Marcha atrás: el Gobierno prorroga la concesión de activos estratégicos, en contra de la voluntad del kirchnerismo

El Gobierno finalmente dio marcha atrás con la creación de una nueva empresa estatal para hacerse cargo de las concesiones de las centrales hidroeléctricas. Por falta de tiempo, la Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución en donde se decide prorrogar por 60 días las actuales concesiones de las represas que están en la región del Comahue, entre Río Negro y Neuquén.

Luego de 30 años, el próximo viernes 11 de agosto (apenas dos días antes de las PASO) vencían las concesiones de las centrales hidroeléctricas Alicura, en manos de la empresa AES; El Chocón y Arroyito, a cargo de Enel; Cerros Colorados, del fondo Orazul Energy, y Piedra del Águila, de Central Puerto. Hasta ayer, todavía era una incógnita entre las empresas saber qué iba a ocurrir.

La semana pasada, Massa se reunió con los gobernadores actuales y los electos de Río Negro y Neuquén en el Palacio de Hacienda, y anunció la creación de un nuevo comité para evaluar la situación de las represas por 120 días. Las provincias habrían asistido con sus respectivos fiscales provinciales y le expresaron al ministro la decisión de llevar el tema a la Corte Suprema.

El Gobierno tenía la intención de crear una nueva empresa estatal que tuviera como accionistas principales al Estado y a las provincias en donde están las represas. El Ministerio de Economía, además, pensaba incluir a las empresas que actualmente tienen las concesiones como posibles accionistas.

En marzo del año pasado, el Gobierno había creado otro comité al que llamaron Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados (Etahc), que tenía como función “elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales”. El comité estaba integrado por el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, entre otros.

Se realizo una evaluación de la situación presente de cada aprovechamiento hidroeléctrico, lo cual constituye un insumo fundamental para definir los pasos a seguir a partir de la extinción de los contratos de concesión vigentes.

Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el comité perdió fuerza, pero continuó la presión del kirchnerismo para que las centrales hidroeléctricas vuelvan a manos del Estado, luego de que en 1993, durante las privatizaciones de la Convertibilidad, se licitaran las concesiones por 30 años.

Las provincias, por su parte, también pedían mayor participación, pese a que actualmente cobran un 12% de regalías. Los gobiernos provinciales buscaban crear un fondo que se nutriera de los ingresos que generan las repesas para financiar nuevos proyectos hidroeléctricos.

La Secretaría de Energía, dirigida por Flavia Royon, estaba trabajando en la creación de una nueva empresa estatal que se iba a llamar Enarsa Hidroeléctrica Comahue. La idea era que esta compañía licite luego la operación y el mantenimiento de las represas, pero sin traspasar el activo, como sucede actualmente, donde las empresas a cargo de las concesiones tiene en sus balances la propiedad de las represas.

El sector privado, sin embargo, no veía con buenos ojos esta nueva modalidad, ya que las tarifas que paga Cammesa, la compañía con control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica, son muy bajos, dicen las empresas. Estas tarifas fueron dolarizadas durante la llegada al gobierno de Mauricio Macri y luego vueltas a pesificar al comienzo de la administración de Alberto Fernández. Se suponía que las tarifas pesificadas iban a actualizarse de manera trimestral según la inflación, pero esa indexación se suspendió con el inicio de la pandemia. Ahora las tarifas se actualizan de manera discrecional, sin índice de ajuste o fecha estipulada, según la instrucción de la Secretaría de Energía.

“Mantener la represa conlleva un riesgo muy grande. Hay que hacer inversiones en ductos de agua, obra eléctrica, transformadores, generadores, turbinas, líneas de alta tensión, y si algo falla, se puede inundar media provincia. Con este nivel de ingreso que pagan las tarifas, no tomamos el riesgo; con otro ingreso, tal vez sí, pero aumenta el costo de la energía eléctrica en el sistema. Si seguimos bajo las condiciones actuales, por más que las tarifas sean bajas, al poder contabilizar el activo dentro del balance, nos es más fácil asumir el riesgo”, dijo Martín Genesio, presidente y CEO de AES, la empresa estadounidense que tiene 11 centrales de energía eléctrica en el país y tres parques eólicos.

Según la resolución 574/2023 publicada hoy, “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca [del Comahue], las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por 60 días corridos”. El contrato original estipulaba que la concesión se podía extender hasta por un plazo de 12 meses.

De esta manera, el fin de las concesiones de Alicura, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados se extiende del actual 11 de agosto al 10 de octubre, con la posibilidad de prorrogarlo nuevamente hasta el 9 de diciembre, un día previo al cambio de gestión presidencial. La concesión de Piedra del Águila, cuya concesión vencía el 29 de diciembre, pasará al 27 de febrero.

La concesión de Chocón y Arroyito está en manos de la italiana Enel, que el año pasado anunció que se retiraba de la Argentina y vendía todos sus activos. En caso de continuar con la concesión, hay varias empresas interesadas en adquirir el control de las represas, entre ellas AES. “Nos habíamos puesto a disposición [para lo que disponga la Secretaría de Energía]. Nos parecía que los tiempos no alcanzaban. Todo lo que signifique ayudar a que se realice un proceso ordenado cuenta con nuestro apoyo”, dijeron en Enel.