Mendoza. Por ley, convocan a todos los sectores económicos y sociales para un plan de desarrollo

MENDOZA.- En plena pandemia de coronavirus y en medio de la fuerte crisis económica que golpea al país, la provincia del oeste argentino avanza en un plan de desarrollo local, con la participación de todos los sectores económicos y sociales. Por ley, se creó este martes el Consejo Económico, Social y Ambiental, con el objetivo de definir los lineamientos de la Mendoza que viene, con la presencia activa de los diferentes actores.

Mientras a nivel nacional se aguardan los lineamientos de las 60 medidas económicas presidenciales y la presentación de un plan económico, en tierra cuyana se abrió el juego a la consulta de los diversos estamentos clave de la provincia, que tiene como finalidad definir hacia dónde debe crecer la región y diversificar su matriz productiva, más allá de la negativa que ya tuvo, por ejemplo, el sector de la minería. Además, se espera la puesta en marcha de un plan de reactivación que devuelve a los mendocinos parte de la inversión de sus ahorros.

La iniciativa del nuevo Consejo, que fue presentada en la Legislatura a mediados de mayo, responde a un compromiso de campaña y un anuncio del discurso del 1º de Mayo del gobernador Rodolfo Suárez. De esta manera, se prevé la participación de todos los sectores vinculados a la economía, el ambiente y lo social como órgano de consulta para el Estado mendocino.

Este martes, la Cámara de Senadores dio sanción final al proyecto. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de Mendoza y contará con delegaciones en cada oasis productivo. De acuerdo con los considerandos de la normativa, el espacio actuará como entidad consultiva y su vinculación con el Ejecutivo provincial se dará a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Dentro de las funciones del organismo habrá emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo. Además, sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando sean remitidos para su consulta.

También la ley prevé la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, proponer proyectos de impacto ambiental, social y económico, invitar a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.

En cuanto al financiamiento del organismo, podrá recibir partidas presupuestarias por parte del gobierno de Mendoza, el gobierno nacional y los municipios. Además, se permiten donaciones, subvenciones y aportes de cualquier naturaleza que sean otorgadas por personas o entidades públicas y privadas. "Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda dispondrán las medidas para su registración y afectación en caso que corresponda", detalla la normativa.

El Consejo estará integrado por el presidente, que será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; el vicepresidente, propuesto por el Ministerio de Economía y Energía, el secretario técnico y miembros representantes. Los dos primeros puestos del organismo tendrán un mandato de dos años renovables por períodos de igual duración.

"Cada uno de los sectores tiene que proponer cuál será la forma de elección de quienes lo van a representar en aquellos casos que sea necesario. Más allá de que existen algunas representaciones en las que simplemente se hará la propuesta de la persona, en otros hay que ver cuál será el sistema bajo el cual se elegirán", explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

"Esta ley requiere de una reglamentación por la cantidad de miembros que lo componen, las distintas formas de elección y los mecanismos que se utilicen para su conformación", subrayó el ministro.

Los miembros del Consejo

Más de 40 serán los miembros de la mesa de consulta, con la siguiente distribución:

• Poder Ejecutivo: dos representantes.
• Poder Legislativo: dos representantes.
• Poder Judicial: dos representantes.
• Los exgobernadoras democráticos que expresen su voluntad de participar.
• Asociaciones sindicales de trabajadores: cinco representantes, cuatro representantes del sector privado y un representante del sector público.
• Organizaciones empresariales representativas de la industria, del comercio, del sector agrícola, del turismo, del desarrollo tecnológico, de la construcción, del sector hidrocarburífero y del sector minero: ocho representantes, uno por cada sector enunciado.
• Departamento General de Irrigación: un representante del Honorable Tribunal Administrativo.
• Tribunal Administrativo
• Inspecciones de Cauce: un representante.
• Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la cultura: tres representantes.
• De los distintos credos de la provincia de Mendoza: un representante por la Iglesia Católica, un representante por el Judaismo y un representante por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros credos reconocidos.
• Organizaciones de defensa de los consumidores: un representante.
• Economía social: un representante.
• Asociaciones o fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente: tres representantes.
• Universidades públicas: un representante de la Universidad Nacional de Cuyo, un representante de la Universidad Tecnológica Nacional.
• Universidades privadas: dos representantes.
• Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza: un representante.
• Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: un representante.
• Cada uno de los colegios profesionales reconocidos por ley de la provincia de Mendoza: un representante.
• Los intendentes departamentales o los representantes que estos designen.