Obstáculos para el “Coloso” Sturzenegger y una apertura económica que recién comienza

Para hacerlo sentir cómodo, a Federico Sturzenegger le pusieron el atril delante de un cuadro de Juan Bautista Alberdi y, en las palabras introductorias a su charla, los anfitriones lo recibieron con un enfático “cuente con nosotros”. Fue hace unos días en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Al ministro de Desregulación lo querían hacer sentir como en su casa, pero no alcanzó: al rato estaba refiriéndose sarcásticamente a los hombres de derecho y las leyes argentinas. Algo parecido sucedió en el coloquio de IDEA, la semana pasada, cuando dijo que no le reclamaran al Gobierno que baje impuestos ni le mandaran emails con pedidos que entrañen privilegios.

El “Coloso” hace alarde de su falta de diplomacia y pretende avanzar a toda velocidad en la agenda transformadora, pero a veces choca con una realidad más compleja que sus deseos. Acaba de suceder con una de sus últimas cruzadas: la desregulación del sector farmacéutico.

La importación de medicamentos de la India, que tanto Sturzenegger como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunciaron con alharaca con la intención de bajar el gasto en salud pública en aquel distrito, por ahora está empantanada. El Gobierno le dio luz verde a Cornejo -y a todas las provincias- para importar por su cuenta, sin autorización de la Nación, pero deberá hacerse cargo de todo.

“La responsabilidad política y legal de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de lo que se decida importar corre exclusivamente por el gobierno provincial correspondiente y sus máximas autoridades, tanto el gobernador como el ministro de Salud. Lo adquirido tiene que cumplir con las normas administrativas, civiles, comerciales y penales que aplican a todos los medicamentos utilizados en el país, desde su fabricación hasta su consumo final”, aclaró la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que depende del Ministerio de Salud, en un comunicado.

La advertencia enfrió el entusiasmo mendocino. “La idea es seguir adelante, pero de la mano de la Anmat. No es bueno que las provincias se descuelguen solas en la importación de medicamentos. Tenemos total confianza en lo que hacemos y en los medicamentos que estaríamos trayendo, que se comercializan en Europa y Estados Unidos, pero si cada provincia se larga a importar desordenaríamos el mercado porque podrían empezar a traer cualquier cosa y esos remedios se filtrarían al resto del país. Si es voluntad del gobierno nacional que lo concretemos, la Anmat debería acompañarnos y asegurar el proceso”, dijo una fuente cercana a Cornejo. Irónicamente, es el mismo argumento que esgrime la industria farmacéutica local para rechazar la idea de Sturzenegger.

Las autoridades de Mendoza recurrieron nuevamente al “Coloso”, pero se toparon con idéntica respuesta. “Somos un país federal, cada provincia tiene que hacer el control de lo que importa”, confirmó Sturzenegger ante la consulta de LA NACION sobre estas inquietudes.

Las dudas en el interior amenazan la iniciativa. “Se hace necesaria una fuerte rectoría del Ministerio de Salud nacional; no se pueden tener 24 criterios diferentes en cuanto a estándares de seguridad para importar medicamentos según lo que le parezca a cada provincia. Más aún cuando el recurso humano para esa compleja tarea exige un conocimiento técnico que no está disponible en todas las provincias”, coincidió Juan Manuel Zalazar, director de Planeamiento del Ministerio de Salud de La Rioja.

Por si acaso, la industria farmacéutica local ya empezó a moverse. Los directores de dos de los laboratorios más grandes del país se reunieron informalmente con Lugones para transmitirle preocupación por la iniciativa de Sturzenegger y Cornejo. “En el ministro de Salud tenemos un aliado en la defensa del sistema tal como está. Hoy en el país no hay problemas de remedios contaminados ni falsificados, y tampoco faltantes de producto. Lugones no coincide con Sturzenegger; entiende el valor de las marcas y que no se las puede matar”, confió un ejecutivo del sector, en referencia a la intención del Gobierno de potenciar los medicamentos genéricos.

Más institucional fue el primer encuentro de los laboratorios locales con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Toto” los invitó a sumarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Como le respondieron que las sumas que exige esta normativa son demasiado grandes para la escala de la industria local, el ministro propuso que se asocien varios laboratorios para levantar una planta.

No es la primera vez ni el único tema en el que el Gobierno emite señales contradictorias. Los presentes se tomaron la discrepancia con humor. “Vamos a hacer el polo farmacéutico libertario”, bromeó uno de ellos, aludiendo al Centro de Industria Farmacéutica estatal que impulsa Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

No menos complejo es el escenario para la industria nacional con la agilización de las importaciones. El Gobierno redujo de 60 a 30 días el plazo de acceso a las divisas destinadas a las compras externas y recortó aranceles de casi 90 productos como neumáticos, motos, plásticos, bicicletas, heladeras y lavarropas, entre otros.

En este contexto, el país acaba de quedarse sin producción local de insumos para hacer colchones. Primero fue el cierre de la planta de polioles y derivados de Dow Argentina en Santa Fe y, a los pocos días, el de la fábrica de TDI de Petroquímica Río Tercero (PR3), en Córdoba. Son los dos componentes de la espuma química que sirve de relleno para colchones, muebles y butacas de autos. Ambas empresas desvincularon a un total de 165 empleados y a partir de ahora serán traders, es decir, empezarán a importar el insumo.

“Había un problema de escala, teníamos una capacidad industrial chica y no se puede competir con China, donde hay fabricantes que son ciudades enteras”, explicaron a LA NACION fuentes de PR3, que forma parte del Grupo Piero, dueño a su vez de Bitali, que tiene el 40% del mercado de colchones con marcas como Piero, Cannon y Suavestar, entre otras.

“Luego está el costo argentino, salarios, impuestos, suba de la tarifa eléctrica y logística, en un contexto de mayor apertura de importaciones en el que ya no seríamos competitivos. Punta a punta, entre 2023 y 2025 proyectamos una baja de costos del 30% que nos permitirá abaratar los productos”, agregaron. El proceso industrial se seguirá haciendo en el país.

Hasta hace poco, el mercado y los economistas desestimaban una ola importadora por la frágil situación de las reservas del Banco Central, pero esa visión empieza a cambiar. Un informe de la Fundación Capital asegura que mejoran las expectativas de la caja en dólares por el inicio del ciclo bajista de la tasa de interés en EE.UU.; un blanqueo que triplicó los cálculos e ingresó US$12.000 millones; disminución del riesgo país de 1600 a 1100 puntos; expectativas favorables para conseguir un Repo, y mejores condiciones para colocar deuda soberana voluntariamente.

“Hoy hay efectivo en los bancos por casi 12.000 millones de dólares y la mitad por lo menos va a ir a encajes. El resto, las instituciones tienen el desafío de prestarlo. Si prestan, esos dólares los termina comprando el Banco Central y a las empresas se les termina dando el crédito en dólares pero pasado a pesos y deben, obviamente, dólares al tipo de cambio oficial cuando venza a seis meses, un año. Ese movimiento de préstamos al sector privado aumenta las reservas netas”, explica un economista con paso por la función pública.

Así, el uso de la importación para disciplinar los precios internos tendría el combustible suficiente como para sostenerse en el tiempo.

“El que tiene la plata hundida en el país, la fábrica funcionando, va a hacer producto acá, pero el que pueda traer de afuera a facón también lo va a hacer. Quizás el caso más emblemático sea el de la industria automotriz: hoy les conviene vender más producto importado que local; entonces, la relación producción sobre ventas va a caer. Muchos irán mixeando, en lo que puedan, dado que el costo de mantener una fábrica es altísimo”, explicó un ejecutivo del sector industrial.

En el Gobierno, en tanto, dicen no estar preocupados. “En insumos y bienes de capital, la apertura económica genera más ventajas que perjuicios; el beneficio aguas abajo es mayor que el daño. Los insumos tienen que tener precio internacional; no hay discusión posible. El aluminio, por ejemplo, aquí sale tres veces más caro”, señalan.

“En bienes finales es distinto -reconocen-. En el sector del neumático, sí vemos afectación de empleo, pero detectamos diferencias de precios de hasta 200 dólares por neumático. Son 500 personas de Fate versus toda la logística argentina”. Y ponen otros ejemplos: en el caso del hilado de poliéster se afectan 50 puestos pero se benefician 100.000 en toda la cadena de valor”.

Fuentes oficiales no dudan sobre la discusión que viene y están dispuestos a darla: “¿Cuál es la alternativa?, ¿Cerrar todo? Eso es encarecer el bien final. Cuando empezás a proteger no sabes dónde parar”.

Por José Luis Brea

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Tipo de trabajo:análisis