Un país sin seguros no apaga incendios
El mercado asegurador es clave para administra y compensar los riesgos
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PARA LA NACIONAriel Coremberg
Los trágicos incendios de Lago Puelo y la provincia de Corrientes revelaron no solo la ineptitud de un estado ausente sino también un sistema económico que, al privilegiar el corto plazo, destruye el ahorro y los seguros de los argentinos.
La teoría económica, pero también el sentido común, recomienda que los hogares y empresas deberían enfrentar las posibilidades de las contingencias (inundaciones, sequías, incendios) constituyendo fondos que permitan ahorrar y en forma preventiva para compensar los efectos de esos infortunios sobre el consumo y los ingresos.
Los fondos deben ser provistos por empresas de seguros que, mediante el cobro de una prima, constituyen y administran los fondos necesarios para afrontar las contingencias. Estos fondos deben ser administrados profesionalmente, diversificando la cartera mediante inversiones en sectores distintos al asegurado para minimizar el riesgo idiosincrático recurriendo no solo al mercado de capital domestico sino también externo para minimizar el riesgo macroeconómico (riesgo país), preservando y acrecentando el valor de los fondos invertidos y afrontar las contingencias de los asegurados.
Pero la realidad argentina anormal se impone por sobre la teoría y el sentido común. El sector agropecuario no recurre en forma extendida a los seguros para amortiguar los efectos climáticos de inundaciones y sequías sobre la producción simplemente porque no se ofrecen, debido a la poca profundidad del mercado de capitales (excepto granizo) y como veremos a continuación al riesgo macroeconómico.
Adecuarse a las leyes provinciales de emergencia agropecuaria que requieren a su vez el visto nacional implica sortear verdaderos muros burocráticos cuya compensación resulta tardía y exigua y su admisión formal frente al banco deja al productor fuera del acceso al crédito.
De tal manera, que, para afrontar las inclemencias del clima, al igual que las fluctuaciones de costos e ingresos, generalmente se recurre al autoseguro: ahorro en sus propios activos (ganado, silos bolsa) y a los mecanismos informales de crédito locales que no diversifican lo suficientemente el riesgo y resulta sumamente ineficiente frente a los contratos formales.
Pero las causas y efectos de la imprevisibilidad argentina son aún más profundas.
El mercado de seguros permite administrar, diversificar y compensar el riesgo idiosincrático, pero no escapa al riesgo macroeconómico de la predación de un estado insolvente. En efecto, cuando el Estado argentino está en cuasidefault, recurre a predar “las cajas” de los demás: los argentinos que trabajan, ahorran y se aseguran.
De acuerdo a la Superintendencia de Seguros de la Nación, las inversiones del mercado de seguros argentino alcanzaron a US$7461 millones a septiembre de 2021 valuados al tipo de cambio ccl. Apenas un 3,5% del PBI. Solo el 0.5% está invertido en el exterior, por lo cual el riesgo argentino de la cartera de seguros es máximo.
Pero la situación es aún más grave, los fondos para respaldar las contingencias de los asegurados están 40,4% invertidos en títulos públicos, en una parte importante ilíquidos, “rolleados”, “reperfilados” y constantemente revaluados por el Estado en contra del patrimonio de los asegurados.
Pero las inversiones de los fondos de seguros en el estado argentino insolvente son aún mayores ya que 32.2% están colocados en fondos comunes de inversión locales, que gran parte a su vez están colocados en títulos públicos…
Al igual que el Fondo de Garantía Sustentable del Anses, las empresas de seguros, es decir los asegurados argentinos son acreedores involuntarios cuasidefaulteados de la deuda pública.
Los productores y hogares afectados por los incendios no podrán compensar y mitigar las pérdidas de sus propiedades por los incendios debido a un estado inepto, imprevisor y ausente que no provee los bienes públicos que mitiguen las catástrofes y el contagio de su riesgo de incobrabilidad sobre el mercado de seguros.
Un país sin moneda por la falta de confianza en sus instituciones públicas básicas –incluyendo la palabra presidencial–, no puede apagar incendios en tiempo y forma.
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