1
La compra pública sostenible como motor del desarrollo sostenible
Las contrataciones públicas de este tipo desafían al Estado a que ofrezca incentivos a la innovación y, por lo tanto, a la reputación del gobierno
7 minutos de lectura'
LA NACIONMercedes Soriano
El futuro del desarrollo sostenible fue el foco de el encuentro Sustentabilidad, Capítulo 6: El futuro sostenible es ahora, organizado por LA NACION. El rol del los estados en las compras públicas es uno de los puntos que propone tratar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para explicar su importancia, la directora y cofundadora de Keidos Impacto Legal, Constanza Connolly, dio un paso al frente y expuso sus desafíos, ventajas y beneficios.
“Son importantes porque son los instrumentos de política que generan desarrollo productivo y científico-tecnológico”, sostuvo. Dicha herramienta es utilizada por los Estados más desarrollados con el fin de que el uso del gasto público para la compra sea gestionado con impacto.
Además, representan una gran porción de la economía nacional: el 8% del PBI de la Argentina y el 17% del gasto público están enfocados en las contrataciones públicas. “Es decir que la magnitud del impacto que se podría generar a partir de tener gestión de compras públicas sostenibles donde se proporcione sostenibilidad en adquisiciones generaría un impacto y valor económico para nuestro país muy alto”, concluyó la abogada especialista en derecho corporativo y sostenibilidad.
Otra faceta de las adquisiciones estatales es la de desafiar el rol del Estado. En este marco, señala que las compras de esta naturaleza le dan espacio para que las presente como una oportunidad, a que sean promotoras del desarrollo de este calibre y a tomar el mando en esta tarea. Destacó, entonces, que para ello es importante diagramar una estrategia que viene de la mano de un compromiso de los órganos rectores, compras y contrataciones y la política en líneas generales.
Cómo son las compras públicas sustentables
Cuando a esta receta se le agrega el factor sustentable, se modifica el “concepto tradicional que teníamos de la contratación pública donde se priorizaba la adquisición de ese bien, servicio u obra, pero no se consideraba un desarrollo sostenible, donde el procedimiento estaba basado en lo que tenía que ver con un procedimiento legal y satisfacer una necesidad”, estableció la también vicepresidente de GAIL (The Global Alliance for Impact Lawyers), una red internacional de abogados que promueven negocios de impacto.
El nuevo condimento a favor del medio ambiente genera, según ella, un cambio de paradigma y obtiene la nueva definición de “proceso en el cual el Estado satisface esa necesidad del bien, servicio u obra, pero además de generar valor para el Estado, genera también para la economía en su conjunto, la sociedad y minimiza los impactos negativos”, determinó.
Parte de la mutación del concepto se basa en adoptar el valor por dinero, tomado en base al ciclo de vida de los productos. De esta manera, se deja de considerar al precio como único factor de incidencia, por lo que además del valor monetario, añade a la ecuación los impactos directos e indirectos que a partir de la compra se puedan gestionar y el ciclo de vida del producto, bien o servicio desde la extracción de la materia prima al proceso productivo y la disposición final.
Pros y contras de la sustentabilidad en las compras públicas
Parte de la relevancia de las adquisiciones públicas son los beneficios que trae aparejados, según la expositora miembro del directorio del Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto.
- Alcanzar las metas de esta materia en lo que se ha comprometido dentro de a agenda nacional, para lo que el Estado argentino se comprometió a hacer en la Agenda 2030.
- Generar incentivos a la innovación y por ende a la reputación de los gobiernos, ya que según ella “las compras públicas sustentables son una cuestión global”.
- Alentar el ahorro e inversión inteligente. “Una compra pública no significa que el Estado gaste más dinero sino un ahorro inteligente y la posibilidad de innovar”, estableció Connolly.
Para cumplirlos, destacó que “el peso normativo argentino no genera ninguna prohibición para generar compras públicas sostenibles”. En adición, contribuyen con este objetivo el hecho de que el órgano rector trabaje desde hace más de 10 años con estos temas, que el Estado nacional sea el primero en el mundo en probar el módulo de sostenibilidad de contrataciones públicas de una herramienta para ello, que haya manuales de estas adquisiciones del 2017 en adelante y de que tengamos herramientas que se generan a partir de la cooperación internacional.
A pesar de contar con estos esfuerzos y herramientas, la oradora miembro del Global Steering Group on Impact Investment de Argentina, que busca consolidar el ecosistema de inversión de impacto en el país, señala que existen brechas que obstaculizan la concreción de las compras. Entre ellas, destacó:
- El menor precio. “Está la cultura implantada de que una compra responde a un menor precio y que este responde a una conveniencia: si es más barato, es mejor. Eso genera no poder salir a pensar en el valor por dinero y quedarnos con el valor del precio. Si lo pensamos desde el rol de los estados, el funcionario público quien hace las contrataciones públicas tiene una responsabilidad por su utilización de los fondos. Esta requiere de herramientas o políticas más claras y precisas para que el funcionario pueda compra de manera sostenible sin poner en riesgo sus responsabilidades”, profundiza.
- El rol de agentes de compra. Para esos, Connolly señala que están vistos como un responsable de abastecimiento y no como un promotor y catalizador del desarrollo sostenible. “Si estableciéramos una compra pública sostenible de manera transversal y sistémica, se generarían beneficios, innovación y mayor desarrollo productivo sostenible”, plantea como hipótesis.
- La falta de herramientas de medición de impacto. La especialista cuestiona cómo el Estado se basa en el presupuesto en lugar de registrar el impacto que dejan las compras, por lo que lo llama a llevar a cabo esta acción a través del uso de nuevas herramientas en desarrollo que miden el valor por dinero saliendo del concepto del precio.
- La falta de conocimiento del mercado en materia de sostenibilidad. Para este punto, la ejecutiva rescató que hay muchas empresas con propósito y de triple impacto que trabajan con sostenibilidad. Aun así, criticó que en líneas generales el mercado desconoce este área. “Es necesario formar y que el Estado se ponga como articulador y promotor de sostenibilidad a partir de la compra pública, dado que si tengo gestiones de sostenibilidad podría ser más competitivo a la hora de ser un proveedor del estado”, apunta. Para ello remarca la importancia de identificar a dichos proveedores, es decir, conocer al mercado. Además, hace hincapié en la alianza público-privada: “El sector privado es el que tiene que poder innovar, y a partir del conocimiento del mercado que el Estado en esa articulación encuentre estos bienes innovados que dan soluciones a problemas sociales y ambientales”, resumió.
- La falta de incentivos. En este último punto, Connolly destaca el rol del estado como fundamental en la generación de incentivos. “Si puedo verificar, establecer y gestionar el impacto de las empresas de que trabajan en materia de sostenibilidad, las tengo que poder fomentar. Para eso se necesita también financiamiento para que no sea un costo para empresas y pymes. En función de recomendaciones y oportunidades, es importante establecer políticas claras de lo que tiene que ver con las compras públicas sostenibles, herramientas de emisión e impacto donde podamos poner el valor que significa el concepto de valor por dinero”, finaliza.
Tipo de trabajo:noticia original
