No hay comida gratis: alguien paga o pagará la cuenta

Los economistas suelen utilizar la frase que da título a esta nota para recordar que muchas de las cosas y beneficios que creemos un "don del cielo" en realidad tienen un costo que alguien está pagando o va a pagar. Los gobiernos populistas suelen dar beneficios y subsidios sin financiamiento asegurado, vaciando las arcas públicas o aplicando impuestos diversos (la inflación entre otros), con la seguridad de que alguien los sucederá y "pagará los platos rotos".

Lo que el líder populista debe evitar es durar demasiado tiempo como para terminar pagando él mismo los platos rotos. Nicolás Maduro en Venezuela tiene ese problema, mientras que Fidel Castro ya se murió y dejó los problemas a sus sucesores. En la Argentina, la herencia de Cristina Kirchner quedó en manos de Cambiemos, una coalición que intenta malabares para no pagar los platos rotos. Pero es así, no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar la cuenta.

Cada uno enfrenta sus propios demonios y la coalición de gobierno sumó a una herencia desastrosa un equipo que aprendió de sus propios errores. El costo del almuerzo, con los errores propios, aumentó considerablemente. En efecto, todo parece indicar que, a fines de 2015, la nueva administración no tenía una clara idea de la magnitud de los desequilibrios que enfrentaba -lo cual es grave, porque podría pasarnos nuevamente y aumentar los costos de la transición-. La idea que corría por aquellos tiempos en cuanto a que "la devaluación estaba ya incorporada en los precios, a través de la cotización más alta del dólar paralelo" era repetida por diversos funcionarios, y eso llevó a subestimar el impacto del primer salto cambiario.

Un error del mismo tipo -es decir, asumir algo sin tener el menor sustento empírico de por qué se lo asume- volvió repetidamente en estos años, fogoneado por el ala política del Gobierno y sostenido por sus economistas.

Así, se repitió en comunicados del Banco Central y por diversos medios que el tipo de cambio estaba bien a 18 pesos (el tipo de cambio real es "apropiado", se dijo); luego, que estaba bien a 20; luego a 25 y hoy a 28. Con un déficit de cuenta corriente que a fines de 2017 ya rozaba el 5% del producto bruto interno (PBI), era evidente para muchos que no sería fácil frenar el aumento de ese desequilibrio sin desacelerar la economía y ajustar el tipo de cambio. Se puede negar todo por un tiempo, hasta que la realidad estalla.

Hoy la economía transita una nueva fase de corrección de desequilibrios. Los objetivos son más claros que en el pasado, y al cabo de poco más de dos años todos tomaron nota de que la herencia era complicada en 2015 y de que se complicó aún más con algunas decisiones tomadas por la actual administración. El objetivo explícito del Gobierno -plasmado en el acuerdo con el FMI- es converger mucho más rápidamente al equilibrio fiscal (superávit primario compatible con lo que la Argentina pueda financiar en mercados de deuda voluntaria, sin amenazar periódicamente con un default), reducir el desequilibrio externo a niveles compatibles con los flujos de inversión extranjera directa, corregir las distorsiones de precios relativos terminando con el atraso tarifario más pronunciado y extenso que registra la Argentina y establecer por esas vías las precondiciones de un escenario macroeconómico estable. Estos objetivos son bien diferentes a los que planteaba el programa del gobierno anterior, donde las correcciones de los desequilibrios se hacían expropiando activos -como los fondos de pensión en 2008-, imponiendo mayores distorsiones -las retenciones móviles en 2008, el cepo en 2012- o por crisis cambiarias, como en 2014.

No está claro tampoco que la administración de Cambiemos y la de quienes la sucedan desde fines de 2019 pueda lograr los objetivos planteados en el tiempo programado, pero las condiciones "finales" de esta gestión, es decir, la situación a fines de 2019, podría mostrar un acercamiento a las metas que haga factible obtener la ansiada estabilidad durante el próximo período. El legado de la actual administración podría quedar así del lado de los datos "duros" de la economía -déficits fiscal y externo más bajos y sostenibles, precios relativos formados en mercados más transparentes, normalización del marco contractual del sector público-, más que del lado de los datos que definen el nivel de vida de la población (producto por habitante, inflación, salarios reales).

Nada es gratis, en efecto, y las dos recesiones por las que habrá transitado esta administración harán que el producto bruto en 2019 esté probablemente casi 2% arriba de su nivel en 2015, de forma que el producto por habitante será casi 2% menor.

La corrección de desequilibrios macroeconómicos y de precios habrá llevado a una caída del salario real del orden del 3% al 4% y a mantener la inflación en torno del promedio del año 2015.

Las condiciones de partida de la nueva administración, sin embargo, podrían ser bien diferentes -más allá del contexto externo- y, si las políticas públicas favorecen un largo período durante el cual el consumo crece por debajo de la inversión y de las exportaciones, se habrán sentado las bases de una expansión de largo plazo.

Mantener la disciplina que nos permita integrar a la Argentina al grupo de países más estables -del que nos alejamos en los últimos 90 años- será muy costoso. La alternativa para escapar al ajuste sería tomar más deuda, para enfrentar finalmente un nuevo default. Estamos empezando a pagar los costos del experimento anterior, tratemos de perseverar para que esta vez sea diferente.

El autor es economista jefe de FIEL

Juan Luis Bour