Los esfuerzos para una reforma inmigratoria en Estados Unidos han generado controversia en parte por la posibilidad de que ofrezca ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, a juzgar por la última vez que Washington ofreció esa oportunidad, no todos los que se beneficien de una legalización se convertirían en ciudadanos. Tras la reforma inmigratoria de 1986, menos de la mitad de los que cumplían los requisitos se nacionalizaron.
Una razón clave: las exigencias del gobierno a los candidatos a ciudadanos. Los inmigrantes deben pagar una tarifa de US$680, aprobar un examen oral, presentar las declaraciones de renta de los últimos cinco años y pasar una revisión de antecedentes penales.
"La gente cree que es automático, corto y fácil", dijo Dan Siciliano, profesor de la Escuela de Derecho de Stanford que estudia inmigración. En realidad, agrega, "el camino a la ciudadanía es oneroso".
Las personas que demuestran una residencia permanente continua en Estados Unidos por al menos cinco años son aptas para naturalizarse.
