
Menem, la reforma laboral y el FMI
Contradicciones: según el influyente semanario británico, el presidente modernizó muchas cosas en el país, pero no las relaciones laborales.
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(The Economist).- "No somos sirvientes ni esclavos del FMI", dice una reciente "pintada" en una pared cerca del centro de Buenos Aires. Junto a esa leyenda se ve una caricatura del presidente Carlos Menem tratando de vender su país por US$ 1,99.
Eso resume bastante bien el actual resentimiento en la Argentina contra el FMI. Se hizo más fuerte a comienzos de este mes, cuando el Fondo presionó al Gobierno para que cambie, entre otras cosas, las antiguas leyes laborales pro sindicales de la Argentina.
El FMI supervisa la economía, a cambio de ayuda financiera. Había enviado una misión fundamentalmente para controlar el déficit alarmantemente grande de la cuenta corriente.
En su informe, los funcionarios del FMI criticaron al Gobierno por no instrumentar medidas para frenar la economía, que creció un 8,4% el año ultimo, y para reducir el ingreso acelerado de importaciones.
Incluso ahora, previendo un crecimiento de sólo un 5,5% este año, el Fondo pronostica una brecha de la cuenta corriente del 4,3% del PBI.
Esta crítica de por sí bastó para molestar a los funcionarios del Gobierno y provocar un escalofrío de preocupación en los empresarios.
Pero fue la demanda de una ley laboral actualizada lo que irritó al argentino medio (con un empleo formal).
La actual ley viene de los tiempos del presidente Juan Perón, décadas atrás, que llegó al poder sobre los hombros del movimiento obrero organizado y sigue siendo un héroe nacional por sostener los derechos de los trabajadores. Esto no va, dijo el FMI.
Como condición para un acuerdo stand-by de US$ 2800 millones se debe reformar la ley para mediados de este año.
El objetivo es facilitar las negociaciones laborales y darles a las empresas más flexibilidad para contratar y despedir. Eso, a su vez, se supone que ayudará a las empresas pequeñas y medianas, reduciendo una tasa de desempleo que, aunque bajó de su punto más alto, seguía estando (al medirse hace algunos meses) en el 13,7 por ciento.
Se quedan cortos
La idea de la reforma no es ninguna novedad. Menem y su anterior ministro de Trabajo dedicaron buena parte de los últimos dos años a tratar de concretarla. El problema era encontrar una reforma que los sindicatos -cuya principal confederación, la CGT, generalmente se mantiene cercana al Partido Justicialista gobernante- aceptaran.
En diciembre, Menem reemplazó a su ministro, instalando a un viejo amigo, de los tiempos en que él mismo era gobernador provincial, Antonio Erman González. Este armó una propuesta.
La CGT la compró. Menem estaba dispuesto a aceptarla. El lobby empresarial conocido como Grupo de los Ocho, que vincula a empresas de las principales industrias del país, dijo lisa y llanamente no.
Aquí apareció en escena el FMI. Piensa que los cambios propuestos se quedan cortos con relación a lo que requiere el acuerdo stand-by.
Hay dos puntos principales de desacuerdo. Uno es una cláusula de la actual ley que impone a los empleadores negociar los términos de contrato en nivel nacional por industria, en vez de empresa por empresa. La segunda es una cláusula que renueva automáticamente los términos de un contrato laboral existente si no se acuerda uno nuevo dentro de un plazo determinado. De modo que los sindicatos pueden ganar, pero nunca perder.
Un tercer punto en disputa tiene más que ver con las finanzas de los sindicatos que con los empleadores.
Los sindicatos ahora mantienen el derecho exclusivo de manejar los planes de salud de los empleados. Los empleadores -que pagan la mayor parte del costo- quieren cambiar esto rápido. Sostienen que la competencia podría llevar a mejores servicios y costos más bajos.
También acabaría con una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones laborales.
La CGT no se aferra simplemente al pasado. Acepta que debe haber cambios. Pero la presión del FMI podría provocar una oposición nacionalista, haciendo retroceder el proceso. Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Menem, ahora miembro de la oposición en el Congreso, ha presentado su propia propuesta para el cambio. En todos los puntos principales concuerda con el FMI.
"Lo que necesita la economía en materia de leyes laborales -argumenta- no es para nada lo que apoya el Gobierno. "Pero incluso él dice que la Argentina no necesita la guía del FMI en esta cuestión.
Por qué González
La administración de Menem se mantuvo en estrechas relaciones con el FMI. En su reunión anual en septiembre pasado, el Fondo señaló a la Argentina como un ejemplo para otros países. Pero Menem también ha mostrado que no teme chocar con el Fondo, como en 1994, cuando Cavallo eligió renunciar a los dos tramos finales de un préstamo del FMI en vez de adherir a las metas económicas que pretendía fijarle. Y el Presidente piensa en términos políticos.
No puede presentarse para un tercer término consecutivo en 1999, pero nadie piensa que se vaya a retirar de la política.
Eso puede explicar por qué, bajo presión para resolver la cuestión de la ley laboral, buscó a González, que ha tenido anteriores desacuerdos con el FMI.
En 1991, como ministro de Economia, cedió a presiones sindicales y populistas y decidió no usar medidas de austeridad recomendadas por el Fondo para luchar contra la inflación.
En última instancia, en esa oportunidad, enfrentando una inflación del 1300%, tuvo que renunciar y fue reemplazado por Cavallo.






