1
Convocan a audiencias públicas para aumentar la luz
El llamado del ENRE está pautado para el viernes 26 de enero, según fue publicado en el Boletín Oficial; la Secretaría de Energía evalúa cómo trasladar los costos de la devaluación al servicio eléctrico
4 minutos de lectura'
LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno oficializó la convocatoria a audiencias públicas el viernes 26 próximo para tratar los aumentos del servicio de distribución eléctrica de Edenor y Edesur, que son las únicas dos distribuidoras que dependen del Estado Nacional. Las tarifas del resto de las empresas las determina cada jurisdicción provincial.
A su vez, la Secretaría de Energía está evaluando la manera de trasladar a las boletas de electricidad de todo el país la devaluación de diciembre pasado, ya que los contratos del sector están dolarizados y hubo una disparada de los costos tras el salto del tipo de cambio oficial de $366 a $800.
La fecha fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde quedó fijado que El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) hará el encuentro para determinar las nuevas tarifas del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y Edesur. Será el debut del nuevo interventor del ente, Darío Arrué, quien este martes asumió en el cargo.
El año pasado, la tarifa de este servicio aumentó 262%, repartido en dos subas: 108% en abril y 73% en junio. El incremento mayor a la inflación estimada inicialmente se debió a que en los tres años previos del gobierno de Alberto Fernández, los ingresos de Edenor y Edesur habían subido solo 32%, cuando la inflación acumulada durante ese periodo fue más de 300%.
Entre junio de 2023 –último aumento para las distribuidoras que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)– y febrero próximo, la inflación acumulada estimada sería de 184%, según la consultora Economía y Energía. Sin embargo, el servicio de distribución es uno de los cuatro componentes que forman el precio final de la boleta (además está la generación, el transporte y los impuestos nacionales, provinciales y municipales). Por lo tanto, de aceptar una suba de esa magnitud, el impacto en la tarifa final sería menor, en torno al 50%.
El servicio de distribución no está segmentado por ingresos, como ocurre en la generación eléctrica, por lo cual la suba sería igual para todos los usuarios, sin diferenciar el poder adquisitivo. Sin embargo, para los hogares de menores ingresos representará una suba proporcional mayor, ya que como el costo de generación está subsidiado y tiene una menor injerencia en el precio final de las boletas, el costo de distribución cobra mayor peso relativo.
El Gobierno debe también definir con qué frecuencia se aplicarán los aumentos de las tarifas de distribución. “El Estado tiene la obligación de preservar la seguridad de la sustentabilidad del sistema. Para eso hay que proveer ingresos para que las empresas den el servicio en condiciones de calidad”, dijeron fuentes oficiales. Con una inflación mensual superior al 10%, en el Gobierno creen que no es sostenible aplicar aumentos cada seis meses, sino que deberían ser en menor plazo. Para las tarifas de gas, por ejemplo, se está analizando actualizaciones mensuales.
“No se puede hacer política salarial a través de los servicios públicos. Las empresas no tienen el VAD con el poder adquisitivo que requiere el sistema. Por eso las distribuidoras atienden sus costos de reposición del cable quemado, pagan salarios y algunos otros costos de mantenimiento con los ingresos que reciben por tarifas. Y cuando no llegan a fin de mes, la variable de ajuste es el mercado eléctrico mayorista, que equivale a aumentar sus deudas con Cammesa [la compañía controlada por el Estado que se encarga de los despachos de energía eléctrica]”, dijeron en el Gobierno.
En otras palabras, la forma que tuvieron las empresas eléctricas para sobrevivir a los menores aumentos de tarifas en los últimos años fue financiándose con el Estado. Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner eran los propios funcionaros los que sugerían esa manera de compensación.
Además del segmento de distribución, en la Secretaría de Energía están evaluando cómo hacer el traspaso de la devaluación de diciembre a las tarifas, lo cual impactará en las boletas de todo el país. “Si bien los costos de la energía eléctrica en 2024 verificarían una reducción respecto del año previo, la depreciación del tipo de cambio y la disminución de los subsidios a los usuarios de ingresos medios y bajos requerirán de importantes aumentos de tarifas a fin de lograr una significativa disminución de los subsidios energéticos durante 2024″, dijeron en la consultora Economía & Energía.
