¿Mejora la inversión social la vida de los pobres?

Desde hace unos años, la administración de las políticas sociales ha tenido un cambio copernicano, a partir de la introducción de procesos de evaluación de impacto.

Con diversas técnicas estadísticas es ahora posible responder a una pregunta elemental: ¿en qué han mejorado las condiciones de vida de las personas la inversión pública o privada? Así, cambia el eje de la discusión: más que saber cuánto se invirtió, debe saberse qué impacto tuvo esa inversión.

Con técnicas más sofisticadas se puede evaluar el impacto de diversos incentivos para lograr resultados: saber por ejemplo cuál es la mejor estrategia para reducir el embarazo adolescente o lograr que las madres decidan vacunar a sus hijos permite lograr efectos más rápidos y certeros. Evaluar adecuadamente exige diseñar bien los programas y establecer metas, lo que mejora la calidad general de la administración social. Uno de los casos más emblemáticos ha sido México, donde la ley de evaluación obligatoria y la creación del Consejo Nacional de Evaluación transformó un sistema antes conocido por su ineficiencia y corrupción.

En la Argentina, por el contrario, no existe ninguna evaluación rigurosa de impacto de un programa social. Así, se asignaron miles de millones sin saber qué impacto habían tenido en la vida de la gente. Todo quedó en declaraciones políticas sin base cuantitativa.

El proyecto de ley de Evaluación Obligatoria de Impacto de Programas Sociales, que hemos presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, busca cambiar de raíz esta cultura y los criterios de administración. Establece que todos los programas sociales financiados con fondos federales deben ser evaluados una vez por año y sus resultados enviados al Congreso y publicados en Internet. Define los métodos de construcción y presentación de los programas para que puedan ser evaluados. La evaluación de impacto estará a cargo de la Agencia Nacional de Evaluación, que se crea por esta ley, la que podrá realizarla por sí misma o a través de organismos independientes, controlando el cumplimiento del objetivo social de los programas, de sus metas y acciones y de su relación con la política de Desarrollo Social; pudiendo -en función de los resultados obtenidos- realizar propuestas de corrección, modificación, reorientación o suspensión total o parcial del mismo.

El proyecto define que el Poder Ejecutivo no podrá incorporar en el presupuesto nacional, al elevarse la propuesta al Congreso, programas sociales que no incluyan el diagnóstico de su conveniencia, viabilidad e impacto esperado y los correspondientes indicadores de resultados, gestión y servicios a lograr.

Esperamos que el Congreso apruebe una iniciativa que tiene un objetivo ético básico: asegurar que la inversión social mejore la vida de los más pobres.

Diputado de la Nación (Pro) y autor del proyecto de ley de Evaluación Obligatoria de Impacto de Programas Sociales