Para EE.UU., la política económica del Gobierno desalienta las inversiones

WASHINGTON.- En una cruda descripción sobre el clima para invertir en la Argentina, el gobierno de Estados Unidos dijo que los controles de capital –el cepo, en la jerga local–, las restricciones al comercio y los controles de precios amplían las distorsiones en la economía y obstaculizan las inversiones. Además, señaló que la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación y el estancamiento económico “han impedido que el país maximice su potencial”.

El diagnóstico quedó plasmado en un informe del Departamento de Estado, llamado “Declaraciones sobre el Clima para las Inversiones”, en el cual vuelca su visión sobre el ambiente para los negocios en más de 170 países que son mercados potenciales o destinos de inversiones para compañías norteamericanas. El trabajo, que se realiza todos los años, incluye una descripción de las barreras que pueden llegar a encontrar las empresas que buscan invertir en el país, las principales medidas y prioridades de la política económica de los gobiernos, y un pantallazo de las leyes y reglas que marcan el pulso de la economía local.

“La Argentina presenta oportunidades de inversión y comercio, particularmente en agricultura, energía, salud, infraestructura, tecnología de la información y minería”, destaca en la primera línea del resumen ejecutivo del capítulo destinado al país. “Sin embargo –matiza luego–, la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación y el estancamiento económico persistente han impedido que el país maximice su potencial.”

El informe distingue a los trabajadores argentinos “entre los más educados y capacitados de América Latina”, y pondera que “los inversores extranjeros suelen citar la mano de obra calificada de la Argentina como un factor clave en su decisión de invertir en Argentina”. Pero indica que las regulaciones del mercado como “los controles de capital, las restricciones comerciales y los controles de precios aumentan la distorsión económica que obstaculiza el clima de inversión en el país”, y que las empresas apuntan a impuestos altos, impredecibles y leyes laborales “rígidas”.

En 2020, el Departamento de Estado había dado cuenta de un cambio de clima en la Argentina luego del triunfo del Frente de Todos en la elección presidencial del año anterior, al indicar que “las reacciones del mercado a las elecciones presidenciales argentinas de 2019 profundizaron la crisis económica del país, estancando los esfuerzos de reforma y provocando un retroceso de algunas políticas de crecimiento impulsadas por el mercado y la imposición de controles de capital y exportaciones”.

El informe de la burocracia diplomática de Estados Unidos deja plasmadas varias advertencias que marcan analistas en Wall Street y en Washington, y también economistas en la Argentina. Remarca, por ejemplo, que el “noveno default soberano” y la “insolvencia autodeclarada” ha limitado el acceso a los mercados de capitales, y que la estrategia del Gobierno de imprimir dinero con el Banco Central para financiar el aumento del gasto “puede obstaculizar sus esfuerzos por contener la inflación y mantener un tipo de cambio estable a corto plazo”. El dólar blue ha ampliado la brecha con el dólar oficial y a acercarse al pico que marcó a fines del año anterior.

“Tanto las empresas nacionales como las extranjeras señalan con frecuencia una carga fiscal alta e impredecible y leyes laborales rígidas, que dificultan la respuesta a las condiciones macroeconómicas cambiantes, como obstáculos para una mayor inversión en la Argentina”, detalla el trabajo, al hacerse eco de reclamos añejos de empresas extranjeras y locales sobre el manejo de la política económica.

El informe recapitula los primeros pasos del Gobierno y la respuesta a la pandemia. La administración de Alberto Fernández, señala, revirtió las medidas de austeridad fiscal del gobierno de Mauricio Macri, suspendió el programa con el Fondo Monetario Internacional y “declaró insostenibles los niveles de deuda pública”, y, ya luego del golpe del coronavirus, puso en marcha una serie de “medidas de alivio” enfocadas en los trabajadores informales y las pequeñas y medianas empresas. El confinamiento para evitar la propagación del virus provocó una caída en la actividad del 10%, “alcanzando niveles similares a los de la crisis económica de 2002”, rememora.

Este año el trabajo ofrece otros datos sobre el brutal golpe de la peor crisis de salud global en un siglo. Dice, por ejemplo, que 90.700 locales y 41.2000 negocios debieron bajar la persiana el año pasado, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), provocando la pérdida de 185.300 empleos.

“La pandemia de COVID-19 profundizó la recesión económica plurianual del país. Esto llevó al gobierno a intensificar los controles de precios, de capital y del comercio exterior, haciendo retroceder algunas de las políticas de mercado de la administración anterior”, indica el trabajo, que además apunta que en mayo de 2020 el Gobierno logró reestructurar bonos bajo legislación extranjera por US$65.000 millones, y bonos bajo legislación local por US$42.000 millones.

El informe señala que las prioridades de política económica del Gobierno para este año son resolver la deuda con el Fondo, controlar la inflación, y responder a la pandemia del coronavirus “brindando ayuda financiera a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El gobierno de Fernández no tiene una mesa redonda de negocios formal u otro diálogo establecido con inversionistas internacionales, aunque sí se relaciona con empresas nacionales e internacionales”, apunta el trabajo, ya en el apartado específico sobre la apertura y las restricciones a la inversión extranjera. Luego, reitera: “Las regulaciones al mercado como los controles de capital, las restricciones comerciales y los controles de precios aumentan la distorsión económica que obstaculiza el clima de inversión en el país”.

Por Rafael Mathus Ruiz

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