanzamiento de una licitación para incorporar generación térmica modular en nodos críticos definidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con el objetivo de sumar potencia firme en zonas vulnerables durante períodos de alta demanda.
La Secretaría de Energía también espera recibir nuevas ofertas para el segundo programa de almacenamiento mediante baterías a escala del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Tras la convocatoria realizada para el nodo metropolitano bajo el programa ALMA GBA, el Gobierno busca extender el esquema hacia siete regiones consideradas críticas del interior del país para incorporar unos 700 MW de potencia de reserva.
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