Peligro de “pymedicio”: La trama macabra de los impuestos en la Argentina

La América Latina normal, a pesar de la crisis política y social estallada durante la pandemia, afrontó los efectos económicos de las cuarentenas mediante rebajas y condonaciones de impuestos, aumento del gasto público para asistencia a hogares y empresas que, a su vez, es financiado con deuda pública a bajas tasas de interés, permitiendo compartir con las futuras generaciones de contribuyentes el costo fiscal de los gastos de mitigación. En este contexto, la Argentina fue no solo el país que menos gasto de mitigación Covid aplicó, sino que por su falta de credibilidad y confianza lo financió con emisión monetaria.

Sin embargo, a pesar de las palabras contradictorias del oficialismo en contra del diagnóstico de la inflación por financiamiento monetario del déficit fiscal, nuestro país se caracterizó por aumentar impuestos en medio de la peor crisis económica y social desde 2001, demostrando en los hechos que hay una preocupación por reducir el déficit fiscal, aunque a costa de provocar prácticamente un “pymecidio” cobrando mayores impuestos a comercios y monotributistas que son obligados a cerrar o reducir su facturación.

La serie de medidas que profundizan la presión impositiva sobre la clase media y las pymes, verdadero motor del empleo y el consumo de la economía argentina, es abrumadora: entre otras, la suspensión de la reducción de ingresos brutos, la falta de actualización de la base imponible de impuesto a los bienes personales, el aporte solidario de la riqueza (en realidad un impuesto a los activos productivos), el aumento en las escalas del impuesto a las ganancias a las empresas o el frustrado incremento retroactivo a enero del monotributo, generando así una deuda artificial e inconstitucional.

El Estado persistentemente otorga pequeños parches compensatorios de corto plazo con una mano, para compensar parcialmente lo que la otra mano confisca y preda de la actividad productiva.

Detengámonos en el impuesto a las ganancias. Se publicitó como beneficiosa, la reciente reducción transitoria para las personas físicas cuyos ingresos sean inferiores al nuevo mínimo imponible de $150.000 mensuales, desde enero de este año.

Pero surgen tres problemas. No es que sube el mínimo no imponible, sino que es una deducción especial por única vez, para aquellas personas que ganen menos que el límite establecido Un trabajador soltero que gana poco más que el nuevo mínimo no imponible deberá pagar todo el tributo sin deducción especial sobre el mínimo anterior.

El segundo problema es que la AFIP devolverá la diferencia retroactiva desde enero, pero en cómodas cuotas debidamente licuadas por la inflación. El dueño de una pyme que tiene un local, será excluido de este beneficio por ser contribuyente a los bienes personales. Pero, además, verá subir su carga tributaria por ser dueño de una pyme, porque el gobierno para compensar la supuesta pérdida de recaudación, que ahora no es tal, subió las tasas impositivas de los impuestos a las ganancias a las empresas.

Tercer problema: la actualización de la base mínima no imponible y las deducciones del impuesto a las ganancias continúa siendo realizada una vez al año por el índice de remuneraciones de trabajadores estables (RIPTE), ley que rige desde 2018, cuyos beneficios serán debidamente licuados en tanto los salarios nominales aumenten menos que la inflación.

En resumen, el Estado no pierde recaudación, aumenta la presión tributaria a las empresas, desincentivando la producción, la generación de empleo y la inversión y el beneficio otorgado a las personas físicas es prácticamente inexistente.

La falta de actualización de las bases imponibles de los principales impuestos o su actualización parcial por debajo de la inflación es uno de los mayores costos que tiene la inflación que violenta la equidad distributiva al distorsionar las escalas de los impuestos.

Si las escalas impositivas no se ajustan por inflación o se ajustan por debajo de ella, las personas y empresas pasan a tramos impositivos cada vez más altos a medida que aumenta su ingreso nominal, incluso si sus ingresos reales siguen siendo los mismos. El contribuyente termina soportando un incremento de su carga tributaria y, con ello, una consiguiente pérdida de ingreso disponible debido a la inflación. A este efecto se lo ha denominado “brackets creep” que podría traducirse como “la tenebrosa trama de las escalas impositivas” por la falta de actualización de las bases imponibles impositivas por inflación.

Plantear reducir la distorsión mediante una indexación de las bases imponibles ataca los efectos, pero no las causas de la inflación. En efecto, ello podría aumentar el incentivo para que las autoridades apliquen políticas inflacionarias. A medida que la recaudación impositiva aumente, no habrá incentivos a controlar que el gasto público se desmadre. Mas aún, indexar genera mayores costos de una posible estabilización futura ya que se necesitará desindexar o desagiar para inducir una baja de expectativas inflacionarias implícitas en los contratos produciendo redistribuciones distorsivas de ingresos y pérdidas mayúsculas para los contribuyentes.

Si los contribuyentes no perciben los efectos del “bracket creep”, es decir disponen de ilusión monetaria, a los gobiernos les resulta conveniente políticamente ajustar manualmente las escalas, restableciendo las tasas impositivas en términos reales, dando la ilusión de que se están reduciendo los impuestos, cuando en realidad es una ilusión nominal.

Esto no es nuevo, cada vez que se aceleró la inflación en el pasado: en 1975 o en la década del ’80, fue necesario establecer una dura desindexación (desagio) para que el Plan Austral tuviera un efecto inicial.

Nuevamente la práctica de la política económica no se condice con la historia económica argentina ni las recomendaciones de los manuales básicos de texto.

En la Argentina el relato mata dato y como dice Santiago Kovadloff, “la experiencia no se transforma en enseñanza”.