Nuevo fallo de la OMC contra la Argentina

La Organización Mundial de Comercio (OMC) confirmó ayer una sanción en contra de la Argentina, que le ordena desarmar trabas comerciales tales como las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI),

La respuesta de la Casa Rosada será dilatar todo lo posible la adaptación de estas normas y dejar el problema al próximo gobierno. A partir de una demanda conjunta de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y una decena de países -entre ellos, México-, el tribunal de apelaciones de la OMC informó que el Gobierno debe "cumplir con las reglas del comercio internacional". Ratificó así un fallo de primera instancia que un tribunal especial había emitido en septiembre por una denuncia de 2012.

La OMC entendió que las trabas impuestas por la Argentina están "en violación de las normas del comercio internacional".

Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que "el fallo no tendrá un efecto inmediato" y que "no hay intención de cambiar este año las DJAI".

El análisis del fallo está a cargo del secretario de Comercio Exterior, Carlos Bianco, quien, desde la Cancillería, responde al ministro de Economía, Axel Kicillof. Por esta razón, con mucha seguridad, en el Palacio de Hacienda la fuente comentó: "Se irán analizando las diferentes opciones. La más sencilla es que la Argentina pida un tiempo prudencial para adaptar algunos de sus instrumentos y la OMC se lo otorgue sin discusión; la segunda es que haya una negociación para que lleguen a un punto en común para llegar a esas correcciones, y la tercera es que, si no hay acuerdo, empiece otro proceso de revisión y apelación". En tanto, el secretario de Comercio, Augusto Costa, dijo en diálogo telefónico con la agencia Reuters que el fallo "en lo inmediato no tiene efectos prácticos sobre el sistema de administración del comercio ni sobre la dinámica del comercio exterior".

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), presidida por Enrique Mantilla, dijo que "hay que aceptar la decisión de la OMC respecto de las medidas restrictivas que impone la Argentina a sus importaciones". La CERA surgirió "solicitar un plazo razonable para implementar las recomendaciones de los órganos pertinentes de la OMC y así evitar retaliaciones sobre nuestras exportaciones".

El presidente de la Cámara de Importadores Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, dijo a LA NACION que el fallo "era previsible aunque no tan rápidamente y, una vez que se terminen todos los plazos -aún la Argentina podría pedir una última reconsideración al panel- pueden generarse trabas similares administrativas especiales por parte de otros países". El ejecutivo aclaró que, en esta contienda, "van a perder las empresas y el Gobierno, porque no le va a convenir al país en términos de la imagen para aquellas empresas que quieran invertir".

Por parte de los demandantes hubo expresiones de felicidad. El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Michael Froman, declaró que "las medidas proteccionistas de la Argentina impactan sobre un amplio segmento de exportaciones estadounidenses, afectando un potencial de miles de millones de dólares al año en exportaciones de Estados Unidos, que son la base de empleos de alta calidad para estadounidenses de clase media". El funcionario dijo que "ésta es una gran victoria" para su país.

Por su parte, también en un comunicado, la Unión Europea dijo que la Argentina "debería dejar de exigir a las compañías que limiten sus importaciones, compensar el valor de las importaciones con exportaciones equivalentes, invertir y mantener sus ganancias en el país o utilizar cierta cantidad de contenido argentino en sus productos".

El economista Dante Sica, director de la consultora abeceb.com, dijo que "el Gobierno pedirá 90 a 120 días para aplicar el fallo y luego, a mitad de año, vendrá una comisión de la OMC para ver si se aplicó el fallo, así que no hay que esperar represalias este año; éste es un asunto que le quedará al próximo gobierno".

Sica dijo a LA NACION que "el Gobierno generó varios trámites adicionales que diluyeron la importancia de las DJAI, de modo que, si tiene que desarmar éstas por la presión internacional, podrá seguir con la administración del comercio sin problemas". Y pronosticó que el próximo gobierno podría desarmar rápidamente el problema "si consigue dólares, como había hasta 2010, antes del cepo" cambiario.

Por su parte, Marcelo Elizondo, director de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), dijo en un informe que, si los países demandantes aplicaran sanciones, las mismas "limitarían exportaciones argentinas a esos mercados". Una hipótesis no oficial (no prevista en la decisión de la OMC) "da cuenta de que los denunciantes considerarían que han visto afectadas exportaciones por entre 20 y 30% del total de lo exportado a la Argentina", expresó el ex presidente de Export-Ar.

En diálogo con LA NACION, Elizondo afirmó: "En primer lugar hay que ver si la Argentina acata el fallo o no. Mi hipótesis es que no va a ocurrir: si no lo hizo en primera instancia, difícilmente lo hará ahora".

El frente de las trabas comerciales se suma a los problemas sin resolver que tiene la Argentina: el problema de los holdouts, el incumplimiento, desde 2006, con el artículo IV del Fondo Monetario Internacional, varios juicios que debe pagar en los tribunales del Ciadi y el levantamiento de la moción de censura de sus estadísticas, también en el FMI. Todo esto, si quiere volver a conseguir los dólares que intentó, sin éxito, obtener hace un año.

Las medidas impugnadas ante la OMC

Declaración Anticipada de Importaciones (DJAI)

Este paso burocrático obliga al importador a detallar los bienes que desea ingresar al país. Mientras que el Gobierno considera que se trata de una formalidad aduanera, el tribunal de la OMC estimó que la regla restringe el comercio y viola la normativa del organismo internacional

Demoras en licencias

Los denunciantes sostienen que la liberación de licencias no automáticas de importación tarda más de lo adecuado y afecta las operaciones comerciales

Exportar para importar

Una queja más es que las empresas que desean importar bienes al país deben exportar por la misma cifra. De acuerdo con el fallo, esto representa un freno a las operaciones